El estudio parte de una cifra de solicitudes de regularización que, según publicó el diario The Objective, ascendería finalmente a 1,17 millones de personas, muy por encima de la horquilla que el Gobierno manejó cuando presentó la medida. De ese total, en torno a 400.000 solicitantes habrían llegado desde otros países del espacio europeo para acogerse al proceso, pese a que uno de los requisitos exigidos era acreditar una residencia previa en España de al menos cinco meses.
Ese desfase entre la previsión inicial y el volumen de solicitudes registradas es lo que ha llevado a los autores del informe a proyectar el efecto de la reagrupación familiar, un mecanismo previsto en la Directiva 2003/86/CE del Consejo de la Unión Europea, que regula el derecho de los residentes legales de terceros países a reunirse con cónyuges, hijos menores y, en determinados supuestos, ascendientes. España traspuso esa norma a su ordenamiento a través de la Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento de desarrollo, que fijan los requisitos de ingresos, vivienda y tiempo de residencia previa para poder ejercer ese derecho.
Según las estadísticas de la Comisión Europea citadas en el informe, aproximadamente un tercio de los permisos de residencia concedidos a ciudadanos de terceros países en el conjunto de la Unión corresponde a la vía de reagrupación familiar, lo que equivaldría, de forma aproximada, a un familiar adicional por cada dos personas que obtienen un permiso por otras causas. Aplicando esa proporción a las cifras españolas, los autores calculan que los 1,17 millones de regularizados podrían traer consigo, en los próximos años, a alrededor de 600.000 familiares más.
Los propios investigadores califican esa cifra de estimación conservadora. Alejandro Macarrón, responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS y vinculado a la difusión del informe, sostiene que el resultado final podría superar ampliamente esa previsión si España mantiene un comportamiento similar o más favorable que la media comunitaria en el uso de este mecanismo. A su juicio, la afinidad lingüística con buena parte de los países hispanoamericanos facilitaría que muchos de los regularizados opten por reagrupar a sus familias en España antes que en otros socios europeos. Los autores del documento definen además la reagrupación como una vía que ha favorecido con los años la inmigración en cadena, con un efecto multiplicador que, según su análisis, no siempre pondera criterios de integración o mérito individual.
Un marco competencial que el informe propone revertir
El documento va más allá del diagnóstico numérico y plantea una revisión de fondo del marco competencial europeo en materia migratoria. Sus autores defienden que las competencias sobre inmigración e integración deberían recaer de forma exclusiva en los Estados miembros, y proponen limitar la intervención de las instituciones comunitarias, revisar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia y suprimir los fondos europeos destinados a programas de integración, a los que consideran condicionados por un enfoque ideológico determinado.
Esas propuestas no cuentan con reflejo en la actual arquitectura normativa de la Unión, donde la política migratoria es una competencia compartida entre la UE y los Estados miembros desde el Tratado de Ámsterdam de 1997 y, posteriormente, el Tratado de Lisboa de 2007, que consolidó el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Cualquier modificación sustancial de ese reparto requeriría una reforma de los tratados, un proceso que exige unanimidad entre los Veintisiete y que no figura en la agenda de la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, centrada en la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo aprobado en 2024.
El debate sobre la reagrupación familiar como vía de entrada no es nuevo en la Unión. Desde la aprobación de la directiva de 2003, varios Estados miembros —entre ellos Dinamarca, Países Bajos y Alemania— han endurecido en distintos momentos los requisitos de ingresos mínimos, dominio del idioma o vivienda adecuada exigibles para reagrupar a un familiar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha matizado en varias sentencias el margen de los Estados para restringir ese derecho, recordando que la propia directiva concibe la reagrupación como un instrumento necesario para la integración de los residentes legales.
En España, la reagrupación familiar ha sido históricamente uno de los principales cauces de llegada de población extranjera, junto con la vía laboral y el arraigo. El precedente más citado es el llamado proceso de normalización de 2005, aprobado bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que regularizó entonces a alrededor de 570.000 personas y que en su momento generó un debate similar sobre su posible efecto llamada y su impacto posterior por reagrupación.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha ofrecido hasta la fecha una cifra oficial de solicitudes definitivas del proceso, ni ha respondido públicamente a las proyecciones sobre reagrupación familiar contenidas en el informe. En anteriores comparecencias, fuentes del departamento que dirige Elma Saiz han defendido que la regularización responde a una necesidad estructural del mercado laboral español, señalando el déficit de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería o los cuidados de larga duración, y han remitido a informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el impacto de la inmigración en la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Organizaciones especializadas como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Cáritas han defendido en el pasado que la reagrupación familiar constituye un derecho reconocido en tratados internacionales y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vinculado a la protección de la vida familiar, y no un mecanismo irregular de entrada, dado que exige acreditar recursos económicos suficientes y una situación de residencia legal previa. Estas entidades advierten contra la equiparación entre inmigración regularizada y presión migratoria descontrolada, subrayando que ambos procesos están sometidos a controles administrativos diferenciados.
El seguimiento del proceso entrará en una fase decisiva en los próximos meses, cuando el Ministerio publique cifras definitivas y desagregadas por nacionalidad de los expedientes resueltos, un dato que permitirá contrastar con mayor precisión las proyecciones del informe. Hasta entonces, tanto el alcance real del proceso como su composición por país de origen —clave para valorar cuántos regularizados proceden del espacio Schengen frente a terceros países— seguirán siendo objeto de estimaciones y de debate político entre el Gobierno y la oposición.
