El documento, que la propia Asamblea había encargado centrar en los asesinatos y daños físicos y mentales causados por agentes estatales, confirma un aumento sostenido de los ataques aéreos israelíes en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque a gran escala de Hamás contra Israel que desencadenó la actual fase del conflicto.
La Comisión aporta una comparación que ilustra la magnitud del cambio: entre 2018 y el 6 de octubre de 2023, seis palestinos habían muerto en ataques aéreos israelíes; entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre pasado, la cifra ascendió a 254 fallecidos, un salto que el órgano de Naciones Unidas atribuye a una intensificación deliberada de las operaciones militares.
"El asesinato y las lesiones infligidas deliberadamente a civiles palestinos, así como la destrucción de viviendas en Cisjordania, más la negativa de Israel a asumir su responsabilidad, forman parte de una estrategia más amplia para exterminar y desplazar a los palestinos e imponerles condiciones de vida insoportables", sostuvo Srinivasan Muralidhar, presidente de la Comisión.
Las operaciones militares israelíes desde enero de 2025 provocaron, según el informe, el mayor desplazamiento de población palestina en Cisjordania desde la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando una coalición de países árabes se enfrentó a Israel y resultó derrotada. La Comisión documenta que más de 34,000 palestinos seguían desplazados en agosto de 2026, sin posibilidad de retorno a sus viviendas.
Los menores de edad figuran entre las principales víctimas de la violencia militar, con daños físicos y mentales que la investigación describe como comparables a los sufridos por los niños en Gaza. Esa constatación lleva a la Comisión a calificar la situación como "actos de persecución contra niños palestinos por motivos de edad", una categoría que agrava la responsabilidad atribuida al Estado israelí en el marco del derecho internacional humanitario.
Gaza: genocidio pese al alto el fuego
Sobre la Franja de Gaza, la investigación concluye que las autoridades y fuerzas israelíes han continuado cometiendo actos de genocidio incluso después del acuerdo de alto el fuego alcanzado hace más de un año, con la intención, según el documento, "de destruir al pueblo palestino, total o parcialmente". La Comisión sostiene que la nueva evidencia recabada refuerza esa conclusión.
El análisis sitúa el origen del conflicto en una lógica de expansión territorial que, a juicio de la Comisión, ha acompañado al Estado de Israel desde su fundación en 1948, cuando se produjo la primera gran oleada de desplazamiento palestino conocida como la Nakba. Esa continuidad histórica, sostiene el órgano investigador, explica por qué los episodios de violencia contra la población civil no serían hechos aislados sino parte de un patrón sostenido durante más de siete décadas.
"La apropiación de la mayor cantidad posible de tierras, al tiempo que se minimiza a la población palestina en términos de tamaño, autonomía y viabilidad, tiene su origen en las políticas colonizadoras de Israel", afirmó Srinivasan Muralidhar, presidente de la Comisión.
Entre sus conclusiones, la Comisión exige a Israel poner fin de inmediato a lo que califica de ocupación ilegal de los territorios palestinos y reclama la devolución de las tierras y propiedades confiscadas a sus legítimos dueños. El documento no se limita a señalar a una sola parte: también denuncia a la Autoridad Palestina por perseguir a disidentes políticos y por no investigar de forma efectiva e imparcial las muertes y heridas sufridas por periodistas y defensores de derechos humanos a manos de sus propias fuerzas de seguridad.
El mandato con el que se creó la Comisión en 2021 la concibió como un mecanismo permanente de investigación sobre las causas profundas del conflicto israelí-palestino, a diferencia de las misiones puntuales que la ONU había desplegado en ocasiones anteriores tras episodios de violencia en Gaza o Cisjordania. Esa condición de órgano de carácter continuo le permite documentar patrones a lo largo del tiempo en lugar de responder a un solo episodio.
El informe se suma a un expediente internacional que se ha ido ampliando en los últimos años, con pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional sobre distintos aspectos de la actuación israelí en los territorios ocupados. El gobierno israelí ha rechazado de forma reiterada en el pasado las conclusiones de la Comisión por considerarla parcial.
Los mecanismos multilaterales de fiscalización de derechos humanos operan de forma simultánea en distintos continentes, como refleja también la agenda regional americana con las 29 audiencias de derechos humanos que la Cidh celebra en Panamá hasta el viernes.
El informe quedará sometido al debate de los Estados miembros en la Asamblea General de la ONU, el foro donde Muralidhar lo presenta este lunes y donde las delegaciones fijarán posición sobre sus conclusiones y recomendaciones.
