La recomendación ha ganado visibilidad en un contexto de creciente preocupación por la resiliencia de las infraestructuras críticas ante fenómenos meteorológicos extremos, incidentes técnicos a gran escala y tensiones geopolíticas. Según trasladan las propias autoridades, el mensaje de fondo no es que los ciudadanos retiren sus ahorros de los bancos ni que desconfíen de la solvencia del sistema financiero, sino disponer de una reserva mínima ante interrupciones puntuales de los servicios: basta con que falle la electricidad, la conexión a internet o las redes de comunicaciones durante unas horas para que una tarjeta, un terminal de pago o un cajero dejen de funcionar, sin que ello implique ningún problema de fondo en la banca.
Las recomendaciones no son uniformes ni están coordinadas de forma centralizada. Responden a las competencias nacionales de protección civil y política monetaria de cada Estado miembro, de modo que las cantidades de efectivo sugeridas, los plazos de autonomía o los productos que deben incluir los kits domésticos son decisión de cada gobierno y cada banco central nacional. Algunas sitúan la referencia entre 70 y 100 euros para tres días de gastos básicos; otras plantean periodos más largos.
El caso sueco y otros modelos nacionales
Suecia es uno de los países con una tradición más consolidada en preparación civil ante emergencias, heredada de su política de defensa durante la Guerra Fría y reforzada tras la anexión rusa de Crimea en 2014. Las autoridades suecas recomiendan que los hogares dispongan, cuando sea posible, de efectivo suficiente para aproximadamente una semana de compras domésticas, combinando distintos métodos de pago para no depender de un único sistema. El argumento oficial es que, si una tarjeta, una aplicación bancaria o la red de cajeros deja de estar disponible, el efectivo facilita la compra de alimentos, medicamentos y otros productos esenciales.
El Banco Central de Eslovenia aconseja mantener efectivo suficiente para cubrir gastos urgentes durante al menos 72 horas, con preferencia por monedas y billetes de menor denominación, más útiles en comercios pequeños durante una emergencia. En Alemania, la preparación ante catástrofes incluye desde hace tiempo el efectivo entre los elementos de un kit básico de emergencia doméstica, junto con reservas de agua, alimentos no perecederos y equipamiento para cortes prolongados de suministro.
Los escenarios que las autoridades europeas contemplan como posible causa de una interrupción de los pagos digitales incluyen apagones eléctricos prolongados, fenómenos meteorológicos extremos, incidentes técnicos en los sistemas bancarios y ciberataques dirigidos contra entidades financieras o proveedores de servicios esenciales. Las propias autoridades subrayan que el problema no debe asociarse a la solvencia de los bancos, sino a la disponibilidad temporal de las redes que procesan las operaciones.
El precedente del apagón ibérico
El antecedente más próximo en el sur de Europa es el gran apagón que afectó a la península ibérica en abril de 2025, cuando España y Portugal sufrieron un corte eléctrico masivo que dejó sin servicio durante horas a cajeros, terminales de pago y parte de las telecomunicaciones. Aquel episodio evidenció la dependencia de los sistemas de pago electrónicos respecto del suministro eléctrico y de las comunicaciones, y sirvió de argumento para reforzar campañas de concienciación sobre la utilidad del efectivo como red de seguridad ante fallos sistémicos.
La tendencia de fondo, sin embargo, apunta en dirección contraria al uso de efectivo. En la zona euro, los pagos con tarjeta y móvil han ido ganando peso frente al dinero en metálico en las operaciones en punto de venta, una evolución que las autoridades monetarias describen como estructural. En ese marco, el Eurosistema ha insistido en preservar el acceso al efectivo como medio de pago de curso legal, precisamente por su papel de respaldo cuando fallan las infraestructuras digitales.
En España no existe, por el momento, una recomendación oficial equivalente y homogénea sobre cantidades concretas de efectivo doméstico en los términos planteados en Suecia, Alemania o Eslovenia. El Sistema Nacional de Protección Civil incluye referencias genéricas a la preparación ante emergencias en sus guías de autoprotección, pero sin cifras equiparables a las publicadas por sus homólogos del norte y centro de Europa. El Banco de España, en línea con el Eurosistema, sí ha reiterado la importancia de garantizar el acceso al efectivo en un contexto de progresiva digitalización de las transacciones.
El debate ha generado interpretaciones dispares. Algunos sectores han presentado estas recomendaciones como una señal de alarma sobre una posible crisis bancaria, lectura que las autoridades que las emiten rechazan: enmarcan la medida en la protección civil y no en la estabilidad financiera, y sostienen que no existe ninguna alerta sobre la solvencia del sistema bancario europeo ni sobre riesgos de restricciones a las retiradas de fondos. El objetivo declarado es contar con una cantidad limitada de efectivo para una emergencia puntual, manteniendo disponibles el resto de medios de pago.
La medida es coherente con las políticas de resiliencia civil que varios países europeos han reforzado tras la pandemia de covid-19 y la crisis energética asociada a la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando la dependencia de sistemas digitales centralizados dejó al descubierto vulnerabilidades ante interrupciones prolongadas de suministros básicos.
De cara a los próximos meses, la competencia sobre estas recomendaciones seguirá recayendo en cada Estado, sin que se prevea una directriz común vinculante sobre cantidades mínimas de efectivo doméstico. Sí es previsible que la resiliencia de las infraestructuras de pago gane peso en la agenda comunitaria, en paralelo a los trabajos sobre el euro digital, cuyo diseño el Banco Central Europeo debe seguir concretando en los próximos ejercicios.
