La orden publicada en el BOE justifica la reintroducción de controles en "la elevada presión registrada en la ruta del Mediterráneo central", en referencia a los flujos migratorios que alcanzan las costas italianas desde el norte de África. El argumento sitúa la decisión española dentro del marco que permite a los Estados del espacio Schengen restablecer de forma temporal controles en sus fronteras interiores cuando concurren circunstancias excepcionales que afectan al orden público o la seguridad interior, según el Código de Fronteras Schengen (Reglamento UE 2016/399).
El detonante inmediato es la situación en Ceuta, donde en las últimas semanas se ha registrado una llegada intensa de personas migrantes, muchas de ellas procedentes de Sudán, país que atraviesa lo que Naciones Unidas ha calificado como una de las peores crisis humanitarias del mundo. El desacuerdo entre Madrid y Roma se enmarca en un debate largamente enquistado sobre la responsabilidad en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo, que enfrenta desde hace años a los países de la ribera sur de la Unión Europea.
El Gobierno de Meloni calificó la decisión española de "incomprensible", según trascendió de fuentes del Ejecutivo transalpino. Roma sostiene que la presión migratoria que soporta Italia no puede emplearse como justificación para imponer restricciones a viajeros procedentes de su territorio, y reclama que cualquier medida de este tipo se coordine previamente con las instituciones comunitarias.
El Ejecutivo español defiende que la orden se ajusta al marco normativo europeo y que responde a la necesidad de control migratorio derivada de la situación en la ruta del Mediterráneo central, sin que ello implique una medida dirigida contra Italia como Estado, sino frente a los flujos de terceros países que transitan por su territorio. La distinción jurídica es relevante: el control se aplica a nacionales de terceros países, no a ciudadanos italianos, lo que limita su alcance práctico pero no reduce la carga diplomática del gesto.
El mecanismo Schengen y sus precedentes
España no es el primer país en recurrir a esta herramienta. Francia, Alemania, Austria y varios Estados escandinavos reactivaron controles temporales en sus fronteras interiores en distintos momentos de la última década, invocando desde la crisis migratoria de 2015 hasta amenazas terroristas o la organización de grandes eventos. La libre circulación es uno de los pilares del espacio Schengen, en funcionamiento desde 1985 y plenamente integrado en el derecho comunitario con el Tratado de Ámsterdam de 1997; la normativa exige que las medidas de control temporal se mantengan por periodos limitados, sujetos a renovación y a notificación previa a la Comisión Europea, que puede pronunciarse sobre su proporcionalidad y necesidad.
El dispositivo puesto en marcha este sábado requirió al menos 27 funcionarios de la Policía Nacional para controlar a los 199 viajeros de terceros países llegados en los doce vuelos procedentes de Italia durante la primera jornada. Las cifras dan una magnitud inicial modesta al operativo, cuya prolongación y posible extensión a otros puntos de entrada dependerá de la evolución de la presión migratoria y del pulso diplomático entre ambos gobiernos.
La crisis en Ceuta se suma a una larga serie de episodios de tensión fronteriza en la ciudad autónoma, que desde hace más de una década constituye, junto con Melilla y las islas Canarias, uno de los puntos de mayor presión migratoria de la frontera sur de la Unión Europea. El aumento de llegadas de personas procedentes de Sudán se vincula al conflicto armado que ha provocado desplazamientos masivos de población en ese país desde 2023.
El trasfondo remite también a las coincidencias y diferencias históricas entre España e Italia en materia de política migratoria europea. Ambos países, situados en la primera línea de la ruta del Mediterráneo, han reclamado en distintas ocasiones ante Bruselas una mayor solidaridad de los socios comunitarios en el reparto de solicitantes de asilo, sin que hasta ahora se haya alcanzado un consenso estable sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado formalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo en 2024, pero cuya aplicación efectiva sigue generando controversia entre los Estados miembros.
En el plano interno, la decisión del Ministerio del Interior se produce en un contexto de debate político sobre la gestión migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha defendido la necesidad de reforzar los controles fronterizos ante lo que califica de presión excepcional en Ceuta. Sectores de la oposición han cuestionado tanto la efectividad de la medida como su impacto en las relaciones bilaterales con uno de los principales socios comunitarios de España.
La Comisión Europea no se ha pronunciado todavía de forma pública sobre la medida española. La evolución de la controversia dependerá en los próximos días de si se produce un contacto diplomático directo entre los gobiernos de Sánchez y Meloni y de si Bruselas decide intervenir para valorar la aplicación de las cláusulas de excepcionalidad del Código de Fronteras Schengen. Mientras tanto, el dispositivo de control seguirá aplicándose a los vuelos y conexiones marítimas procedentes de Italia, pendiente de la evolución de los flujos migratorios hacia Ceuta durante las próximas semanas.
