En sus declaraciones, el obispo puso el acento en la corresponsabilidad frente al deterioro de la seguridad. La convocatoria a "trabajar juntos" apunta a una respuesta que involucre a las autoridades, las instituciones y la sociedad civil, sin circunscribir el problema a la acción policial. La provincia de Chiriquí, tradicionalmente asociada a la actividad agropecuaria y comercial de la región occidental, aparece así incorporada al mapa de una inquietud que la Iglesia católica venía planteando a escala nacional.
El pronunciamiento diferencia dos categorías que el discurso público suele confundir. Por un lado, los homicidios, indicador general de la violencia letal; por otro, los femicidios, tipo penal específico que sanciona la muerte de una mujer por razones de género. Esa distinción no es menor: en el ordenamiento panameño el femicidio se incorporó al Código Penal con la reforma que introdujo la Ley 82 de 2013, sobre prevención de la violencia contra las mujeres, que lo tipificó como delito autónomo con penas agravadas.
La intervención de un obispo en materia de seguridad se inscribe en una tradición de presencia pública de la Iglesia católica en la vida panameña. Desde los pronunciamientos episcopales durante el periodo de la dictadura militar y la crisis previa a la invasión de diciembre de 1989, y más tarde en las mediaciones y llamados al diálogo de la etapa democrática, la jerarquía eclesiástica ha ejercido con frecuencia el papel de voz moral ante situaciones de conflictividad social. El llamado desde David se suma a esa línea de intervención.
La competencia sobre la seguridad ciudadana recae en el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad Pública, del que dependen la Policía Nacional y los demás estamentos de seguridad. La persecución penal corresponde al Ministerio Público, encabezado por la Procuraduría General de la Nación, mientras que el juzgamiento queda en manos del Órgano Judicial. Cualquier estrategia de prevención articulada, como la que sugiere el llamado del prelado, exige la coordinación de esas instancias con los gobiernos locales y las comunidades.
Chiriquí, con cabecera en David, es una de las provincias más pobladas del interior del país y un polo económico de la región occidental, fronteriza con Costa Rica. Esa condición de zona de frontera y de tránsito ha figurado históricamente entre los factores que las autoridades asocian a la circulación de actividades ilícitas, aunque el pronunciamiento del obispo se centró en el impacto sobre la convivencia y la seguridad de la población local.
El planteamiento eclesiástico llega en un contexto en el que la violencia letal y la violencia de género ocupan de forma recurrente el debate público en Panamá y en el conjunto de América Latina, la región del mundo con las tasas de homicidio más elevadas según los organismos internacionales. En ese marco, la reducción de la impunidad y la atención a las víctimas de femicidio figuran entre las demandas habituales de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos.
El llamado del obispo interpela directamente a las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, que son las llamadas a responder con datos y políticas concretas sobre la evolución de los homicidios y femicidios en el país y, en particular, en la provincia de Chiriquí. La respuesta institucional a este tipo de pronunciamientos suele traducirse en anuncios de refuerzo operativo o en la presentación de balances estadísticos por parte de los estamentos de seguridad.
De cara a los próximos meses, el pronunciamiento abre la puerta a un eventual esquema de coordinación entre la diócesis, las autoridades locales y las instituciones de seguridad y justicia en la región occidental. El seguimiento de las cifras oficiales de homicidios y femicidios, así como las medidas que adopten el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público, permitirán calibrar si el llamado a "trabajar juntos" se traduce en acciones concretas o queda como una exhortación moral.