El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el sector. En la grabación, que circuló en redes sociales, se escucha al conductor repetir "¡No me maten, no me maten!" mientras intentaba convencer a sus agresores de no atentar contra su vida. Pese a la súplica y a la entrega del vehículo, los atacantes abrieron fuego y el hombre cayó herido sobre la vía.
Las imágenes, que hoy forman parte del material probatorio recopilado por las autoridades, muestran que la víctima hizo un último esfuerzo por sobrevivir: se levantó tras los primeros impactos y corrió varios metros tratando de alejarse. Según la grabación, los atacantes continuaron disparándole mientras emprendían la huida con el carro en movimiento. Imágenes posteriores, también difundidas, mostraron al hombre desvanecido sobre el pavimento.
Tras recibir el reporte del ataque, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un plan candado en el norte de la ciudad para ubicar el vehículo robado. La estrategia, que consiste en el despliegue coordinado de unidades en puntos de control y vías de salida ante un delito en curso, permitió localizar el automóvil minutos después e iniciar la persecución.
La fuga terminó sobre la calle 183 con carrera Séptima, donde los ocupantes perdieron el control, chocaron contra un separador vial y el carro terminó volcado. En el lugar, los uniformados capturaron a los dos hombres y, durante el procedimiento, incautaron una pistola que, según la investigación preliminar, habría sido el arma utilizada para disparar contra el conductor. "Aquí no le daremos tregua a la delincuencia", afirmó la Policía Metropolitana de Bogotá en su reporte del operativo.
Según las primeras indagaciones de la Policía Metropolitana, los capturados habrían solicitado el servicio de transporte por aplicación con la intención de robar el vehículo desde el inicio. La cercanía temporal entre el crimen y la captura —consumada pocos minutos después del ataque— fue determinante para la recuperación del automóvil y la identificación de los presuntos responsables.
El trámite penal por delante
El caso queda en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad competente para definir la imputación de cargos. En el sistema penal acusatorio colombiano, vigente desde la Ley 906 de 2004, cuando media una captura en flagrancia —como apunta la persecución inmediata y la incautación del arma— la Fiscalía dispone de 36 horas para presentar a los detenidos ante un juez de control de garantías, que decide sobre la legalización de la captura y la eventual medida de aseguramiento. De prosperar la acusación, los dos hombres podrían enfrentar procesos por homicidio agravado y hurto calificado y agravado, tipificados en los artículos 104 y 240 del Código Penal, que prevén penas más altas cuando el hecho se comete con armas de fuego y mediante engaño para atraer a la víctima.
Los ataques contra conductores de plataformas de transporte no son un fenómeno nuevo en Bogotá. La Policía Metropolitana ha reportado en años recientes casos de conductores agredidos por pasajeros que piden el servicio con el propósito de robar el vehículo, una modalidad que ha llevado a las empresas del sector a reforzar protocolos de verificación de usuarios y a las autoridades a insistir en recomendaciones de seguridad, sobre todo en horarios nocturnos y hacia sectores periféricos de la ciudad.
El Codito es una zona popular ubicada en las estribaciones de los cerros orientales de Usaquén, con acceso limitado por vías estrechas y poca iluminación en varios tramos, condiciones que suelen dificultar tanto la respuesta policial como la identificación de vehículos en fuga. En este caso, sin embargo, el plan candado permitió interceptar el carro a pocos kilómetros del lugar del crimen.
Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha informado si los dos capturados tienen antecedentes judiciales en el país ni si existen otras denuncias asociadas a esta modalidad. Tampoco se ha precisado si la investigación contempla la participación de más personas en la planificación del hecho. Las autoridades no han identificado públicamente a la víctima ni han detallado si tenía dependientes económicos o vínculos con asociaciones de conductores.
El caso reabre el debate sobre la seguridad de los conductores de plataformas tecnológicas en las principales ciudades del país, un asunto discutido en años recientes en el Congreso de la República sin que se haya radicado una regulación integral sobre protocolos de seguridad para el sector. Organizaciones de conductores han reclamado mayor articulación entre las empresas de transporte y la Policía Nacional para prevenir este tipo de ataques.
La Fiscalía deberá determinar en las próximas audiencias si existe mérito para mantener a los dos capturados en detención preventiva mientras avanza el proceso, cuya fase inicial se centrará en establecer la responsabilidad individual de cada uno en el homicidio y en el hurto del vehículo.
