La declaración se produjo a las 13:15 en los pasillos del Congreso, tras una reunión de la Mesa que duró apenas cuarenta minutos y en la que se tramitó la prórroga de tres decretos-ley pendientes de convalidación. Bolaños respondió a una pregunta directa de un periodista de la SER — «¿Cuándo presentará el Gobierno el proyecto de Presupuestos?» — con una respuesta que tenía la longitud de un discurso y la sustancia de un suspiro. El ministro habló de «incertidumbre geopolítica sin precedentes», de «volatilidad arancelaria que impide hacer previsiones macroeconómicas creíbles», de «responsabilidad fiscal que obliga a no presentar unas cuentas que podrían quedar obsoletas en semanas» y de «la necesidad de esperar a que el marco internacional se clarifique antes de asumir compromisos de gasto plurianuales». Cada argumento era técnicamente razonable y políticamente devastador: lo que Bolaños estaba diciendo, traducido del idioma ministerial al castellano llano, es que el Gobierno ha renunciado a gobernar con presupuestos propios por tercer año consecutivo.
Los números cuentan una historia que la retórica de Bolaños intenta disimular. España lleva desde enero de 2024 con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados, unos presupuestos que fueron diseñados para un escenario macroeconómico que ya no existe: el PIB creció un 2,5% en 2023 pero se ha desacelerado al 1,8% en 2025 y la previsión para 2026 oscila entre el 1,2% y el 1,6% según la fuente; el euríbor ha subido del 1,9% al 2,8% en dieciocho meses; el precio del petróleo se ha disparado por las tensiones en Ormuz; y los aranceles de Trump amenazan con encarecer las exportaciones europeas entre un 10% y un 25%. Legislar con unas cuentas diseñadas para un mundo que ya no existe no es prudencia fiscal: es navegación a ciegas, y la oposición lo sabe.
Cuca Gamarra no tardó en capitalizar la confesión de Bolaños. A las 14:30, la portavoz parlamentaria del PP convocó una rueda de prensa urgente en la que pronunció la palabra que Sánchez más teme oír en el Congreso: «cuestión de confianza». Gamarra argumentó que un Gobierno que admite no poder presentar presupuestos «ha perdido la capacidad de gobernar» y debería someterse a una cuestión de confianza para verificar si aún cuenta con el apoyo parlamentario necesario para mantenerse en el poder. El argumento es constitucionalmente impecable — el artículo 112 de la Constitución permite al presidente del Gobierno plantear la cuestión de confianza «sobre su programa o sobre una declaración de política general» — pero políticamente inviable: la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente, no de la oposición, y Sánchez no va a someterse voluntariamente a una votación que podría perder.
El flanco más peligroso para el Gobierno no está en el PP sino en Podemos. Ione Belarra, que lleva semanas tensando la cuerda de la coalición, publicó un comunicado a las 16:00 en el que advertía de que su partido «no seguirá convalidando decretos-ley si el Gobierno utiliza la vía de urgencia como sustituto permanente de la negociación presupuestaria». La amenaza no es nueva — Podemos lleva desde octubre de 2025 condicionando su apoyo a los decretos — pero adquiere una gravedad nueva en el contexto de la confesión de Bolaños: si no va a haber Presupuestos, todos los ajustes de gasto tendrán que tramitarse como decretos-ley, y cada decreto-ley necesita la convalidación del Congreso en treinta días. Sin Podemos, el Gobierno pierde la mayoría para convalidar, y sin decretos, pierde la capacidad de adaptar las cuentas públicas a una realidad que cambia cada semana.
Los socios nacionalistas han recibido la noticia con una mezcla de resignación y oportunismo. ERC, que vive su propia crisis interna tras la investidura fallida de Maragall en Barcelona, ha declarado a través de su portavoz en el Congreso que «la ausencia de Presupuestos es un agravio para Cataluña» porque impide ejecutar las inversiones del Corredor Mediterráneo comprometidas en el acuerdo de investidura de Sánchez. Bildu, más pragmática, ha condicionado cualquier apoyo futuro a «avances concretos en la transferencia de competencias penitenciarias al País Vasco», una exigencia que cobra especial resonancia esta noche después de que vigilancia penitenciaria revocara la semilibertad del etarra Gregorio Vicario. Y el PNV, siempre equidistante, ha pedido «responsabilidad a todos los actores» mientras sus senadores negocian en privado la creación de un fondo de compensación para las comunidades del norte afectadas por los aranceles de Trump.
La parálisis presupuestaria tiene consecuencias que trascienden el debate parlamentario y afectan directamente a los ciudadanos. Sin nuevos Presupuestos, las partidas de gasto social permanecen congeladas en los niveles de 2023 mientras la inflación acumulada ha erosionado su poder adquisitivo en un 8,7%. Las pensiones se actualizan automáticamente por el IPC — un mecanismo que protege a los jubilados pero que genera un agujero contable de 4.200 millones de euros que el Gobierno cubre con deuda —, pero las becas, las ayudas a la dependencia, los programas de vivienda social y las transferencias a comunidades autónomas no tienen ese blindaje y pierden valor real cada mes que pasa sin actualización. El resultado es un Estado que funciona en modo mantenimiento: paga lo que debe pagar por ley pero no puede invertir, no puede reformar, no puede anticiparse a las crisis que se acumulan en el horizonte.
La estrategia de Moncloa ante la parálisis presupuestaria parece clara a tenor de las señales emitidas esta noche: ganar tiempo. Bolaños ha sugerido que el Gobierno podría presentar un «marco presupuestario de referencia» antes del verano — un documento que fija techos de gasto y previsiones macroeconómicas sin comprometer partidas concretas — que serviría como base de negociación con los socios parlamentarios sin las rigideces de un proyecto de ley presupuestaria formal. La idea tiene precedentes en la política económica europea — la Comisión trabaja con marcos plurianuales antes de concretar presupuestos anuales — pero en el contexto español suena a subterfugio: un Gobierno que no puede presentar presupuestos presenta un documento que parece un presupuesto pero que no tiene la fuerza de ley de un presupuesto.
La cuestión de fondo que la confesión de Bolaños pone sobre la mesa es más profunda que un debate sobre cuentas públicas: es una cuestión de legitimidad funcional. Un Gobierno democrático se justifica por su capacidad de legislar, de presupuestar y de ejecutar un programa. Un Gobierno que no puede legislar porque no tiene mayoría, que no puede presupuestar porque no tiene certeza y que ejecuta por decreto porque no tiene alternativa ha dejado de gobernar en el sentido pleno del término y se ha convertido en un gestor provisional de la inercia institucional. La oposición tiene razón al señalar la anomalía, aunque su alternativa — elecciones anticipadas — sea tan improbable como los propios Presupuestos.
Al cierre de esta edición nocturna, España se prepara para cumplir tres años sin presupuestos propios, un récord que solo igualó la Italia de Berlusconi en 2011 y la Bélgica de la crisis lingüística en 2010-2011. La diferencia es que Italia y Bélgica vivían crisis constitucionales que impedían formar gobierno; España tiene un Gobierno formado, con un presidente en ejercicio y un programa de coalición vigente. Lo que no tiene es la aritmética parlamentaria para convertir ese programa en ley. Y sin ley, no hay presupuestos. Y sin presupuestos, como Bolaños ha reconocido esta noche con su exquisita circunlocución, no hay momento — ni momento oportuno, ni momento conveniente, ni momento posible. Solo tiempo que pasa y cuentas que se prorrogan.
