El hallazgo, divulgado por el MinTIC en un hilo publicado en su cuenta oficial, señala que dos empresas concentraron buena parte de los pagos identificados: 3D Mobile 3DM SAS, con contratos por $1.364 millones, y Prowess SAS, con cerca de $4.998 millones. Ambas firmas habrían prestado servicios relacionados con estrategias digitales financiadas con recursos que, en principio, estaban destinados a fines misionales de las entidades contratantes.
De acuerdo con la cartera de tecnología, el caso más llamativo es un convenio entre Inravisión y el Dapre por $1.500 millones, del cual más de $892 millones habrían sido ejecutados en actividades catalogadas como «plan digital» durante los meses de marzo, junio, julio y agosto de 2026, periodo que coincidió con la recta final de la contienda por la Casa de Nariño. El MinTIC sostuvo que esa coincidencia temporal exige una explicación detallada sobre el criterio con el que se priorizaron esos gastos.
La entidad planteó como principal interrogante por qué recursos originados en el Ministerio de Educación, cuya misión es garantizar cobertura y calidad educativa, terminaron priorizados para financiar pauta y contenidos digitales en lugar de destinarse a los objetivos propios de esa cartera. La misma pregunta se extendió al Dapre, el organismo que presta soporte administrativo directo a la Presidencia de la República. El MinTIC pidió claridad sobre la planeación, la justificación técnica y la supervisión de estos contratos.
Ninguna de las tres entidades se había pronunciado sobre las cifras difundidas por la cartera de tecnología, ni había ofrecido su versión sobre los criterios de contratación cuestionados.
El señalamiento no es un hecho aislado. Según el MinTIC, la revisión de la contratación de Inravisión durante 2026 ha identificado más de 1.051 contratos por un valor superior a los $100.000 millones, cifras que hacen parte de un proceso de análisis más amplio orientado a determinar la pertinencia del gasto y el cumplimiento de los fines públicos de la entidad. Inravisión opera bajo la figura de Sistema de Medios Públicos y recibe recursos de distintas fuentes del Presupuesto General de la Nación, incluidos convenios interadministrativos con otras entidades del Estado, un esquema de financiación cruzada que es precisamente el que ahora examina la cartera.
El marco legal en época electoral
El uso de recursos públicos para pauta digital durante periodos electorales está regulado por un régimen específico en Colombia. La Ley 996 de 2005, conocida como ley de garantías electorales, restringe la contratación directa de las entidades estatales y prohíbe la vinculación de nómina en los meses previos a los comicios, mientras que la Ley 130 de 1994 fija el marco de financiación de partidos y campañas. Corresponde a organismos de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación determinar si hubo irregularidades fiscales o disciplinarias en el manejo de estos contratos, y a la Fiscalía General de la Nación establecer eventuales responsabilidades penales si los hallazgos administrativos lo ameritan.
El MinTIC, como cabeza del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, tiene competencia de vigilancia sobre entidades adscritas como Inravisión, pero no es la instancia que define responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales. La Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de la organización electoral, tampoco tiene competencia directa sobre este tipo de contratos, que corresponden al ámbito administrativo y no al electoral propiamente dicho.
El debate sobre el uso de la contratación estatal con presuntos fines proselitistas tiene precedentes de peso en la historia política reciente del país. El escándalo de la denominada «Ñeñepolítica», que estalló en torno a la campaña presidencial de 2018, derivó en investigaciones de la Fiscalía y del Consejo Nacional Electoral sobre el origen y destino de recursos vinculados a la contienda. En episodios de esta naturaleza las decisiones de los organismos de control y de las altas cortes rara vez han sido inmediatas: varios procesos se han extendido durante años antes de una resolución definitiva.
En el Congreso de la República, la denuncia del MinTIC podría derivar en citaciones a debate de control político, el mecanismo mediante el cual congresistas de distintas bancadas solicitan la comparecencia de funcionarios del Gobierno Nacional para que expliquen el manejo de recursos públicos. Hasta el momento no se ha radicado ninguna proposición en ese sentido, según la información disponible.
Los próximos pasos dependerán de si la Contraloría abre un proceso de responsabilidad fiscal, si la Procuraduría inicia una indagación disciplinaria contra los funcionarios que suscribieron y supervisaron los contratos, o si la Fiscalía decide indagar por posibles delitos contra la administración pública. El MinTIC anunció que continuará con la revisión de los más de 1.051 contratos identificados y que dará a conocer nuevos hallazgos a medida que avance el análisis, sin que hasta ahora se hayan fijado plazos concretos para la conclusión de esa revisión.
