Joan Garriga, portavoz parlamentario de Vox en Cataluña, acusó a Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, de reproducir textualmente propuestas de su partido. Garriga afirmó haber visto a Orriols «repicar textualmente propuestas de Vox», abriendo un litigio sobre la autoría intelectual de las posiciones más restrictivas en materia de inmigración e identidad que disputan hoy el mismo segmento del electorado soberanista de derechas en Cataluña. La acusación no fue acompañada de documentos, fechas ni foros concretos en los que esa reproducción habría tenido lugar, lo que limita su verificabilidad y la sitúa, de momento, en el plano del enfrentamiento verbal.
Vox y Aliança Catalana, dos formaciones en el mismo nicho
Las dos formaciones compiten por un perfil de votante definido por el rechazo a la inmigración irregular y la desconfianza hacia el modelo de convivencia vigente. Vox, partido de ámbito estatal con dirección centralizada en Madrid, obtuvo representación en el Parlament de Cataluña al superar el umbral del 3% fijado por el artículo 56 de la Ley Electoral catalana (Llei 15/2010). Aliança Catalana, de implantación más reciente, consiguió igualmente escaños en la cámara autonómica en los comicios del 12 de mayo de 2024, en los que sumó el 3,57% de los votos según los datos certificados por la Generalitat, frente al 2,88% cosechado por Vox en esa misma convocatoria. Ese resultado posicionó a Orriols como la fuerza emergente en ese espacio y convirtió la rivalidad con Vox en una variable estructural del escenario parlamentario catalán.
La acusación de Garriga y la respuesta de Orriols
Desde Vox, la tesis sostenida por Garriga es que la agenda sobre control de la inmigración irregular, la defensa del castellano como lengua de uso público y el rechazo a determinadas políticas de acogida fueron articuladas primero por el partido de Santiago Abascal, y que Aliança Catalana las ha incorporado sin atribución. Orriols, por su parte, ha defendido públicamente que su proyecto político nace de una tradición soberanista catalana que antecede a Vox y que las coincidencias programáticas son consecuencia de responder a los mismos problemas percibidos por la ciudadanía, no de imitación. Ninguna de las dos formaciones ha aportado, en el marco de este intercambio, documentación que acredite la cronología de sus respectivas propuestas.
La fractura estructural entre ambas organizaciones no reside en las políticas de inmigración sino en la cuestión territorial: Vox rechaza explícitamente la independencia de Cataluña y cualquier forma de soberanismo; Aliança Catalana se define como una fuerza estrictamente independentista. Esa coordenada opuesta es la principal línea de separación entre ambas, por encima de cualquier convergencia programática, y es también el argumento central que Orriols utiliza para negar la acusación de imitación: un partido que asume la autodeterminación de Cataluña y uno que la combate no pueden compartir, según esa lógica, el mismo ADN político.
La función estratégica del plagio programático
En política comparada, las acusaciones de copia programática tienen un propósito preciso: deslegitimar al rival ante su propio electorado potencial. Si un votante concluye que Aliança Catalana no es más que un Vox con estelada, puede optar por el partido original; si, en cambio, percibe que fue Vox quien absorbió tardíamente el discurso identitario catalán de derechas, la ventaja competitiva se invierte. La batalla por la paternidad de las ideas es, en la práctica, una batalla por la credibilidad de marca ante un electorado que los politólogos encuadran en el segmento de la derecha radical o derecha populista, categoría analítica consolidada en la literatura académica europea desde los trabajos de Cas Mudde (2004) sobre el concepto de partido de derecha radical.
Un patrón con precedentes en Europa
La disputa tiene antecedentes documentados en el contexto europeo. En Bélgica, la tensión entre el Vlaams Belang flamenco y partidos conservadores de ámbito federal por la autoría de propuestas sobre inmigración y seguridad se reprodujo de forma recurrente durante la década de 2000. En Italia, la competencia entre la Lega Nord —de base territorial— y Alleanza Nazionale —de ámbito estatal— generó conflictos análogos sobre quién definió primero el discurso restrictivo en materia migratoria, antes de que ambas corrientes confluyeran en coaliciones de gobierno. La experiencia comparada muestra que estas disputas rara vez se resuelven con evidencia documental y que, en la mayoría de los casos, ambas partes se benefician de mantener vivo el debate, dado que amplifica su visibilidad ante votantes que comparten esas preocupaciones.
Marco normativo y ausencia de árbitro
El ordenamiento jurídico español no contempla un mecanismo de protección de la propiedad intelectual aplicable a las propuestas electorales o programas políticos: la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996) excluye de protección las ideas, los procedimientos y los conceptos matemáticos o científicos en cuanto tales, amparando únicamente su expresión formal. La Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos tampoco establece ningún régimen de originalidad programática. En consecuencia, la acusación de Garriga carece de cauce legal para prosperar y se sostiene únicamente en el terreno político. Aliança Catalana tampoco ha respondido con un dossier cronológico que acredite la secuencia de sus posiciones, de modo que el debate permanece abierto y sin árbitro institucional.
Próximos ciclos electorales como campo de verificación
La intensidad de esta disputa anticipa que la competencia entre ambas formaciones se agudizará en los próximos ciclos. Las elecciones municipales y europeas de 2027, así como las autonómicas catalanas previstas dentro del mandato actual —que concluye en 2028 salvo disolución anticipada—, constituirán el escenario en el que los votantes arbitrarán, con papeletas, la cuestión que Garriga ha planteado con palabras. Si Aliança Catalana consolida su crecimiento, la presión sobre Vox para diferenciarse en ese espacio aumentará; si Vox recupera terreno, la narrativa de originalidad de Orriols quedará bajo mayor escrutinio. La pregunta de fondo —si existe una agenda política genuinamente original en nichos ideológicos estrechos, o si la convergencia programática es la lógica inevitable de responder a las mismas demandas electorales— es la que, en última instancia, determina si el reproche de Garriga describe una infracción o, sin pretenderlo, la mecánica ordinaria de toda competencia política.
