Según el relato de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando la mujer se desplazaba por uno de los pasillos del centro comercial hacia un punto de servicios financieros con el propósito de realizar una consignación. En ese trayecto habría sido abordada por el sospechoso, quien la habría intimidado con un arma cortopunzante y gas pimienta para despojarla del bolso donde transportaba el dinero en efectivo.
Los gritos de auxilio de la víctima y la reacción de otros visitantes alertaron a las patrullas de la Reacción Bancaria que se encontraban cerca realizando labores de vigilancia. Los uniformados iniciaron una persecución que terminó con la captura del hombre a pocos metros de una de las entradas del establecimiento, antes de que lograra huir del sector.
El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, atribuyó la intervención oportuna a «las voces de auxilio y a la llamada de la ciudadanía», lo que permitió que la Reacción Bancaria «lograra la captura de este ciudadano», según su declaración recogida por la institución.
En el procedimiento, los uniformados recuperaron los $42 millones en efectivo que la víctima llevaba consigo, además de incautar el arma cortopunzante y el gas pimienta que presuntamente fueron utilizados en la comisión del delito. La Policía informó que «durante el procedimiento se logró la recuperación de 42 millones de pesos en efectivo, así como la incautación del arma cortopunzante y del gas pimienta utilizados en la comisión del delito». Los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Las verificaciones realizadas por la Policía en sus bases de datos revelaron que el hombre cuenta con antecedentes por hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, conductas por las cuales habría registrado, además, períodos de reclusión en establecimientos carcelarios. Ese historial, sin embargo, no determina por sí mismo el desenlace del actual proceso, que deberá surtir las etapas del Código de Procedimiento Penal.
Cómo avanza el proceso penal
El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se defina si hay mérito para solicitar ante un juez de control de garantías la audiencia de imputación por el delito de hurto. Conforme al sistema penal acusatorio vigente desde la Ley 906 de 2004, el hombre mantiene la condición de indiciado hasta que se surta esa audiencia; solo entonces podría pasar a la de imputado y, si la Fiscalía radica el escrito de acusación, a la de acusado.
En esa etapa, el ente acusador podría solicitar una medida de aseguramiento si el fiscal del caso la considera procedente por riesgo de fuga u obstrucción a la justicia. Dicha medida, contemplada en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, tiene naturaleza estrictamente cautelar y no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del procesado, quien conserva la presunción de inocencia mientras no exista sentencia en firme. La defensa del capturado no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos.
Los hurtos con intimidación en centros comerciales de la capital han sido objeto de atención reiterada por las autoridades metropolitanas, en especial en zonas de alto tránsito peatonal como Kennedy, una de las localidades más pobladas de Bogotá. La Policía ha reforzado en los últimos años el despliegue de unidades de Reacción Bancaria en inmediaciones de entidades financieras y centros comerciales, precisamente para atender casos de personas que transportan sumas considerables en efectivo.
El caso se inscribe en un debate recurrente en Colombia sobre la reincidencia y la denominada «puerta giratoria», que ganó relevancia con la Ley 1142 de 2007 —conocida como ley de convivencia y seguridad ciudadana— y con las reformas posteriores que endurecieron el tratamiento de la reincidencia en delitos de alto impacto. Esa discusión ha reaparecido en distintas administraciones de la Alcaldía de Bogotá al abordar la seguridad en el espacio público.
La Fiscalía General de la Nación deberá determinar en las próximas horas la fecha de la audiencia de imputación, en la cual se conocerá formalmente la calificación jurídica de los hechos y la posición de la defensa. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que reporte a través de la línea 123 cualquier situación que afecte la seguridad o la convivencia, un canal habilitado las 24 horas.
