La nueva administración revisó las proyecciones fiscales para 2027 e incorporó obligaciones que, según Citi, estaban subestimadas o carecían de financiación suficiente en sectores como salud, pensiones, subsidios y nómina estatal. A esa lista se sumaron los compromisos pendientes del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y los recursos que exigirá la reconstrucción tras el terremoto reciente.
El resultado de esa revisión fue una proyección de déficit fiscal de 9,4 % del PIB para el próximo año, cifra que el propio Gobierno presentó como un reconocimiento del tamaño real del desequilibrio y no como la meta a la que aspira a cerrar 2027. Ese reconocimiento explica en buena medida el salto en las necesidades de financiamiento que calcula Citi, que casi se duplican respecto al nivel previo, producto tanto del mayor déficit como de mayores compromisos de refinanciación de deuda existente.
Para contener ese desequilibrio, el Gobierno prepara una ley de rescate económico con la que buscaría generar ahorros por cerca de $40 billones, equivalentes a 2,2 % del PIB, principalmente mediante recortes de gasto. Si el paquete se aplicara en su totalidad, el déficit podría reducirse hacia 7,2 % del PIB, según los cálculos oficiales recogidos por el banco. La distancia entre ese escenario y el actual 9,4 % depende, en la práctica, de decisiones que no están en manos del Ejecutivo sino de la plenaria del Congreso.
Citi distingue entre los ahorros que el Gobierno puede lograr por vía administrativa y los que requieren aval legislativo. El Ejecutivo ya ejecutó una reducción de gasto de $21,9 billones para 2026 mediante congelamiento de partidas y decretos, una herramienta que produce alivios parciales pero limitados. Un ajuste de la magnitud que exige el déficit proyectado para 2027, señala el informe, solo es alcanzable mediante negociaciones anuales del Presupuesto General de la Nación, modificaciones legales y, sobre todo, la aprobación del Congreso a medidas de mayor calado político.
"La incertidumbre restante es si el Congreso apoyará medidas de la magnitud requerida", señala el documento de Citi Research.
El giro del diagnóstico del banco es claro: la discusión ya no es si Colombia necesita corregir sus cuentas públicas, algo que el propio Gobierno ha admitido al presentar el déficit proyectado, sino si existe la coalición política capaz de tramitar y aprobar el paquete de ajuste en las comisiones económicas y en las plenarias de Senado y Cámara.
La regla fiscal como ancla, no como solución
El informe evita interpretar estas dificultades como una debilidad de las instituciones fiscales colombianas. Citi destaca que la regla fiscal, el ancla de deuda y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal han sostenido históricamente la credibilidad del país ante los mercados y las calificadoras de riesgo. El problema, según el banco, es que ese mismo marco normativo, diseñado para evitar ajustes abruptos, hace que la corrección de las cuentas públicas sea necesariamente gradual y dependiente del calendario legislativo.
Ese nivel de deuda cercano al 60 % del PIB se ubica, según Citi, cerca de la mediana de los países con calificación crediticia BB y por debajo del de otras economías de la región con mayores desequilibrios fiscales. Es un nivel manejable si el flujo de ingresos y gastos se corrige a tiempo, pero que puede deteriorarse si el déficit sigue alimentando la deuda mientras el ajuste queda atrapado en el trámite parlamentario.
El terremoto que golpeó al país añade una presión adicional en el corto plazo, al exigir recursos frescos para la reconstrucción justo cuando el Gobierno intenta cerrar el hueco fiscal. Pero Citi plantea una lectura alternativa: la emergencia también podría abrir una ventana política para repriorizar el gasto público y discutir reformas fiscales que antes enfrentaban mayor resistencia en el Congreso.
Las tributarias de las últimas dos décadas
La historia reciente ofrece precedentes de la tensión entre diagnóstico técnico y viabilidad política. Las reformas tributarias de las últimas dos décadas, aprobadas casi siempre entrado el segundo semestre y tras meses de ponencias y conciliaciones entre las comisiones económicas de Senado y Cámara, muestran que el ritmo de la corrección fiscal en Colombia rara vez coincide con el que exigen los mercados o las calificadoras. El ajuste gradual, más lento, ha sido presentado en distintos momentos como más sostenible que uno abrupto que arriesgue el respaldo legislativo.
La discusión sobre el gasto público y su eficiencia no es ajena a otros frentes de la agenda económica nacional. Un informe reciente de Georgetown University calculó que el nepotismo burocrático le cuesta a Colombia $1,2 billones al año, una cifra que ilustra cómo las ineficiencias administrativas compiten con las obligaciones estructurales de salud, pensiones y subsidios a la hora de definir dónde recortar sin comprometer servicios esenciales.
El desenlace de la ley de rescate económico dependerá, en última instancia, de las mayorías que el Gobierno logre construir en las comisiones económicas y en las plenarias del Congreso durante el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027. Citi no ofrece un pronóstico sobre ese resultado, pero deja planteado el eje sobre el que se moverá la discusión fiscal: no la magnitud del diagnóstico, que el propio Ejecutivo ya reconoció, sino la capacidad del sistema político colombiano para traducirlo en una decisión legislativa efectiva.
