El incremento se tramitaría vía decreto en una de las reuniones de los llamados 'martes sociales' del Consejo de Ministros. Quedaría por debajo de la revalorización de «al menos» el 7% que han reclamado los sindicatos UGT y CC.OO., y más alineado con el ritmo de la inflación. La subida se sumaría a otras medidas que el Ejecutivo pretende aprobar antes de los comicios para su posterior ratificación por la Diputación Permanente.
Entre esas medidas figura el alza del 4,5% para los funcionarios pactada con los sindicatos para 2027, anunciada este martes, además de mejoras en permisos para parejas con hijos, en bajas laborales de mujeres con patologías asociadas a la menopausia y en pensiones de viudedad para víctimas del terrorismo, de violencia de género y para huérfanos.
El calendario tiene una consecuencia política directa: al producirse la revalorización en plena campaña electoral, Trabajo evitará el habitual choque con el Ministerio de Economía que ha marcado las anteriores subidas del SMI. Esa fricción ha sido una constante desde que el salario mínimo inició su escalada en 2019, cuando partía de 900 euros mensuales en catorce pagas.
Houngbo, González-Olaechea y 56 votos
La carrera por la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, enfrenta a Yolanda Díaz con el director general en ejercicio, el togolés Gilbert Houngbo, y con el diplomático peruano Javier González-Olaechea. La decisión recae en el Consejo de Administración del organismo, compuesto por 56 votos repartidos entre representantes de 28 gobiernos, 14 delegados sindicales y 14 empresariales.
Díaz tiene asegurado el respaldo sindical y busca sumar apoyos entre gobiernos como Brasil o China, mientras el bloque de países africanos permanece alineado con Houngbo. Gobiernos europeos como el de Italia tratan de evitar que perfiles cercanos a Pedro Sánchez ocupen cargos internacionales de relieve. De ganar, Díaz se convertiría en la primera mujer en presidir la OIT.
El puesto conlleva un sueldo anual superior a los 300.000 euros, más complementos por situación familiar. Quien resulte elegido el 16 de noviembre no tomaría posesión hasta noviembre de 2027. Fuentes cercanas a la ministra no descartan que, de no reunir los apoyos suficientes, Díaz dé un paso atrás y negocie un puesto de dirección adjunta en el organismo de Naciones Unidas.
La OIT atraviesa una crisis presupuestaria tras la decisión de países como Estados Unidos de dejar de abonar sus cuotas, lo que ha dejado un agujero cercano a los 400 millones de euros. Díaz presentó su candidatura apelando a su condición de mujer al frente de una institución en crisis, con el argumento: «Soy mujer. Sé lo que es estar al mando de un mundo en crisis». En los últimos meses ha mantenido un perfil bajo en asuntos como la crisis de Ceuta y los casos de corrupción que afectan al Gobierno del que forma parte.
Ruptura del diálogo social con Garamendi
La defensa del diálogo social fue uno de los argumentos centrales que esgrimió Díaz para sostener su candidatura, en contraste con la relación que mantiene con la patronal española. Desde que entró en vigor la reforma laboral de 2021 —el último gran acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y empresarios—, Trabajo ha impulsado 272 normas laborales, en su gran mayoría sin ese consenso de tres partes.
Ese proceder ha enfrentado a la ministra con la patronal que dirige Antonio Garamendi y ha provocado la ruptura del diálogo social, décadas de un ritmo negociador que han construido la norma laboral y el estado de bienestar en España. En paralelo, Trabajo impulsó o respaldó reformas del Estatuto de los Trabajadores y normas de otros departamentos, como la ley del 'solo sí es sí', la 'ley trans' o la ley de Familias.
La oposición patronal a las políticas de Díaz se replica ahora en el terreno internacional. Las empresas rechazan su candidatura por sus políticas intervencionistas en el mercado de trabajo, y varios gobiernos europeos, con Italia a la cabeza, buscan frenar su acceso a la OIT, en un episodio que traslada la disputa doméstica entre Gobierno y empresarios a los organismos multilaterales.
Novena revalorización desde 2018
La subida del salario mínimo se produce en un contexto de indicadores dispares. El Ibex 35 defiende los 19.000 puntos pese al Brent por encima de los 110 dólares, mientras el mercado laboral muestra fortaleza en sectores como el turismo, que encadena cinco meses con más de tres millones de cotizantes. Una subida del 5% supondría una nueva revalorización en la escalada iniciada en 2018, cuando el indicador se situaba en 735,9 euros mensuales en catorce pagas.
El ritmo de subida del salario mínimo enfrenta tradicionalmente a dos posiciones: la de los sindicatos, que reclaman que el SMI alcance el 60% del salario medio conforme a la Carta Social Europea, y la de las organizaciones empresariales, que advierten del impacto en la contratación de las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno ha defendido en subidas anteriores que el SMI no ha tenido un efecto negativo apreciable sobre el empleo.
El mecanismo electoral de la OIT concentra la decisión en el Consejo de Administración, que elige entre los tres candidatos por mayoría de sus 56 miembros. La votación, fijada para el 16 de noviembre, se produce apenas dos semanas antes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre, un calendario que entrelaza la agenda electoral interna con la proyección internacional de la vicepresidenta segunda del Gobierno.
