El indicador de referencia no es solo la pobreza monetaria relativa, sino la tasa AROPE (siglas en inglés de riesgo de pobreza o exclusión social), que combina tres dimensiones: el riesgo de pobreza por ingresos, la carencia material y social severa y la baja intensidad de empleo en el hogar. Según el estudio, ese indicador alcanzó el 33,8% entre los menores españoles en 2025, lo que sitúa a uno de cada tres niños del país en situación de vulnerabilidad.
La comparación europea agrava el diagnóstico. Con datos de 2024 —el último ejercicio con series homogéneas entre los Veintisiete—, España presentaba la tasa AROPE infantil más elevada de la UE, con un 29,2%, frente a una media comunitaria del 19,3%, según recoge el informe a partir de estadísticas europeas. La distancia con el promedio del bloque, cercana a diez puntos, convierte a España en un caso singular dentro de un continente donde la pobreza infantil ya constituye un problema reconocido.
Los hogares monoparentales, el punto más frágil
El análisis desagregado por tipo de hogar revela que la vulnerabilidad no se reparte de forma homogénea. Los hogares monoparentales presentan una tasa AROPE del 50,3%, con una tasa de pobreza monetaria del 41,2% y una carencia material y social severa próxima al 19,4%. Este último indicador, señalan los autores, supera el 18% en todas las etapas del ciclo vital familiar y se dispara hasta el 26,2% cuando la persona de referencia del hogar tiene menos de 30 años.
El estudio no se limita a la fotografía estática de la pobreza infantil, sino que trata de aislar el efecto de tener hijos sobre la probabilidad de sufrir privación material severa. Para ello, los investigadores compararon hogares con perfiles similares en renta, situación laboral y características sociodemográficas, con y sin menores a cargo. El resultado: la presencia de hijos se asocia, en promedio, con una probabilidad 1,15 puntos porcentuales mayor de sufrir carencia material y social severa.
Esa cifra agregada, sin embargo, esconde lo que Fedea describe como «una fuerte desigualdad generacional». Cuando la persona de referencia del hogar tiene menos de 30 años, la llegada de hijos eleva esa probabilidad en 7,26 puntos porcentuales, una magnitud muy superior a la observada en los hogares de entre 30 y 44 años (0,71 puntos) o de 45 años en adelante (1,16 puntos). El patrón, según los autores, indica que el coste de la crianza golpea con especial dureza a quienes afrontan la paternidad o maternidad en las etapas más tempranas de su trayectoria laboral y patrimonial.
Los autores realizaron también un ejercicio de descomposición estadística para identificar qué proporción de la diferencia obedece a factores observables. Según sus cálculos, los hogares con menores presentan una brecha bruta de carencia material y social severa de 2,59 puntos porcentuales frente a los hogares sin hijos. De esa diferencia, el 42,6% se explicaría por características medibles —renta, empleo, nivel educativo o edad de los progenitores—, mientras que el 57,4% restante queda sin explicación estadística.
Ese componente no explicado, subrayan los investigadores, «resulta compatible con la existencia de costes, necesidades y restricciones específicas de la crianza que no quedan plenamente recogidos en los datos». En otras palabras, una parte sustancial de la pobreza infantil no se debería únicamente al perfil socioeconómico de las familias, sino a gastos y limitaciones ligados a la crianza que las estadísticas convencionales no capturan con precisión.
«La elevada pobreza infantil observada en España no puede explicarse únicamente por el hecho de tener hijos», concluyen Conde-Ruiz y Garay Aguirre, quienes matizan que la crianza genera una vulnerabilidad «especialmente intensa» cuando coincide con una baja acumulación de ahorro y trayectorias laborales poco consolidadas, un perfil habitual entre los adultos jóvenes en un mercado de trabajo marcado por la temporalidad y los salarios de entrada reducidos.
El diagnóstico se suma a trabajos previos, de organismos oficiales y entidades sociales, que han situado a la infancia como el grupo de edad más expuesto a la pobreza en España desde la crisis financiera de 2008. El propio informe emplea esa fecha como punto de partida de su serie, lo que permite constatar que la sobreexposición de los menores al riesgo de pobreza no es un fenómeno coyuntural ligado a la pandemia o a la posterior crisis inflacionaria, sino una tendencia sostenida durante más de década y media.
Las políticas dirigidas a paliar la situación —como el ingreso mínimo vital, en vigor desde 2020, o las deducciones por maternidad y familia numerosa del IRPF— han sido objeto de debate recurrente en el Congreso de los Diputados sobre su suficiencia y cobertura. Organizaciones como Unicef España y Save the Children han reclamado en los últimos años una prestación universal por crianza similar a las de otros países europeos, mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado en sus evaluaciones limitaciones en la tasa de cobertura del ingreso mínimo vital entre los hogares potencialmente beneficiarios.
El informe de Fedea no incluye recomendaciones de política pública explícitas, pero su conclusión técnica —la existencia de un componente de pobreza infantil no explicado por las características socioeconómicas de las familias— apunta, según los autores, a la conveniencia de instrumentos específicos de apoyo a la crianza más allá de las transferencias generales de renta. La discusión sobre qué diseño de prestación resultaría más eficaz seguirá presente en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, un mecanismo de aprobación anual en las Cortes en el que la pobreza infantil figura entre los indicadores sociales más comprometidos del país dentro de la Unión Europea.