El informe ubica movimientos de estas estructuras en la Universidad Nacional, la Distrital y la Pedagógica en Bogotá; la Universidad de Antioquia, la sede de la Universidad Nacional y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en Medellín; la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga; la Universidad del Valle en Cali; la Universidad de Popayán, y la Universidad Surcolombiana en Neiva. El documento agrega que los grupos armados también habrían valorado expandirse hacia centros educativos de Tunja, Armenia, Manizales, Ibagué, Fusagasugá y Villavicencio.
El texto describe un patrón de infiltración basado en el contacto con grupos estudiantiles de pensamiento afín, a los que las estructuras armadas utilizarían como canal de radicalización. Un uniformado que participó en la investigación explicó a la publicación que el ELN y las disidencias, tanto de Mordisco como de Calarcá, ya contemplan en sus estructuras internas esquemas de presencia universitaria bajo denominaciones como "colectivos clandestinos e ideológicos, redes de apoyo y simpatizantes".
"Una de las estrategias que han desplegado los grupos armados ilegales se ha concentrado en instrumentalizar a jóvenes con pensamientos revolucionarios. También buscan conexiones con grupos dinamizadores de eventos violentos, con quienes establecen canales de coordinación, financiamiento e instrucción en tácticas para afectar a la Policía", señala el informe de inteligencia citado.
El texto identifica tres vías de financiación de estas células: el envío directo de dinero por parte de los bloques del ELN y las disidencias para costear artefactos explosivos improvisados y logística; el autosostenimiento mediante venta de estupefacientes, hurto y extorsión dentro de los campus —incluido el control del microtráfico—, señalado como el método más extendido; y un tercer mecanismo, aún bajo verificación, relacionado con el eventual uso de recursos públicos a través de actividades comunitarias como huertas locales apalancadas por algunas alcaldías.
Riesgo de reedición del estallido de 2021
La principal preocupación de las autoridades radica en la capacidad de estas estructuras para preparar y adecuar artefactos explosivos con fines de vandalismo contra uniformados de la Policía Nacional y contra infraestructura estratégica del Estado. El informe también advierte sobre el reclutamiento de jóvenes trasladados a zonas rurales para recibir instrucción en armas y explosivos, algunos de los cuales permanecerían en las filas de los grupos armados mientras otros regresarían a las ciudades a "replicar lo aprendido".
El paro nacional de 2021, iniciado el 28 de abril de aquel año contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, dejó decenas de muertos y meses de bloqueos en las principales ciudades, y se convirtió en la mayor movilización social reciente del país. El documento sostiene que las estructuras armadas buscarían capitalizar ese tipo de descontento social para justificar acciones de violencia bajo la fachada de manifestaciones legítimas.
"Sospechamos que puede ser el mismo esquema que se usó ese año, de usar el inconformismo de la gente para justificar el terrorismo", advierte el documento en referencia al estallido social de 2021.
El hallazgo se suma a otros episodios recientes de violencia atribuidos a las disidencias en distintas regiones, como el ataque con drones contra un radar aéreo de la Aerocivil en Candelaria, Valle del Cauca. El informe define esa amenaza como el interés de los grupos armados de "generar procesos de clandestinización que les permitan dinamizar acciones vandálicas y escenarios de desestabilización urbana".
