Los cinco aprehendidos, junto con los indicios recabados en el lugar, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, de acuerdo con lo informado por Senafront. La entidad no detalló si el caso quedó en manos del Ministerio Público para la apertura de una investigación formal por presunta minería ilegal, delito contemplado en la legislación panameña que regula el aprovechamiento de recursos minerales en el territorio nacional.
La aprehensión se suma a otra registrada días antes en la misma provincia. El pasado miércoles 19 de agosto, Senafront reportó la captura de 21 ciudadanos colombianos también presuntamente vinculados a la minería ilegal, en un operativo realizado en la cabecera del río Pito. Con el nuevo hecho, la cifra de personas aprehendidas por este tipo de actividad en Darién asciende a 26 en el transcurso de una sola semana, según los reportes sucesivos de la entidad.
Darién, la provincia panameña que limita con Colombia y que alberga una de las selvas tropicales más extensas y biodiversas de la región, ha sido escenario recurrente de operativos contra la minería ilegal. La zona, atravesada por ríos como el Tuira y el propio Pito, concentra yacimientos auríferos que han atraído a grupos dedicados a la extracción no autorizada, muchas veces mediante el uso de dragas y sustancias químicas que las autoridades ambientales han señalado como perjudiciales para los cursos de agua.
La cercanía geográfica con Colombia explica en parte la presencia de ciudadanos de ese país en los operativos de Senafront en la región. La frontera entre ambas naciones, de difícil acceso y con escasa presencia estatal continua en algunos tramos, ha sido históricamente un corredor utilizado tanto para el tránsito migratorio irregular —como el que ocurre a través del Tapón del Darién— como para actividades económicas ilícitas, entre ellas la minería no autorizada.
Un cuerpo fronterizo con dos décadas de despliegue en la selva
Senafront, creado en 2008 como entidad encargada de la seguridad en las zonas fronterizas del país, ha intensificado en años recientes sus operativos contra la minería ilegal en Darién, en coordinación con otras instituciones del Estado. La entidad no ha ofrecido, en sus comunicados recientes, una cifra consolidada de aprehensiones acumuladas en lo que va del año, lo que dificulta establecer una comparación precisa con periodos anteriores.
El fenómeno de la minería ilegal en Panamá no es nuevo. Desde hace más de una década, autoridades ambientales y de seguridad han identificado en distintas provincias del país, además de Darién, puntos de extracción no autorizada de oro y otros minerales, particularmente en zonas de difícil acceso donde la vigilancia estatal resulta más compleja de sostener de forma permanente. El debate sobre la actividad minera en el país cobró especial dimensión pública en 2023, cuando amplias protestas ciudadanas rechazaron la explotación de cobre a cielo abierto y derivaron en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de la mina de Donoso.
El marco legal panameño exige concesiones y permisos otorgados por el Ministerio de Comercio e Industrias para cualquier actividad de extracción minera, además de estudios de impacto ambiental avalados por el Ministerio de Ambiente. La ausencia de estos permisos es lo que habitualmente configura el delito de minería ilegal, que puede acarrear sanciones penales además de la incautación de equipos y materiales utilizados en la actividad.
Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni el Ministerio de Ambiente se han pronunciado sobre los casos más recientes registrados en Cémaco y en la cabecera del río Pito. Tampoco se ha reportado una versión de los aprehendidos ni de posibles representantes legales, en tanto el caso se encuentra en una etapa inicial dentro del proceso de investigación.
La provincia de Darién reviste, además de sus recursos minerales, importancia estratégica para Panamá por constituir el único punto del país sin conexión terrestre directa hacia Sudamérica a través de la Carretera Panamericana, interrumpida precisamente por la selva. Esta particularidad geográfica ha convertido a la zona en un punto de atención constante para las autoridades de seguridad, migración y ambiente.
De cara a los próximos días, corresponderá al Ministerio Público determinar si los hechos configuran delito y avanzar en las investigaciones contra los aprehendidos en ambos operativos, mientras las autoridades ambientales evalúan el eventual impacto de la extracción no autorizada en los cursos de agua de la zona. Senafront, por su parte, ha anticipado en sus comunicados la continuidad de operativos en la región fronteriza.