"Es evidente que, como mínimo, alguien miente, y yo creo que mienten todos", afirmó Feijóo, en referencia a las versiones ofrecidas por distintos miembros del Gobierno sobre el momento en que los servicios de inteligencia alertaron de la posibilidad de una entrada masiva de migrantes en Ceuta. El líder del PP reclamó que la directora del CNI acuda a la Cámara alta "comprometiéndose a decir la verdad" sobre los avisos previos y la información disponible antes de los hechos.
Feijóo fue más allá al anunciar que su partido se personará como parte en la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido. Según explicó, el objetivo es que "los responsables del abandono" de la ciudad autónoma durante la crisis tengan que "comparecer y rendir cuentas ante la justicia". No detalló contra qué cargos o instituciones concretas dirigirá el PP su acción judicial, ni el delito que atribuye a la gestión gubernamental.
En comparecencias anteriores relacionadas con la crisis, el Ejecutivo había defendido que la respuesta a la entrada masiva se ajustó a los protocolos existentes y que la coordinación con Marruecos y con la Unión Europea ha sido constante. La eventual comparecencia de la directora del CNI en sede parlamentaria estaría sujeta al régimen de secreto que ampara a los servicios de inteligencia en materias clasificadas, regulado por la Ley 11/2002 reguladora del CNI y por la Ley 9/1968 sobre secretos oficiales, lo que limita el detalle de las informaciones que pueden hacerse públicas incluso ante comisiones parlamentarias.
La crisis a la que alude Feijóo se remonta a finales de julio de 2026, cuando una entrada masiva de personas migrantes desbordó los dispositivos de acogida de Ceuta. La polémica se ha centrado en determinar si el Gobierno disponía de información de inteligencia previa sobre el movimiento migratorio y si actuó con la diligencia debida para reforzar la frontera o coordinar la respuesta con Marruecos, país con el que España mantiene una relación migratoria marcada por episodios de tensión recurrente.
El precedente de 2021 y el escrutinio sobre el CNI
El antecedente más inmediato es la crisis de mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas entraron a nado y a pie en la misma ciudad en apenas 48 horas. Aquel episodio, vinculado al conflicto diplomático por la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, derivó en un pulso de meses con Rabat y en preguntas parlamentarias sobre el papel del CNI. Su entonces directora, Paz Esteban, fue cesada en 2022 tras el escándalo del espionaje con el software Pegasus. La reiteración de crisis fronterizas en Ceuta ha convertido la coordinación entre Interior, Exteriores y los servicios de inteligencia en un asunto recurrente de control parlamentario.
En el plano judicial, la Audiencia Nacional mantiene abierta una causa para esclarecer la actuación de las autoridades españolas durante la entrada de julio. El procedimiento se ampara en la competencia de este tribunal para instruir causas con proyección de Estado. La personación de un partido en una causa es una figura procesal habitual cuando se invoca un interés legítimo o se ejerce la acción popular reconocida en el artículo 125 de la Constitución, aunque su alcance dependerá de que el juez instructor admita la solicitud.
En el ámbito europeo, el comisario de Interior y Migración de la Comisión Europea, Magnus Brunner, confirmó que Bruselas trabaja ya para responder a la petición española de recibir apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, así como de otras agencias comunitarias, para reforzar las labores de identificación y clasificación —el triaje— de las personas que permanecen en Ceuta desde julio. Frontex, creada en 2004 y reforzada tras la crisis migratoria de 2015, puede desplegar equipos de apoyo operativo a petición de un Estado miembro en el marco del Reglamento (UE) 2019/1896.
Ceuta, junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, una singularidad geográfica que la convierte en un punto de paso estratégico y en epicentro recurrente de episodios de presión migratoria y de tensión diplomática entre España y Marruecos, con el que existen acuerdos bilaterales de vigilancia fronteriza conjunta. Los gobiernos autonómicos de Ceuta y Melilla han reclamado históricamente mayor implicación económica y logística del Estado y de la Unión Europea para sostener sus centros de estancia temporal de inmigrantes, cuya capacidad se ha visto superada en sucesivas ocasiones desde su creación en los años noventa.
El choque entre el PP y el Gobierno se enmarca en una disputa más amplia sobre política migratoria y de fronteras que se ha repetido en anteriores legislaturas, con reproches cruzados sobre la suficiencia de medios en Ceuta y Melilla y sobre el reparto de competencias entre el Estado y las ciudades autónomas.
A partir de ahora, el foco se traslada a tres vías paralelas. En la parlamentaria, la comparecencia de la directora del CNI en el Senado dependerá de que la Mesa de la Cámara admita la petición formal del PP. En la judicial, la Audiencia Nacional debe resolver sobre la personación del partido en la causa. Y en la europea, el despliegue de apoyo de Frontex y otras agencias en Ceuta quedará supeditado a los términos que acuerden la Comisión y el Gobierno, sin que por el momento se haya fijado un calendario público de implementación.