La directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África, Heba Morayef, calificó las órdenes de "ilegales" y acusó a las autoridades israelíes de "ampliar descaradamente su agenda de anexión a áreas que han estado bajo el control de las autoridades palestinas desde los Acuerdos de Oslo". Según su análisis, la construcción de nuevas vías para unir los asentamientos fragmenta la gobernación de Yenín en zonas aisladas, lo que "socava la integridad geográfica y económica" del territorio palestino y restringe la libertad de movimiento de las comunidades locales.
Los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina bajo mediación estadounidense, dividieron Cisjordania en tres áreas administrativas: la A, bajo control civil y de seguridad palestino; la B, con administración civil palestina y seguridad compartida; y la C, bajo control israelí pleno, que representa en torno al 60% del territorio. Ese reparto, pensado como transitorio hacia una solución definitiva, se mantiene más de tres décadas después sin que se haya alcanzado el acuerdo de estatuto final previsto originalmente.
De acuerdo con la organización Peace Now, dedicada al seguimiento de los asentamientos israelíes, es la primera vez desde Oslo que se emiten órdenes de confiscación en Área A que benefician a colonos sin invocar razones de seguridad, el argumento habitualmente empleado por las autoridades militares israelíes para justificar este tipo de medidas ante tribunales y organismos internacionales.
La oficina del gobernador de Yenín advirtió de que la ejecución del plan para conectar Emek Dotan y Noa —ya en marcha— separará la ciudad de otras gobernaciones palestinas como Tulkarem, Tubas y Nablús, con "repercusiones económicas negativas para cientos de familias" que dependen de campos de cultivo y olivares, justo al inicio de la temporada de recogida de la aceituna, actividad central en la economía rural cisjordana. Las tierras afectadas pertenecen mayoritariamente a propietarios privados de las aldeas de Qabatiya, Arraba, Mirka, Misilya, Jirba y Al Yamun, y la mayor parte de las parcelas se sitúa a lo largo de la carretera 60, la principal vía que atraviesa Cisjordania de norte a sur.
El 29 de julio de 2026, el Consejo Supremo de Planificación de la Administración Civil israelí —el organismo que gestiona los permisos urbanísticos y de infraestructuras en el territorio ocupado— aprobó un proyecto para ampliar esa carretera. Según Amnistía, la vía facilita el tránsito de colonos por Cisjordania y se utiliza también para restringir el acceso de la población palestina mediante puertas metálicas, controles y barreras físicas instaladas por el Ejército.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) contabilizó en abril de 2026 un total de 925 obstáculos que limitan la libertad de movimiento de unos 3,4 millones de palestinos en Cisjordania, entre puestos de control, barreras de tierra y puertas de acceso a carreteras, según su registro periódico de restricciones de circulación en el territorio.
De Yenín a la zona E1: un patrón que se extiende
Amnistía señaló que el Ejército israelí ha emitido órdenes similares de confiscación para ampliar infraestructuras y carreteras destinadas a colonos en otros puntos de Cisjordania, entre ellos Qusra, en la gobernación de Nablús, y Kufr Ni'me, en la de Ramala, así como en la zona E1, al este de Jerusalén, donde Israel mantiene planes de expansión que Naciones Unidas y la Unión Europea han criticado por su potencial para dividir en dos el territorio palestino. La organización recordó además que en mayo de 2026 el Ejército confiscó terrenos privados dentro de la propia ciudad de Yenín para instalar una base militar, en una zona escenario habitual de operaciones de las fuerzas israelíes contra grupos armados palestinos.
Las autoridades israelíes han sostenido en ocasiones anteriores que los asentamientos en Cisjordania responden a razones históricas, de seguridad y de planificación urbanística, y han rechazado las calificaciones de "ilegalidad" o "anexión", al considerar el territorio en disputa y no ocupado en sentido estricto. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictaminó en una opinión consultiva que la presencia israelí en los territorios ocupados palestinos es contraria al derecho internacional.
El Convenio de Ginebra de 1949 prohíbe a una potencia ocupante trasladar a su propia población civil al territorio que ocupa, base jurídica sobre la que Naciones Unidas y numerosas ONG sostienen la ilegalidad de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Morayef instó a los países que mantienen "estrechas relaciones comerciales y políticas" con Israel a adoptar "medidas urgentes" para presionar al Gobierno israelí a rescindir las órdenes de confiscación. "Cualquier Estado que preste asistencia a la expansión de los asentamientos ilegales de Israel u otros crímenes de guerra corre el riesgo de ser cómplice en crímenes internacionales contra los palestinos", advirtió, en referencia a la responsabilidad de terceros Estados bajo el derecho internacional humanitario.
La Unión Europea, principal socio comercial de Israel, ha reiterado en distintas ocasiones su rechazo a la expansión de asentamientos y su respaldo a la solución de dos Estados, aunque no ha adoptado sanciones específicas vinculadas a la actividad colonizadora en Cisjordania, un asunto que sigue dividiendo a los Veintisiete y que previsiblemente volverá a plantearse en los próximos consejos de Asuntos Exteriores comunitarios. Con la temporada de la aceituna a las puertas y las órdenes de confiscación ya en ejecución sobre el terreno, según la gobernación de Yenín, las próximas semanas serán decisivas para las familias propietarias de las parcelas afectadas.
