El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que la crisis migratoria de Ceuta de las últimas semanas tuvo un impacto nulo sobre las fronteras del resto de la Unión y volvió a reprochar a los socios su falta de solidaridad en el reparto de las llegadas irregulares. La postura española quedó aislada frente a los demás Estados miembros, que respaldaron un instrumento concebido para gestionar los episodios de presión fronteriza a gran escala.
El reglamento busca dotar a los Estados de herramientas de emergencia para agilizar el retorno de personas sin derecho a protección internacional cuando se producen entradas irregulares masivas, como ocurrió en el asalto a la valla de Ceuta. España alerta, sin embargo, de que el texto permite suspender plazos y garantías procesales que hoy protegen el acceso al procedimiento de asilo, lo que a su juicio abriría una brecha en el marco pactado tras años de negociación del Pacto Migratorio y de Asilo.
Ese Pacto, aprobado en 2024 tras casi una década de bloqueo, reparte las responsabilidades entre los Veintisiete mediante un mecanismo de solidaridad que permite a cada país reubicar solicitantes, contribuir económicamente o asumir tareas operativas. Madrid sostiene que el nuevo reglamento de emergencia, al habilitar procedimientos acelerados, erosiona ese equilibrio y reabre un expediente que la UE daba por cerrado.
Ceuta y el precedente de 2021
El episodio remite a la crisis de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta en apenas 48 horas tras la relajación de los controles marroquíes, el mayor incidente fronterizo entre España y Marruecos en la última década. Aquella crisis dejó al descubierto las limitaciones del sistema de asilo español y llevó a Madrid a reclamar durante años un mecanismo de solidaridad obligatoria, el que ahora invoca para oponerse a un reglamento que considera demasiado expeditivo.
La votación llega en un contexto de reducción general de la presión migratoria. Según Eurostat, las solicitudes de asilo en la Unión cayeron un 17% durante el primer semestre de 2026, un descenso que coincide con el reforzamiento de los controles en las fronteras exteriores, tal y como recoge la pieza sobre la caída de las solicitudes de asilo en la UE. Pese a esa bajada, episodios puntuales como el de Ceuta siguen generando fricciones entre los Estados sobre cómo repartir las responsabilidades.
El voto en solitario se suma a otras divergencias recientes entre Madrid y el resto de capitales sobre el alcance de las competencias comunitarias. Los Veintisiete han enfriado también otra iniciativa de calado, el proyecto de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de activar un mecanismo inspirado en el artículo 4 de la OTAN para coordinar la respuesta frente a Rusia, según detalla la pieza sobre el enfriamiento del plan de Von der Leyen.
El reglamento de expulsiones deberá ahora superar el trámite del Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor, un proceso en el que España, pese a haber quedado en minoría en el Consejo, podría intentar introducir salvaguardas adicionales sobre las garantías del procedimiento de asilo que, según Grande-Marlaska, el texto pone en riesgo.
