El predio sigue a nombre de López Benítez, quien conserva la titularidad legal pese a que, según los registros que ha presentado en despachos y juzgados de Quibdó, particulares han aparecido con documentos de propiedad falsificados para reclamar el derecho a explotarlo. El campesino asegura haber radicado denuncias, tutelas y reclamaciones de forma reiterada sin que la Fiscalía haya abierto una investigación formal sobre el esquema que describe.
"Yo salí desplazado de Nóvita y no tengo protección. Por mis denuncias, me declararon objetivo militar. En la finca hay un campamento del Clan del Golfo; hoy están trabajando más de 100 retroexcavadoras y muchas personas se están beneficiando de la minería ilegal en las tierras de mi familia", relató López Benítez a SEMANA.
El campesino afirma que le ha mencionado a la Fiscalía los nombres de políticos, empresarios, generales, policías, militares y autoridades que estarían involucrados en los delitos, sin que, según él, haya habido resultado alguno. Su teoría, que no ha tenido eco en el ente acusador, es que el oro extraído de su finca ha patrocinado campañas políticas e incrementado la fortuna de empresarios cuestionados del Pacífico colombiano.
Señalamiento a Jenaro Murillo Arboleda
En la denuncia más reciente, López Benítez señaló a Jenaro Murillo Arboleda, un dirigente político del Chocó que podría aspirar a la Gobernación departamental en 2027, de adelantar actividades mineras sin los permisos ni licencias exigidos. El campesino lo acusa de valerse de la presencia armada del Clan del Golfo para consolidar el control del territorio.
"Dichas actuaciones constituyen una clara transgresión al orden jurídico, pues implican la usurpación de tierras mediante la utilización de grupos armados ilegales, específicamente del Clan del Golfo, quienes han facilitado la ocupación violenta de los terrenos", declaró López Benítez en su denuncia.
Murillo Arboleda no figura vinculado formalmente a una investigación penal por estos hechos, según la información disponible: el señalamiento corresponde, por ahora, a la denuncia presentada por la presunta víctima. Cualquier eventual imputación dependería de que la Fiscalía adelante la etapa de indagación y, de hallar mérito, cite a audiencia de imputación conforme a la Ley 906 de 2004, que rige el proceso penal acusatorio en Colombia.
El esquema de los falsos propietarios
Según el relato de López Benítez, la ocupación del predio se sostiene mediante una figura que combina documentos apócrifos con la protección armada del grupo ilegal. El campesino lo expuso así en su denuncia:
"Se presentan como propietarios con documentos falsos que no corresponden a los predios en cuestión. Estos individuos, en connivencia con el grupo armado, participan en el reparto de porcentajes de la producción minera ilegal, configurando un esquema de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito", sostuvo López Benítez.
El propietario solicitó a la Fiscalía que abra investigación penal por explotación ilícita de yacimientos mineros, daños a los recursos naturales, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, financiación de grupos armados ilegales y financiación irregular de campañas políticas. También pidió medidas cautelares ambientales para suspender de forma inmediata la actividad extractiva en el terreno y poner la lupa sobre la autoridad ambiental del departamento.
Financiación política y elecciones de 2027
El núcleo más delicado de la denuncia apunta a que el dinero producido por la minería ilegal en su finca se habría destinado a financiar proyectos electorales durante el ciclo de 2026, con el riesgo, según López Benítez, de que el mismo esquema se repita cuando el país elija mandatarios regionales en 2027. "La financiación irregular de campañas constituye una forma de corrupción estructural, pues permite que intereses privados, derivados de la minería ilegal, se infiltren en las instituciones públicas, debilitando la confianza ciudadana", afirmó el denunciante.
La infiltración del oro ilegal en la política regional del Pacífico no es nueva. En 2018, la Corte Suprema de Justicia condenó a la exgobernadora del Chocó Patrocinio Sánchez Montes de Oca por corrupción vinculada al manejo de recursos públicos, en un departamento donde la Contraloría y la Procuraduría han advertido durante años sobre la penetración de rentas criminales en las administraciones locales. Las denuncias de López Benítez se inscriben en ese patrón, sin que hasta ahora se conozcan condenas firmes en el caso que él señala.
Omisión atribuida a Codechocó
La denuncia también recae sobre la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), máxima autoridad ambiental de la región, a la que López Benítez acusa de no frenar la actividad minera pese a las imágenes y documentos que dice haber entregado reiteradamente. "La conducta del director de Codechocó, quien ya ha sido objeto de denuncias por su tolerancia frente a estas prácticas, evidencia una posible desviación de poder y un incumplimiento del deber de protección del patrimonio ambiental", sostuvo el campesino.
López Benítez advirtió además sobre el impacto sanitario del vertimiento de químicos de alta peligrosidad en las fuentes hídricas cercanas al predio: "lo cual repercute en la salud y la calidad de vida de las comunidades aledañas, ya que estas no tienen acueducto y agua potable, y consumen el líquido contaminado por la minería ilegal". El caso se suma a otras denuncias sobre control territorial de grupos armados en Colombia, como la que documenta un informe de inteligencia que ubica células del ELN y disidencias en diez universidades públicas.
Por ahora, las denuncias de López Benítez siguen sobre los escritorios de la Fiscalía y de Codechocó mientras, según sus propios registros y testimonios, la maquinaria continúa entrando a los terrenos que reclama como suyos. El campesino, que afirma carecer de protección, insiste en que su caso expone un entramado que conecta minería ilegal, grupos armados y financiación política en el Pacífico chocoano.
