Riaño sostiene que la designación de familiares y allegados en entidades estatales no solo desplaza a candidatos más calificados, sino que genera ineficiencias que se trasladan al conjunto de la economía a través de peor gasto público, contratos menos competitivos y una menor calidad en la prestación de servicios. Su trabajo, según el material disponible, mide ese impacto y lo traduce en la cifra de $1,2 billones anuales.
La estimación se apoya en patrones de contratación dentro del Estado colombiano, contrastando el desempeño de funcionarios vinculados por relaciones familiares o políticas frente al de quienes ingresan por procesos de selección competitiva. La diferencia de productividad y de resultados, trasladada al conjunto del gasto público, sería la base del cálculo del profesor de Georgetown University.
El nepotismo burocrático no es un fenómeno nuevo en la administración pública colombiana. La Comisión Nacional del Servicio Civil, prevista en la Constitución de 1991 y desarrollada por la Ley 909 de 2004, fue creada precisamente para garantizar el mérito como criterio de ingreso a la carrera administrativa. La persistencia de cargos de libre nombramiento y remoción, junto con la práctica extendida de las llamadas «cuotas políticas» en la repartición de contratos y nombramientos, ha mantenido abierta la puerta a este tipo de prácticas.
La discusión sobre el clientelismo y la meritocracia en el Estado ha sido recurrente en el Congreso de la República, donde distintos congresistas han radicado proyectos orientados a fortalecer los concursos de méritos y a limitar la discrecionalidad en los nombramientos de segundo y tercer nivel dentro de las entidades públicas. Ninguna de esas iniciativas ha logrado hasta ahora traducirse en una reforma integral que modifique de fondo los mecanismos de acceso al empleo público.
El costo estimado por Riaño se ubicaría en un terreno similar al de otros diagnósticos sobre la ineficiencia del gasto público que la Contraloría General de la República ha señalado en sus informes sobre la ejecución del Presupuesto General de la Nación. La cifra de $1,2 billones anuales alimentaría así el debate sobre la eficiencia del aparato estatal en un contexto de estrechez fiscal.
La investigación llega en un momento en que el Gobierno nacional enfrenta presiones para ajustar el gasto público y cumplir con la regla fiscal, lo que ha reabierto la discusión sobre dónde están las principales fuentes de ineficiencia dentro del Estado. El mérito en el acceso a cargos públicos ha sido bandera de reformas administrativas desde la expedición de la Ley 909, sin que el problema del clientelismo haya desaparecido de la contratación estatal.
El hallazgo de Riaño ofrece un punto de referencia cuantitativo a un debate que hasta ahora se había movido, sobre todo, en el terreno de la denuncia política y la percepción ciudadana sobre el manejo de los cargos públicos. El propio académico plantea que, mientras persistan los mecanismos de nombramiento discrecional, el costo de la «palanca» seguirá recayendo sobre el conjunto de la economía colombiana.
