Según el comunicado de la organización médica, cinco jóvenes fueron ejecutados a quemarropa por combatientes de las FAR durante una incursión armada en dos localidades de Kordofán del Norte. Los atacantes saquearon viviendas, ganado y cosechas antes de retirarse, lo que provocó la huida forzada de más de 3.000 personas, entre ellas mujeres, niños y ancianos.
Parte de los desplazados logró llegar durante las últimas horas a la zona occidental de Omdurmán, la ciudad situada junto a Jartum, en unas condiciones que la ONG calificó de «extremadamente precarias». Kordofán actúa como corredor estratégico entre Darfur, bastión de las FAR, y la capital, lo que la ha convertido en uno de los frentes más disputados desde el estallido de la guerra.
La misma organización denunció otro ataque, este mediante un dron, contra el mercado central de la ciudad de Dilling, en Kordofán del Sur, donde al menos tres personas murieron y varias más resultaron heridas. El proyectil alcanzó también varios camiones estacionados a la entrada de la ciudad que transportaban alimentos y suministros básicos destinados a la población local, agravando el acceso a bienes de primera necesidad en una zona ya castigada por la escasez.
La Red de Médicos de Sudán calificó ambos episodios de «violaciones del derecho internacional humanitario» y reclamó a la comunidad internacional que ejerza una «presión real» sobre la cúpula paramilitar de las FAR para lograr el cese inmediato de los ataques contra civiles, la protección de infraestructuras esenciales y la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria en las zonas afectadas.
De la caída de Al Bashir a la guerra abierta
La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 a raíz de la ruptura entre el Ejército sudanés, liderado por el general Abdel Fatah al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. Ambos habían compartido el poder tras el golpe que derrocó al dictador Omar al Bashir en 2019, que puso fin a tres décadas de un régimen que ya había recurrido a las milicias precursoras de las FAR, los Janjaweed, para reprimir a la población de Darfur durante la década de 2000.
Desde el inicio del conflicto, la guerra ha causado decenas de miles de muertos y ha obligado a alrededor de 14 millones de personas a abandonar sus hogares, según Naciones Unidas. La cifra sitúa a Sudán entre los mayores desplazamientos forzados registrados en el mundo en las últimas décadas, comparable en magnitud a las crisis de Siria o la República Democrática del Congo, aunque con una cobertura mediática internacional notablemente inferior.
Naciones Unidas y distintas organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado de forma reiterada graves abusos y posibles crímenes de lesa humanidad en Kordofán y en la vecina región de Darfur. Entre las denuncias figuran asesinatos, desplazamientos forzados y episodios descritos como «limpieza étnica», atribuidos a grupos armados sobre el terreno.
El conflicto se enmarca además en una disputa por recursos e influencia regional. Sudán ocupa una posición estratégica en el corredor del mar Rojo y limita con siete países, entre ellos Egipto, Chad, Libia y Etiopía, lo que ha convertido la guerra en un asunto de interés para potencias vecinas. Diversos informes de Naciones Unidas han señalado el suministro de armamento a ambos bandos desde el exterior, en un tablero donde se entrecruzan intereses por el control del acceso marítimo y de los recursos agrícolas y minerales del país.
La respuesta humanitaria internacional se ha visto condicionada por la falta de financiación. Naciones Unidas ha alertado repetidamente de que sus llamamientos de fondos para Sudán reciben una fracción de lo solicitado, lo que ha llevado a sus agencias a racionar alimentos y a restringir el suministro de agua a buena parte de la población, en un contexto de fatiga de los donantes que afecta a varias crisis simultáneas en el continente africano.
Los intentos de mediación impulsados en distintos momentos por Arabia Saudí, Estados Unidos y la Unión Africana no han logrado hasta la fecha un alto el fuego duradero entre el Ejército y las FAR. Las conversaciones celebradas en Yeda en 2023 y las rondas diplomáticas posteriores terminaron sin resultados sostenibles, mientras ambos bandos mantienen el control de distintas regiones en una guerra crecientemente fragmentada por el territorio.
El derecho internacional humanitario, recogido en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, prohíbe de forma expresa los ataques deliberados contra la población civil, el saqueo de bienes y la obstrucción de la ayuda humanitaria en conflictos armados. Su violación puede ser investigada por la Corte Penal Internacional, que mantiene abiertas causas relacionadas con crímenes cometidos en Darfur desde mediados de la década de 2000.
Por el momento no ha trascendido una respuesta oficial de las Fuerzas de Apoyo Rápido a las acusaciones difundidas este domingo, mientras el Gobierno sudanés y el Ejército tampoco se han pronunciado públicamente sobre los ataques denunciados en Kordofán del Norte y del Sur. Naciones Unidas ha reiterado su llamamiento a un acceso humanitario seguro y sin trabas en todo el país, un objetivo que sus agencias sobre el terreno describen como cada vez más difícil de garantizar mientras los combates se extienden por el centro-sur de Sudán.
