De la Espriella detalló una cronología precisa de los hechos sobre la amenaza, que situó en la primera dama, Ana Lucía Pineda Aruachán, y en los hijos de la pareja:
«El 18 de octubre de 2026, a las 10.12 horas (hora local), un delincuente amenazó de muerte a mi esposa y a mis hijos. A las 12.23 de ese mismo día se radicó la denuncia. El 19 de octubre, a las 23.57, se hizo efectivo el allanamiento y la captura del responsable», escribió el presidente colombiano.
El mandatario precisó que la Fiscalía General imputó al detenido por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tipificado en el artículo 376 del Código Penal colombiano, tras hallarse marihuana durante el registro domiciliario. El segundo cargo corresponde al artículo 188E, que castiga las amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, categoría bajo la que el caso quedó encuadrado al tratarse de la familia del jefe del Estado.
La imposición de la medida se resolvió en una audiencia de control de garantías celebrada por videoconferencia, cuya grabación enlazó el propio De la Espriella en su publicación. En ella, el juez responsable del caso justificó la decisión con una fórmula habitual del procedimiento penal colombiano.
«Accede a la pretensión elevada por parte de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión», afirmó el juez durante la vista telemática.
La prisión preventiva, conocida en el sistema procesal colombiano como medida de aseguramiento, se dicta en función del riesgo de fuga, la posible obstrucción a la justicia o el peligro para la víctima, y no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad del investigado, que conserva la presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme. El hombre deberá responder ante la justicia en las siguientes fases del proceso, que determinarán si los cargos imputados se convierten en acusación formal.
De la Espriella enmarcó el episodio en un mensaje más amplio sobre la seguridad de las familias colombianas. «Las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables», sostuvo el presidente en la misma publicación en la que narró los hechos, vinculando el ataque personal con la situación de orden público que atraviesa el país.
El caso coincide con un momento de intensa actividad de las autoridades contra el crimen organizado, que incluye operaciones de gran magnitud contra el narcotráfico, como la incautación de más de siete toneladas y media de cocaína en Cartagena de Indias, presentada por el Gobierno como la mayor de la última década en esa ciudad portuaria. El procedimiento seguirá su curso ante la jurisdicción penal ordinaria colombiana tras la imposición de la medida de aseguramiento.
