El mensaje de Uribe se produjo a poco más de una semana de la posesión de De la Espriella, prevista para el 7 de agosto, en un momento en que el equipo de empalme del presidente electo perfila los detalles de una reforma del servicio exterior que, según lo anunciado, busca reducir el gasto asociado a la red diplomática del país.
El plan contempla, además del cierre de sedes, la unificación de representaciones: la de Francia con la de la Unesco, y la de Italia con la de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). También incluye la decisión de no abrir una embajada en Palestina.
Uribe apeló a un argumento histórico para justificar el recorte. «En nuestra historia, cuando las comunicaciones eran a mula, remo y vela, teníamos embajadores que atendían varios países. Hoy la revolución comunicacional facilita adelgazar la burocracia para la salud de las finanzas públicas», escribió el exmandatario. En el mismo mensaje sostuvo que Colombia «debería insistir en la reducción de costos en todos los organismos multilaterales».
Un recorte que Uribe ya intentó en 2002
La comparación no es casual. Durante su primer gobierno, iniciado en 2002, Uribe impulsó un proceso de reducción de embajadas y consulados como parte de un programa de austeridad y reorganización del servicio exterior. Años después, durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), varias de esas sedes fueron reabiertas, en el marco de una política de fortalecimiento de la presencia internacional del país que coincidió con el proceso de paz con las FARC y la necesidad de respaldo diplomático en foros multilaterales.
La historia reciente del servicio exterior colombiano muestra así un patrón de apertura y cierre de sedes que responde tanto a las prioridades de cada gobierno como a los ciclos fiscales del Presupuesto General de la Nación. El Ministerio de Relaciones Exteriores administra una red de embajadas, consulados y misiones permanentes cuyo costo ha sido objeto recurrente de debate en el Congreso, en particular en las comisiones segundas de Senado y Cámara, encargadas de la política exterior y de defensa.
Expertos citados por medios locales han señalado que la medida anunciada por el presidente electo no tendría un impacto representativo si el objetivo es reducir de manera sustancial el gasto público, en la medida en que el costo del servicio exterior representa una fracción menor del Presupuesto General de la Nación frente a rubros como el pago de la deuda pública o las transferencias territoriales.
La forma jurídica marcará el alcance
El anuncio de De la Espriella se enmarca en un discurso de campaña que insistió en la necesidad de recortar el aparato estatal y reducir lo que calificó como gastos superfluos, una promesa que deberá materializarse a través de decretos y, eventualmente, de proyectos de ley que requerirían trámite en el Congreso, dependiendo de si las modificaciones afectan la planta de personal diplomático regida por normas de carrera administrativa.
La Cancillería, que según la Constitución Política depende del jefe de Estado en materia de nombramientos diplomáticos, será la entidad encargada de ejecutar el plan una vez posesionado el nuevo gobierno. Cualquier cierre de sede deberá considerar además los compromisos internacionales vigentes, como convenios consulares y acuerdos bilaterales que regulan la protección de connacionales en el exterior, un aspecto sensible dado el volumen de colombianos residentes fuera del país.
El respaldo de Uribe se suma a los pronunciamientos de figuras políticas que han buscado posicionarse frente al gobierno entrante desde antes de su posesión. Voceros de otros sectores políticos no se han pronunciado de manera oficial sobre el plan específico de cierre de embajadas, y De la Espriella no ha detallado públicamente el cronograma de ejecución más allá del anuncio inicial.
De cara a las próximas semanas, el foco estará puesto en el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, así como en las primeras decisiones administrativas que tome De la Espriella tras su posesión. La forma jurídica que adopte la reestructuración —decreto presidencial o reforma con aval legislativo— determinará la velocidad y el alcance real del recorte, que previsiblemente será objeto de debate de control político en las comisiones respectivas del Congreso una vez instalado el nuevo periodo legislativo.
