Robles, por su parte, defendió que «Ceuta y Melilla son españolísimas y no se las toca» y sostuvo que un episodio de estas características «no se puede repetir», según las mismas informaciones. La coincidencia entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico ceutí —dirigido por el Partido Popular— en la caracterización del episodio resulta llamativa en un asunto que suele dividir a ambas administraciones por la reclamación local de más medios y coordinación con Rabat.
La frontera de Ceuta, junto con la de Melilla, constituye la única línea terrestre de la Unión Europea con el continente africano, un hecho geográfico que convierte a ambas ciudades autónomas en un punto de fricción recurrente entre Madrid y Rabat. La valla, reforzada en sucesivas ocasiones desde los años noventa, ha sido escenario de entradas masivas que han coincidido con periodos de tensión bilateral.
Del precedente de 2021 al giro sobre el Sáhara
El antecedente más citado es el de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta en pocas horas en un episodio que el Gobierno de Pedro Sánchez calificó entonces de agresión a la soberanía nacional, en plena crisis diplomática vinculada al Sáhara Occidental. Aquel episodio marcó un punto de inflexión y desembocó, en marzo de 2022, en el giro español respecto al estatus del territorio, que Madrid pasó a considerar compatible la propuesta marroquí de autonomía como base de solución. Ni el Gobierno español ni el marroquí han confirmado oficialmente que el repunte actual responda a una instrumentalización política similar.
Ceuta, con una población en torno a los 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística, cuenta con una capacidad de acogida limitada, concentrada en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que en periodos de alta presión ha superado reiteradamente su capacidad nominal, obligando a habilitar espacios alternativos en instalaciones deportivas o militares.
El marco normativo que rige estas situaciones combina la Ley de Extranjería, la normativa europea de asilo y los acuerdos bilaterales de readmisión con Marruecos, que fijan las condiciones para la devolución de quienes entran de forma irregular. La práctica de los rechazos en frontera —las llamadas devoluciones en caliente— fue avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2020 en un caso relativo a Melilla y bajo determinadas condiciones, un precedente jurídico que sigue condicionando la actuación de las fuerzas de seguridad en el perímetro.
El Gobierno de Ceuta, en manos del PP desde hace más de dos décadas, ha reclamado en ocasiones anteriores una mayor implicación del Ejecutivo central y de la Unión Europea en la gestión de una frontera que consideran de responsabilidad compartida, dado su carácter de frontera exterior comunitaria. Bruselas, a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), mantiene en Ceuta y Melilla una presencia inferior a la desplegada en otras rutas, como la del Mediterráneo central.
Ceuta y Melilla constituyen un caso singular dentro de la Unión desde la adhesión de España a la Comunidad Europea en 1986: son sus únicas fronteras terrestres con África y no se integran en el espacio Schengen en idénticas condiciones que el resto del territorio español, lo que genera un régimen jurídico y operativo diferenciado que ha sido objeto de debate en el Parlamento Europeo.
Ni el Ministerio del Interior ni el de Asuntos Exteriores han ofrecido públicamente un balance detallado de las entradas registradas en los últimos días, un refuerzo concreto de efectivos de la Guardia Civil en el perímetro ni detalles sobre gestiones diplomáticas específicas emprendidas con Rabat a raíz del repunte. La ausencia de cifras oficiales dificulta contrastar la magnitud real de la situación con episodios anteriores.
Desde el Ejecutivo autonómico tampoco se ha precisado públicamente qué medidas concretas se reclaman al Gobierno central más allá de un refuerzo de la vigilancia fronteriza y una mayor coordinación con Marruecos. La ciudad autónoma ha convocado una reunión de coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado para evaluar refuerzos de personal y medios en las próximas jornadas.
La evolución de los próximos días será determinante para calibrar si se trata de un repunte puntual o del inicio de un episodio de mayor calado, similar al de 2021. El pronunciamiento que hagan Interior y Exteriores, así como la respuesta que dé Rabat, marcarán el rumbo de un asunto que vuelve a situar la frontera sur en el centro de la relación bilateral.
