La iniciativa se enmarca en la Estrategia Europea de Protección Digital de la Infancia, que la Comisión adoptó en marzo de 2025 y que hasta ahora se había traducido en recomendaciones no vinculantes. El salto a una propuesta legislativa vinculante responde, según fuentes comunitarias, a tres factores convergentes: la presión de al menos diez Estados miembros liderados por Francia y España, la aprobación en Australia de una ley que fija la edad mínima de acceso en 16 años, y la acumulación de estudios epidemiológicos que vinculan el uso intensivo de redes sociales con el deterioro de la salud mental de los adolescentes.
Un panel de expertos en salud digital, neurociencia del desarrollo y regulación tecnológica presentará su informe final antes de julio. El grupo, compuesto por 21 especialistas de 14 nacionalidades, ha estado trabajando desde septiembre de 2025 bajo la coordinación de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG CONNECT).
La verificación de edad es el nudo técnico de la propuesta. La Comisión ha financiado un proyecto piloto de aplicación de verificación que se está probando en diez países, incluido España, desde enero de 2026. El sistema funciona mediante un mecanismo de doble verificación: el menor y un progenitor o tutor deben confirmar su identidad a través de un servicio certificado de identidad digital, sin que la plataforma acceda directamente a los datos personales. Francia probó un sistema similar en 2025 con resultados mixtos: funcionó técnicamente, pero generó un mercado negro de cuentas verificadas y VPN para menores.
Las big tech ya han anticipado su oposición. Meta, TikTok, Snap y X han remitido a la Comisión un documento conjunto a través de DigitalEurope, la patronal del sector, en el que argumentan que la prohibición por edad es «técnicamente ineficaz, jurídicamente desproporcionada y pedagógicamente contraproducente». Proponen en su lugar un modelo de «acompañamiento digital» en el que las plataformas ofrezcan versiones adaptadas para menores con controles parentales reforzados. La respuesta de Von der Leyen ha sido directa: las plataformas han tenido años para autorregularse y han elegido maximizar el tiempo de pantalla de los menores en lugar de protegerlos.
El debate sobre la edad mínima no está cerrado. Francia defiende los 15 años, que coinciden con la edad de consentimiento digital establecida en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). España ha planteado los 16 años, alineándose con el modelo australiano. Alemania y los países nórdicos prefieren un enfoque de clasificación por contenidos antes que una prohibición por edad. Italia, que aprobó en 2025 una ley que obliga a las plataformas a verificar la edad sin fijar un mínimo concreto, defiende dejar la cifra exacta a cada Estado miembro.
La propuesta legislativa adoptaría probablemente la forma de un reglamento, directamente aplicable en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición, para evitar la fragmentación normativa que lastraría la Ley de Servicios Digitales (DSA) si cada país fijara su propia edad mínima. El Parlamento Europeo ha mostrado una disposición favorable: una resolución no legislativa aprobada en febrero de 2026 pidió a la Comisión que actuara antes de fin de año.
Detrás de las cifras y los marcos regulatorios hay un dato que condiciona todo el debate: según el último Eurobarómetro sobre bienestar digital publicado en abril de 2026, el 78% de los padres europeos considera que las redes sociales son perjudiciales para sus hijos, pero solo el 34% utiliza algún tipo de control parental. La brecha entre la percepción del riesgo y la acción protectora individual es precisamente el argumento que la Comisión esgrime para justificar una intervención regulatoria de ámbito comunitario.
Si el calendario se cumple, la propuesta llegaría al Parlamento Europeo y al Consejo en otoño de 2026, con una tramitación acelerada que podría permitir su aprobación antes de las elecciones europeas de 2029. Von der Leyen ha convertido la protección digital de la infancia en una de las señas de identidad de la segunda mitad de su mandato, una apuesta que combina rentabilidad política inmediata con un desafío técnico y jurídico de primera magnitud.
