Los residentes que han elevado la voz sostienen que Cruz Roja destina recursos materiales —alimentos, ropa, mantas y atención sanitaria básica— a quienes cruzan la frontera de forma irregular, mientras colectivos como los mayores, las familias con menores o los pequeños comerciantes de la ciudad se enfrentan a un deterioro de la seguridad y la convivencia sin recibir, a su juicio, un respaldo equivalente por parte de la misma entidad. Bajo consignas como «no tienen vergüenza», reclaman que la organización abandone Ceuta.
El malestar vecinal no se limita al reparto de ayuda humanitaria. Se han sumado críticas sobre la gestión interna de la organización, con cuestionamientos sobre las retribuciones de sus directivos y comparaciones con la respuesta dada por Cruz Roja en otras emergencias recientes, como la dana que asoló Valencia en octubre de 2024, la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma en 2021 o los incendios forestales que afectan cada verano a distintas comunidades autónomas. Los vecinos emplean esos episodios para cuestionar la eficacia general de la entidad.
El reproche de una parte de los residentes se extiende también al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de sostener económicamente a una organización que, en su percepción, no atendería con la misma intensidad a la población local. Piden una revisión de los criterios con los que se conceden subvenciones a entidades que intervienen en la gestión migratoria, así como mayor transparencia en la rendición de cuentas de fondos de origen estatal y europeo.
Un marco legal que obliga a atender sin distinción
Cruz Roja Española, fundada en 1863 y presente en España desde 1864, opera bajo los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad que rigen el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, principios que la obligan estatutariamente a atender a toda persona necesitada sin distinción de su situación administrativa. La entidad participa habitualmente en programas de atención humanitaria financiados con fondos públicos, en el marco de convenios con la Secretaría de Estado de Migraciones y otros organismos estatales y autonómicos.
El marco jurídico que regula la actuación de las entidades del tercer sector en materia de acogida a inmigrantes se sustenta en la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España, y en los convenios de colaboración suscritos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que fijan las contraprestaciones económicas a cambio de servicios de primera acogida, manutención y derivación a centros de acogida temporal. Estos convenios se rigen por la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que exige justificación y control del gasto.
Según los registros de subvenciones difundidos, la organización habría recibido en los últimos años miles de ayudas públicas por un importe conjunto de varios cientos de millones de euros. La cifra no ha sido desglosada de forma pormenorizada por la propia entidad ni contrastada de manera independiente, por lo que su distribución concreta entre programas migratorios y el resto de su actividad asistencial no consta con precisión.
Una frontera con antecedentes de presión recurrente
La presión migratoria sobre Ceuta no es un fenómeno nuevo. Ceuta, junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, una condición geográfica que la convierte en un punto de paso históricamente sensible desde la construcción de las vallas fronterizas en la década de 1990. El precedente más citado es el salto masivo de mayo de 2021, cuando miles de personas entraron en pocas horas aprovechando una crisis diplomática entre España y Marruecos.
El Estatuto de Autonomía de Ceuta, de 1995, y su condición de frontera exterior de la Unión Europea la sitúan en el centro de las políticas migratorias comunitarias, reguladas también por el Reglamento de Dublín y el Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado por las instituciones de la UE en 2024. Sucesivos episodios de entradas han coincidido con crisis diplomáticas entre Madrid y Rabat o con repuntes de las salidas desde el norte de África hacia Europa.
Cruz Roja no ha realizado, hasta el momento, declaraciones públicas específicas en respuesta a estas protestas vecinales, por lo que no ha sido posible incorporar su versión. La Delegación del Gobierno en Ceuta y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tampoco han emitido comunicado alguno sobre la reclamación, por lo que se desconoce si el Ejecutivo prevé revisar los convenios de colaboración con la organización en la ciudad autónoma.
Las asociaciones vecinales que han impulsado estas protestas no han facilitado datos oficiales sobre el número de personas movilizadas ni han presentado un escrito formal ante la Delegación del Gobierno, por lo que la reclamación se mantiene, de momento, en el terreno de la protesta social. Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han advertido en otras ocasiones de que este tipo de reclamos, cuando se generalizan, pueden derivar en discursos de estigmatización, un riesgo que el Defensor del Pueblo ha señalado en informes previos sobre la frontera sur.
A falta de una respuesta institucional o de la propia organización, la controversia queda abierta y su evolución dependerá de si las demandas vecinales se trasladan a un cauce formal, como una moción en la Asamblea de Ceuta o una petición dirigida al Defensor del Pueblo, y de si el Gobierno central decide someter a revisión los criterios de reparto de subvenciones a entidades que trabajan en la gestión de la frontera sur.