La cifra actualizada por las autoridades congoleñas sitúa la tasa de letalidad del brote en el 43,9%, un porcentaje que las propias instituciones del país han calificado de «preocupante» y que se mantiene entre los más elevados registrados en la historia reciente de la enfermedad. Del total de casos confirmados, 773 pacientes permanecen hospitalizados o en aislamiento, mientras que el Instituto Nacional de Salud Pública contabiliza 571 personas recuperadas.
La evolución del brote ha sido rápida. En una fase anterior, el balance oficial hablaba de 247 muertos y cerca de un millar de casos confirmados; el salto hasta los 1.405 fallecidos y los 3.200 contagios evidencia, según los propios datos institucionales, una propagación que estaría superando las capacidades de respuesta sobre el terreno.
Una cepa sin vacuna específica
La cepa Bundibugyo del virus del Ébola, identificada por primera vez en Uganda en 2007, se distingue de la más conocida cepa Zaire —responsable del brote de África Occidental de 2014-2016, que causó más de 11.000 muertes según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y del brote de la propia RDC en 2018-2020, con cerca de 2.300 fallecidos— en que no cuenta con una vacuna específica autorizada. Sueros como Ervebo, desarrollado por Merck y aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en 2019, se diseñaron contra la cepa Zaire y no garantizan protección frente a Bundibugyo, lo que limita las herramientas de respuesta inmediata.
Ante la ausencia de vacuna, los protocolos de tratamiento se apoyan en terapias de soporte —hidratación, control de electrolitos y manejo de complicaciones asociadas— y en fármacos empleados con resultados desiguales en brotes previos, como los anticuerpos monoclonales Inmazeb y Ebanga, aprobados por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 2020, también concebidos originalmente contra la cepa Zaire. La comunidad científica internacional ha recurrido en ocasiones anteriores a ensayos acelerados para adaptar vacunas y tratamientos a variantes menos estudiadas, un proceso que en el pasado ha requerido meses antes de alcanzar fases de administración de emergencia bajo protocolos de uso compasivo.
La OMS ha declarado el brote Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), la máxima categoría de alerta que contempla el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005, el mismo mecanismo activado durante la pandemia de covid-19 en enero de 2020 y en brotes de ébola anteriores. La declaración habilita la coordinación de recursos internacionales, la movilización de fondos de emergencia y la aplicación de protocolos reforzados de vigilancia epidemiológica en los países limítrofes, además de controles reforzados en los puntos de entrada de vecinos como Uganda, Ruanda y Sudán del Sur.
La sombra del conflicto armado
La violencia armada que afecta a Ituri y a las dos provincias de Kivu desde hace más de dos décadas, protagonizada por múltiples grupos entre los que figura el M23, complica de forma directa el rastreo de contactos, el aislamiento de casos y la distribución de tratamientos. Organizaciones humanitarias que operan en la región han advertido en anteriores brotes de que los desplazamientos forzados de población y los ataques a infraestructuras sanitarias multiplican el riesgo de propagación descontrolada.
La RDC acumula experiencia en la gestión de estos episodios: desde el primer brote documentado en 1976 cerca del río Ébola, que da nombre al virus, el país ha afrontado más de una decena de brotes, entre ellos el de Kivu Norte de 2018-2020, el segundo más letal de la historia tras el de África Occidental. Aquella crisis, prolongada durante casi dos años, dejó lecciones sobre la importancia de la vacunación en anillo y la implicación comunitaria, estrategias que ahora resultan más difíciles de aplicar por la falta de una vacuna eficaz contra la cepa Bundibugyo.
El Gobierno congoleño, a través de su Instituto Nacional de Salud Pública, ha solicitado apoyo internacional para reforzar la capacidad de respuesta, en línea con los mecanismos del RSI, que obliga a los Estados miembros de la OMS a notificar los eventos de salud pública y facilita la asistencia técnica y financiera de organismos como el Fondo de Emergencia para Contingencias de la propia OMS.
En los próximos días se espera que el Instituto Nacional de Salud Pública de la RDC actualice de nuevo el balance de casos y fallecidos, mientras la OMS evalúa junto a las autoridades congoleñas la evolución de la respuesta y la eventual necesidad de ampliar el despliegue de personal médico y logística en las cinco provincias afectadas. El desenlace de la crisis dependerá, según la experiencia de brotes previos, de la capacidad de sostener la vigilancia epidemiológica pese al contexto de conflicto armado que atraviesa la región.
