Según la Policía Nacional, la investigación arrancó en abril con el primero de los asaltos, en un local de juegos de Benimàmet, en el término municipal de Valencia. Un varón accedió al establecimiento con casco de moto, guantes y un cuchillo de grandes dimensiones, con el que amenazó a la empleada exigiéndole la caja. La trabajadora, atemorizada, le entregó los 25 euros disponibles en ese momento. El asaltante huyó en una motocicleta que, según determinaron después los investigadores, había sido sustraída previamente.
A principios de mayo se produjo el segundo asalto, en un restaurante de comida rápida de Burjasot. El presunto autor entró por la puerta trasera, de nuevo con un cuchillo, y amenazó a los trabajadores para que abrieran la caja fuerte. Ante la negativa, agarró del brazo a una de las empleadas y le puso el arma en el cuello para forzar su salida. En el exterior le esperaba un segundo hombre a bordo de otra motocicleta robada, en este caso en San Antonio de Benagéber.
Cinco días después, la banda habría cometido un tercer atraco en una joyería. Según el relato policial, un hombre de aspecto cuidado tocó el timbre del establecimiento y, una vez le franquearon el paso, abordó por la espalda al propietario. Tras advertirle de que portaba un cuchillo, se produjo un forcejeo en el que el asaltante sacó el arma de una mochila y, presuntamente, intentó clavarla en el cuello de la víctima, causándole lesiones que requirieron asistencia médica. Portaba peluca, gafas y dedos postizos para dificultar su identificación, según los agentes, y huyó en una motocicleta sustraída días antes que conducía otro integrante del grupo.
El cuarto atraco documentado se produjo el 19 de mayo en otra joyería de la ciudad de Valencia. Según la Policía Nacional, el modus operandi se repitió: un hombre con peluca y vestimenta similar a la del asalto anterior entró primero preguntando por unas alianzas, para después sacar un cuchillo por sorpresa y exigir la apertura de la caja fuerte bajo amenazas de muerte. A él se sumó un segundo hombre con casco integral, guantes y una bolsa de gran tamaño en la que ambos introdujeron los objetos sustraídos, antes de huir en otra motocicleta previamente robada.
El cerco policial condujo a los agentes hasta una vivienda unifamiliar de Bétera, en la provincia de Valencia. En el registro del inmueble, la Policía recuperó la motocicleta presuntamente empleada en el último atraco, la caja de caudales sustraída y varios relojes de alta gama procedentes del robo. Los investigadores determinaron que parte del botín iba a ser introducido en el mercado irregular a través de una red de receptación, por lo que también fueron arrestadas las personas que, según la Policía, se encargarían de dar salida a los objetos.
En conjunto, la investigación permitió recuperar varios relojes de alta gama, otros efectos de joyería y las seis motocicletas sustraídas que la banda habría utilizado, ya devueltas a sus legítimos propietarios. El seguimiento de los movimientos del presunto cabecilla llevó además a los agentes a atribuirle otro atraco de características similares en la provincia de Málaga, lo que motivó la coordinación de la operación entre ambos territorios.
Un tipo penal con agravantes por el uso de armas
Los hechos investigados se enmarcan en el delito de robo con violencia o intimidación, agravado por el empleo de armas u objetos peligrosos. El artículo 242 del Código Penal castiga el robo con violencia con penas de dos a cinco años de prisión, que se imponen en su mitad superior cuando el delincuente hace uso de armas u otros medios peligrosos. A ello podría sumarse un delito de lesiones por el ataque al joyero de Valencia y los correspondientes a la sustracción de las motocicletas empleadas en las huidas. La instrucción deberá determinar si los cuatro asaltos se enjuician de forma conjunta o en piezas separadas.
El fenómeno de las bandas itinerantes especializadas en atracos a joyerías y comercios con métodos de intimidación —cuchillos, cascos y disfraces— y posterior venta del botín en circuitos de receptación es investigado de forma recurrente por los cuerpos policiales en el ámbito de la delincuencia contra el patrimonio. La desarticulación de grupos organizados de este tipo, con detenciones simultáneas en varias provincias, ha sido una constante en las operaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las últimas décadas.
El procedimiento judicial continuará ahora su curso en los juzgados de instrucción competentes de Valencia, que deberán fijar el número de causas abiertas y resolver sobre la situación personal del resto de los detenidos, más allá de la prisión provisional ya acordada para el considerado cabecilla. Como en todo proceso penal, rige la presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme, y los detenidos aún no imputados formalmente podrán ejercer su defensa en las diligencias que se instruyan.
