El aparato instalado en Shandong incorpora tecnología semidirecta de tercera generación, más de 30.000 componentes y palas de 153 metros de longitud, según el fabricante. Cada giro completo del rotor genera unos 62 kilovatios hora, de acuerdo con cálculos del medio especializado Off Shore Wind, y el barrido total alcanza los 77.000 metros cuadrados, una superficie superior a la de diez campos de fútbol. La estructura está diseñada para resistir supertifones de categoría 17, el nivel máximo de la escala utilizada en el Pacífico occidental.
Según el Gobierno chino, el funcionamiento de una sola de estas turbinas permite ahorrar más de 30.000 toneladas de carbón y evitar la emisión de más de 80.000 toneladas de dióxido de carbono al año. La cifra sitúa a la máquina muy por encima de los estándares actuales del sector: la potencia media de las turbinas marinas conectadas en Europa en 2023 fue de 9,7 megavatios, según WindEurope, de modo que el modelo chino casi triplica ese promedio y duplica el mayor aerogenerador operativo hoy en aguas europeas.
El potencial gallego, sobre el papel
La pregunta que se plantea en España a raíz de este desarrollo es qué rendimiento tendría una máquina de estas características frente al litoral gallego, una de las zonas con mayor recurso eólico marino de la fachada atlántica europea. Con un factor de capacidad cercano al 40%, propio del viento constante que baña la costa de Galicia, una turbina de 26 megavatios instalada en esas aguas produciría, según una simulación basada en parámetros reales de viento, unos 91 gigavatios hora al año.
Tomando como referencia un consumo medio de 3.000 kilovatios hora anuales por vivienda en España, esos 91 gigavatios hora equivaldrían al consumo eléctrico de unos 30.000 hogares. Es decir, una sola unidad bastaría, en teoría, para cubrir la demanda de una localidad gallega de tamaño medio. Conviene subrayar que se trata de un ejercicio de cálculo y no de una instalación real: en Galicia no existe hoy ningún parque eólico marino comercial en funcionamiento ni en construcción.
Extrapolando el ejercicio a mayor escala, un hipotético parque de 100 turbinas de estas características produciría alrededor de 9.100 gigavatios hora anuales, un volumen equivalente al consumo de unos 3 millones de hogares en España. Se trata de nuevo de una proyección teórica que no corresponde a ningún proyecto anunciado, sino a un ejercicio comparativo para dimensionar el recurso eólico marino disponible en la costa española.
Del récord chino al cero comercial español
España cuenta hoy con unos 30,6 gigavatios de potencia eólica instalada, casi en su totalidad terrestre, que cubrió el 27% de la demanda eléctrica del país en 2023. En el ámbito marino, sin embargo, la potencia comercial operativa sigue siendo prácticamente nula: el único antecedente relevante es un aerogenerador flotante de 2 megavatios instalado como proyecto piloto frente a la costa de Bilbao, muy lejos todavía de una explotación a escala industrial.
El contraste con otros países europeos es amplio. El Reino Unido, pionero en la instalación de parques eólicos marinos desde comienzos de los años 2000, acumula más de 14.000 megavatios de potencia marina operativa. Alemania, Dinamarca y Países Bajos completan el grupo de estados con desarrollo comercial consolidado en el mar del Norte y el Báltico, donde aprovechan fondos poco profundos que facilitan la cimentación fija de las turbinas.
La costa gallega y cantábrica, en cambio, presenta profundidades mayores que dificultan ese tipo de cimentación y obligan a recurrir a tecnología flotante, todavía en fase de maduración industrial y con costes superiores a los de la eólica marina fija. Esta circunstancia técnica, sumada a la litigiosidad en la tramitación administrativa, explica en parte el retraso español respecto a sus vecinos del norte de Europa.
En Galicia, distintos proyectos de parques eólicos se han visto condicionados por decisiones judiciales que han paralizado autorizaciones, según ha recogido un informe europeo sobre el sector. Los tribunales gallegos han anulado en los últimos años varias autorizaciones de parques terrestres por deficiencias en la evaluación de impacto ambiental, un antecedente que pesa sobre cualquier proyecto marino que se plantee en la región.
El Ministerio para la Transición Ecológica había previsto celebrar las primeras subastas de eólica marina flotante en España entre 2024 y 2025, con un proyecto de referencia en Canarias de unos 300 megavatios de potencia, dentro de la hoja de ruta de la eólica marina aprobada por el Gobierno. No consta que se haya adjudicado hasta la fecha ningún parque comercial de esta naturaleza en aguas españolas, ni en el archipiélago canario ni en el litoral gallego.
El desarrollo de la eólica marina en España está sujeto al real decreto que regula la ordenación del espacio marítimo, aprobado en 2021, que estableció las zonas aptas para la instalación de parques y excluyó buena parte de la costa gallega por conflictos con la pesca, la navegación y espacios protegidos de la Red Natura 2000. Esa delimitación ha sido objeto de críticas tanto de asociaciones ecologistas como de sectores empresariales interesados en el despliegue de la tecnología, que reclaman revisiones puntuales del mapa de exclusiones.
La Xunta de Galicia y el Gobierno central mantienen posiciones no siempre coincidentes sobre el ritmo y la localización de estos proyectos: la administración autonómica reclama mayor celeridad en la tramitación, mientras el Ministerio insiste en garantizar la compatibilidad ambiental antes de sacar a subasta nuevos emplazamientos. Ninguna de las dos partes ha fijado hasta la fecha un calendario firme para una eventual subasta de eólica marina en aguas gallegas.
A falta de proyectos concretos, el caso de Shandong funciona sobre todo como referencia tecnológica: muestra hasta qué punto ha avanzado la capacidad unitaria de las turbinas marinas en Asia, donde fabricantes como Dongfang Electric compiten por liderar un mercado en expansión. Los próximos hitos en España dependen de que se concreten las subastas previstas y de que se resuelvan los cuellos de botella administrativos, judiciales y de cimentación flotante que hasta ahora han mantenido en cero la potencia marina comercial del país.
