Las imágenes, captadas por vecinos la noche de la agresión y difundidas después en redes sociales, permitieron a la Guardia Civil tener conocimiento de lo sucedido e iniciar la investigación. Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Mairena del Aljarafe reconstruyeron los hechos e identificaron a los dos jóvenes, que según las pesquisas llevaban días acosando a la víctima con amenazas y golpes previos.
El relato de los investigadores describe una persecución: el hombre intentó huir, pero los dos jóvenes le dieron alcance y lo derribaron a golpes. Una vez en el suelo e inmóvil, le propinaron varias patadas en la cabeza y el rostro hasta dejarlo inconsciente, momento en el que huyeron ante los gritos de reproche de los testigos que grababan la escena.
Los investigadores atribuyen a los dos jóvenes una motivación explícita hacia la víctima, con quien compartían vecindario. Según la Guardia Civil, los agentes determinaron que la acosaban porque «les molestaba que fuera pobre y viviera en la calle». Esa expresión, de confirmarse en la instrucción, resultaría central para sostener la calificación de delito de odio frente a una agresión común.
La aporafobia —el rechazo o la hostilidad hacia las personas en situación de pobreza— se incorporó al Código Penal como agravante de los delitos de odio, dentro del catálogo de circunstancias discriminatorias del artículo 22.4, junto a motivos como la ideología, la raza, el sexo o la orientación sexual. Su aplicación a agresiones contra personas sin hogar sigue siendo poco frecuente en los juzgados españoles.
Tras su detención, los dos jóvenes han quedado a disposición del juzgado de instrucción competente, que deberá decidir sobre su situación personal y continuar con la causa abierta por los delitos de odio y lesiones graves. Corresponde ahora al instructor recabar el resto de pruebas, entre ellas las grabaciones de los testigos y los partes médicos de la víctima, antes de determinar si procede el procesamiento.
La investigación se suma a otros procedimientos recientes abiertos en los juzgados andaluces y del resto del país, como el caso en el que se interrogó durante 12 horas y sin abogado a un técnico del informe de Ceuta, aunque se trata de causas sin relación entre sí.
El caso de Mairena del Aljarafe queda en manos de la instrucción judicial, que determinará si existen indicios suficientes para procesar a los dos jóvenes por los delitos que se les atribuyen.
