El dato de mortalidad asociada al calor se fue acumulando mes a mes. Ya en junio, las primeras olas de calor dispararon hasta cerca de 900 las muertes vinculadas a las temperaturas extremas de ese mes, según estimaciones difundidas a comienzos de julio. La tendencia se mantuvo y agravó durante julio y agosto, meses en los que España encadenó episodios de calor intenso y prolongado que golpearon con especial dureza a las personas mayores y a quienes padecen patologías cardiovasculares o respiratorias previas.
El sistema que permite estas estimaciones fue desarrollado por el Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Sanidad, que calcula el exceso de mortalidad atribuible a temperaturas extremas mediante modelos estadísticos que comparan los fallecimientos observados con los esperados en condiciones climáticas normales para cada época del año. Estos modelos no identifican causas de muerte individuales, sino que estiman un exceso poblacional achacable al estrés térmico, por lo que las cifras deben interpretarse como aproximaciones epidemiológicas y no como un recuento nominal de víctimas.
La certificación oficial de los récords de temperatura corresponde a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), encargada de elaborar el balance climatológico estacional. Sus series homogéneas en la España peninsular se remontan a mediados del siglo XX, de modo que calificar un verano como el más cálido implica compararlo con siete u ocho décadas de datos. Los veranos de 2022 y 2023 ya habían fijado máximos que este 2026 habría terminado por superar, en línea con una tendencia de calentamiento sostenido que la comunidad científica atribuye al cambio climático de origen humano.
Un Mediterráneo con temperaturas propias del trópico
El calentamiento del mar no es un fenómeno anecdótico. Además de alterar el turismo y las actividades subacuáticas, tiene consecuencias directas sobre los ecosistemas marinos, favorece la llegada de especies invasoras propias de aguas más cálidas y puede intensificar fenómenos como las lluvias torrenciales, al aportar más energía y humedad a la atmósfera. La combinación de un mar recalentado y masas de aire procedentes del norte de África habría sido uno de los factores tras la persistencia de las olas de calor este verano.
España, por su posición en el suroeste de Europa y su proximidad al continente africano, resulta particularmente vulnerable a estas incursiones de aire cálido, un patrón que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) señala como una de las proyecciones más consistentes para la región mediterránea a lo largo del siglo XXI. El servicio de cambio climático europeo Copernicus ha situado a Europa como el continente que se calienta a mayor velocidad del planeta, a un ritmo aproximadamente el doble de la media global según sus informes anuales, lo que coloca a España, Italia, Grecia y Portugal en una posición de especial exposición.
El precedente más citado por los especialistas en salud pública sigue siendo el verano de 2003, cuando una ola de calor histórica azotó Europa occidental y causó, según distintas estimaciones epidemiológicas, varios miles de muertes adicionales en España, entonces sin un sistema de vigilancia tan desarrollado como el actual. Aquel episodio impulsó la creación de los primeros planes de prevención frente a los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud, que desde entonces se activan cada año entre junio y septiembre y que las comunidades autónomas coordinan con el Ministerio de Sanidad.
Estos planes incluyen avisos escalonados por niveles de riesgo, recomendaciones específicas para colectivos vulnerables —personas mayores que viven solas, menores, embarazadas, personas sin hogar y trabajadores al aire libre— y la apertura de espacios climatizados en numerosos municipios. Pese a ello, la mortalidad asociada al calor ha seguido una tendencia al alza en los últimos veranos, algo que distintos especialistas atribuyen tanto al envejecimiento de la población española como a la mayor frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo.
En el plano laboral, desde el ámbito sindical y de la prevención de riesgos se ha reclamado en los últimos meses una revisión de la normativa que regula el trabajo al aire libre durante los episodios de alerta por temperaturas extremas, recogida en el Real Decreto-ley 4/2023, que introdujo la obligación de adaptar las condiciones laborales cuando la Aemet declara avisos naranja o rojo. Las patronales de sectores como la construcción y la agricultura han pedido, por su parte, criterios más flexibles que atiendan a las particularidades de cada actividad y territorio.
El Gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha defendido que España cuenta con una de las estrategias de adaptación climática más avanzadas de Europa, si bien ha reconocido que los fenómenos extremos de los últimos veranos evidencian la necesidad de reforzar la inversión en infraestructuras verdes, sistemas de alerta temprana y renaturalización urbana para mitigar el efecto isla de calor en las grandes ciudades. La adaptación climática figura entre las prioridades de los fondos de cohesión de la Unión Europea y del Pacto Verde, aunque su despliegue efectivo depende en gran medida de la ejecución presupuestaria de cada Estado miembro.
El balance definitivo del verano de 2026 deberá validarse con los datos consolidados que la Aemet y el Instituto de Salud Carlos III publiquen en las próximas semanas, un proceso que suele prolongarse hasta bien entrado el otoño. Esas cifras finales determinarán si el registro de este verano supera efectivamente a los de 2022 y 2023 y permitirán a las autoridades sanitarias y climáticas ajustar los protocolos de prevención de cara al verano de 2027.
