La diligencia se desarrolló en el sector de Cerro Viento, en San Miguelito, donde las autoridades ubicaron indicios relacionados con la investigación. De forma paralela, se realizó un allanamiento en un local gestionado por Ureña en Merca Panamá, según informó el Ministerio Público.
El proceso penal se abrió en agosto de este año, después de que la Fiscalía Anticorrupción recibiera un informe de auditoría forense elaborado por la Contraloría General de la República en mayo pasado. Ese informe, remitido por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría, constituye la base documental sobre la que se sustenta la imputación que hoy pesa sobre la exfuncionaria.
De acuerdo con la auditoría citada en el expediente, Ureña habría manejado recursos por aproximadamente $1.01 millones, mientras que solo habría podido sustentar ingresos de fuente conocida por unos $585 mil. La brecha, calculada en alrededor de $428 mil, es el eje central de la investigación.
Durante su paso por la subdirección de la DGI, Ureña devengaba un salario mensual de $3,500 más $1,500 en gastos de representación, para un total de $5,000 al mes, cifra que la Contraloría contrasta con el patrimonio detectado en la auditoría forense.
El fiscal superior anticorrupción, Juan Gutiérrez, ordenó en agosto la aprehensión provisional de tres inmuebles vinculados a la exfuncionaria: un apartamento en Parque Lefevre y dos propiedades adicionales, una en San Miguelito y otra en Villa Belén, en el distrito de Penonomé. Una de ellas, adquirida en 2025 en Villa Belén, fue comprada por $69 mil en efectivo mediante un remate bancario. Otra corresponde a una residencia en San Miguelito cuya hipoteca, pactada originalmente a 28 años, fue cancelada en su totalidad en 2024.
La Contraloría General también dispuso medidas sobre otros activos financieros de Ureña, entre ellos fondos, depósitos, cuentas bancarias, tarjetas de crédito y vehículos, en el marco de la misma auditoría forense que originó el proceso penal. El delito de enriquecimiento injustificado, tipificado en el Código Penal panameño, sanciona el incremento patrimonial de un servidor público sin que exista justificación sobre el origen lícito de los fondos.
El caso se inscribe en una etapa reciente de mayor actividad de las fiscalías anticorrupción sobre exfuncionarios de la DGI. En la misma entidad avanza el proceso contra Dídimo Rodríguez, detenido preventivamente por un presunto perjuicio de $21 millones, y la detención provisional de un quinto implicado en el presunto fraude a la DGI. Panamá arrastra un largo historial de expedientes por corrupción con escaso desenlace condenatorio, como refleja el acumulado de unos 6,500 casos abiertos en las fiscalías anticorrupción.
La exfuncionaria será puesta a órdenes de las autoridades judiciales para las audiencias correspondientes, donde se determinarán las medidas cautelares que correspondan dentro del proceso, según indicó el Ministerio Público.