El diagnóstico de Bruselas distingue dos planos que conviene no confundir. De un lado, admite una crisis de asequibilidad, con costes energéticos que calificó de «extremadamente altos». De otro, insiste en que no existe ningún problema de abastecimiento: «por el momento no hay ningún problema de suministro», ni «ninguna escasez concreta de diésel o gas», según Itkonen.
«Es crucial distinguir entre la seguridad de suministro y el impacto sobre los precios», declaró Anna-Kaisa Itkonen, portavoz comunitaria de Energía, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.
Esa frase resume la línea que quiere mantener el Ejecutivo comunitario: calma sobre el abastecimiento físico, alerta sobre la factura que pagan hogares e industrias. La Comisión atribuye el origen de la tensión a la coincidencia de varios focos geopolíticos abiertos a la vez, desde la guerra en Ucrania hasta el cierre del Estrecho de Ormuz, en Oriente Próximo, una de las rutas marítimas más sensibles para el tránsito de crudo y productos refinados.
«Es evidente que todo esto está contribuyendo a los altos precios que estamos viendo y que es importante abordar las causas profundas de todos estos acontecimientos», añadió la portavoz, que sin embargo matizó el peso relativo de cada factor: «No podemos decir en qué medida ha afectado cada cosa a los precios», si bien remarcó que «lo que está absolutamente claro y cualquiera puede ver es que tenemos varias crisis simultáneas».
Los datos que maneja la Comisión Europea retratan un mercado tensionado desde hace meses. La electricidad en la UE acumula un alza del 22,8% desde febrero, mientras el gas natural se ha encarecido un 88,4% en el mismo periodo, según cifras del propio Ejecutivo comunitario. La brecha entre ambos indicadores confirma que el encarecimiento del gas sigue siendo el principal vector de presión sobre la factura final que llega a consumidores e industria.
La paradoja que subyace al discurso de Bruselas es que los almacenes europeos no están vacíos y no hay racionamiento a la vista, pero el precio se transmite en cascada: del gas a la electricidad, de ahí a la industria, y del diésel al transporte de mercancías y a la cesta de la compra. Para las industrias electrointensivas, del aluminio a la química, el encarecimiento llega en un momento ya delicado, tras varios ejercicios de competitividad mermada frente a productores con energía más barata.
El diésel concentra buena parte de la inquietud en Bruselas. La Unión Europea importa una parte relevante de su consumo de gasóleo, y el cierre del Estrecho de Ormuz tensiona precisamente una de las arterias marítimas más críticas para el crudo y los derivados. Por ello, la Comisión mantiene contactos de «alto nivel» con la Administración estadounidense, el mayor socio energético del bloque en este momento.
«Estamos en contacto muy estrecho para coordinarnos con nuestros Estados miembro sobre cómo avanzar y, por otra vía, también mantenemos contactos de alto nivel con la Administración de Estados Unidos», explicó Anna-Kaisa Itkonen, portavoz comunitaria de Energía.
El precedente del TTF por encima de 300 euros en 2022
La portavoz reconoció «muchas llamadas» y «muchas reuniones» en las últimas jornadas. La crisis actual invita a una comparación inevitable con el otoño de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó el precio del gas en el mercado TTF holandés por encima de los 300 euros el megavatio hora. Entonces Bruselas respondió con un mecanismo de compras conjuntas de gas y con el tope ibérico al precio del gas destinado a generación eléctrica, medidas que amortiguaron el golpe sobre la factura pero no revirtieron la tendencia de fondo del mercado internacional.
El mecanismo que ahora se perfila como respuesta es distinto: una eventual liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). La Comisión ha recordado que la participación de cada país en ese tipo de operaciones es voluntaria, y que su papel se limita a coordinar la posición común de las capitales del bloque. El grupo de coordinación del petróleo de la UE analizó esta semana la evolución del mercado y el estado de las reservas disponibles, y Bruselas señala la próxima reunión del consejo de gobierno de la AIE como la cita que marcará los siguientes pasos.
La distinción técnica entre seguridad de suministro y precio que sostiene Bruselas es correcta, pero no resuelve la contradicción de fondo: la UE puede tener gas y diésel disponibles en sus almacenes y, al mismo tiempo, enfrentarse a una factura que ahoga a hogares e industria. El problema no es la escasez física, sino la asequibilidad, y frente a ese frente las herramientas de emergencia —liberaciones coordinadas de reservas, compras conjuntas, topes temporales— tienen un recorrido limitado, como ya mostró la experiencia de 2022.
Una vulnerabilidad que la propia Comisión ya señaló
La propia política energética de la Comisión Europea ha admitido en otras ocasiones que el sistema energético del bloque es vulnerable ante ataques híbridos, un flanco que la actual coyuntura de precios vuelve más visible y que añade presión sobre la coordinación entre los Veintisiete. En ese terreno se enmarca también el debate interno sobre instrumentos de contingencia: Bruselas prepara una reforma energética que permitiría activar cortes selectivos de suministro en escenarios de crisis extrema, una herramienta pensada para situaciones en las que la seguridad del sistema, y no solo su precio, quede comprometida.
El mercado, a diferencia del discurso institucional, no separa con tanta nitidez el riesgo geopolítico del riesgo de suministro: cotiza ambos a la vez en cada barril de crudo y en cada megavatio hora negociado. Mientras persistan abiertos los frentes de Ucrania y Oriente Próximo, la Comisión Europea mantiene como hoja de ruta inmediata la coordinación con Washington y la expectativa puesta en la próxima reunión del consejo de gobierno de la Agencia Internacional de la Energía.
