El impuesto sobre la afección medioambiental es la única figura tributaria propia que mantiene vigente la Comunidad tras la supresión del gravamen sobre vertederos, y hasta ahora recaía en exclusiva sobre las infraestructuras vinculadas a la eólica, la hidroeléctrica y el transporte eléctrico en alta tensión. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, extiende su ámbito de aplicación a los grandes parques fotovoltaicos y suma también las redes fijas de telecomunicaciones como sujetos pasivos del tributo.
La Junta defiende la reforma apelando a la trayectoria del propio impuesto desde su creación y a la necesidad de adaptarlo a la realidad actual del territorio, en referencia a actividades cuyos efectos, sostiene, resultan ya evidentes para los vecinos.
"Actividades para las que resulta patente a la ciudadanía que están generando costes sociales y medioambientales, como son los parques fotovoltaicos", sostiene el Gobierno de Castilla y León en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027.
La expresión impuesto al sol se popularizó en España a partir de 2015, cuando el Gobierno central introdujo mediante real decreto un peaje de respaldo a la generación de autoconsumo eléctrico. Aquella figura, contestada por instaladores, asociaciones de consumidores y el sector de las renovables, fue derogada en 2018. La fórmula que plantea ahora Castilla y León es distinta en su diseño —no recae sobre el autoconsumo doméstico, sino sobre las grandes instalaciones de generación—, pero reabre la controversia sobre la carga fiscal que soportan las energías limpias en las comunidades autónomas.
Castilla y León figura entre las regiones españolas con mayor potencia fotovoltaica instalada, al amparo de la disponibilidad de suelo y de la tramitación de proyectos de gran escala promovidos por inversores nacionales e internacionales. La ampliación del tributo incide directamente sobre esa actividad, en un contexto en el que el sector solar viene reclamando estabilidad normativa para sostener la rentabilidad de inversiones a largo plazo.
La reforma fiscal se suma a otras medidas con las que los Ejecutivos autonómicos de PP y Vox marcan perfil propio, en paralelo a iniciativas como la gira de Santiago Abascal por Menorca, Mallorca e Ibiza en plena precampaña. En Castilla y León, ambas formaciones comparten gobierno desde 2022, cuando sellaron la primera coalición autonómica de Vox en España.
El proyecto de ley se encuentra en tramitación en las Cortes de Castilla y León, donde PP y Vox cuentan con la mayoría necesaria para aprobarlo. El texto, que incorpora esta y otras modificaciones tributarias, financieras y administrativas para el ejercicio 2027, está disponible en la sede electrónica de la Junta.
