La controversia sobre qué sabía el Ejecutivo y cuándo se ha convertido en el eje político de la crisis, por delante de la propia gestión operativa. La Cadena SER informó este lunes de que el CNI habría alertado en «varios avisos» del riesgo de una entrada masiva en la ciudad autónoma, extremo que no ha sido confirmado por fuentes oficiales del organismo, que por norma no realiza declaraciones públicas sobre sus informes. Saiz descartó de plano esa existencia de alertas sobre la magnitud finalmente registrada.
La portavoz evitó entrar a valorar el contenido concreto de los servicios de inteligencia, amparándose en el carácter reservado de este tipo de documentos. El régimen de secreto lo fija la Ley 11/2002 reguladora del CNI y la Ley 9/1968 sobre secretos oficiales, aún vigente en lo relativo a la clasificación de material sensible; el órgano parlamentario habilitado para fiscalizar la actividad de los servicios sin comprometer su confidencialidad es la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, ante la que la oposición reclama comparecencias.
El PP ha cargado con dureza contra el Gobierno y sostiene que resulta inverosímil que este careciera de indicios previos sobre una movilización de esa envergadura, dado el historial de crisis en la frontera de Ceuta y Melilla. Los populares vinculan el episodio a fallos de previsión del Ejecutivo, mientras el Gobierno insiste en que actuó con la información de que disponía. Ambas versiones convergen, no obstante, en un punto: la magnitud de la entrada del 30 de julio no tiene apenas precedentes recientes.
Von der Leyen felicita a Madrid y Rabat
Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó este lunes a los Gobiernos de España y Marruecos por lo que calificó de gestión «eficiente y efectiva» de la crisis, y reclamó reforzar las fronteras «en los puntos críticos». Sus palabras llegan en pleno debate sobre la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado por el Parlamento Europeo en 2024, cuya entrada en vigor plena está prevista para 2026. Ceuta, frontera exterior terrestre directa de la Unión con el continente africano, sería punto de aplicación inmediata de sus mecanismos de solidaridad y reparto.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, atribuyó el desencadenante de la entrada masiva a una campaña de desinformación coordinada. En una entrevista en Televisión Española denunció «una sincronización de la internacional reaccionaria que con mucha rapidez salió a amplificar lo que estaba ocurriendo y también a difundir mentiras y falsas noticias sobre el espacio Schengen», en alusión a mensajes que, según su versión, habrían circulado en redes sociales sugiriendo una supuesta apertura de fronteras europeas.
El precedente más citado es la crisis de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron en Ceuta en menos de 48 horas tras una relajación del control fronterizo por parte de Marruecos, en un contexto de tensión diplomática por la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio derivó en meses de crisis entre Madrid y Rabat y en un relevo en el Ministerio del Interior. La comparación con 2021 centra buena parte del debate sobre si el Gobierno extrajo lecciones de aquella experiencia.
El trasfondo geopolítico remite a la posición de Ceuta como una de las dos fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano, un enclave donde convergen intereses españoles, marroquíes y europeos. Rabat ha utilizado en el pasado el control de su frontera como instrumento de negociación con Madrid en asuntos como el Sáhara Occidental, mientras la Unión canaliza fondos de gestión migratoria hacia Marruecos a través de instrumentos como el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, operativo desde 2015. Marruecos no ha efectuado declaraciones oficiales sobre el origen de la entrada ni sobre las supuestas alertas.
El Defensor del Pueblo y organizaciones humanitarias han reclamado información sobre el número de personas que permanecieron en territorio español, las devueltas a Marruecos y el procedimiento aplicado en cada caso, en referencia al marco de la Ley de Extranjería y a los protocolos de asilo derivados de la Convención de Ginebra de 1951. El Gobierno no ha ofrecido hasta ahora cifras oficiales desagregadas del episodio.
En el Congreso, los grupos de la oposición han registrado peticiones de comparecencia urgente de la ministra del Interior y del propio Albares para detallar la cronología de las alertas, la respuesta de la Guardia Civil y el papel de Frontex, la agencia europea de fronteras, en la vigilancia del Estrecho. La coordinación con las autoridades marroquíes, según el Gobierno, resultó determinante para contener la situación en las horas posteriores al 30 de julio, en línea con los acuerdos bilaterales de cooperación migratoria vigentes.
La próxima cita relevante será la comparecencia parlamentaria que negocian los grupos para las próximas semanas, en la que se espera que el Ejecutivo precise el contenido —o la ausencia— de informes de inteligencia previos. De acreditarse por canales oficiales la existencia de alertas desatendidas, el episodio podría derivar en un debate de responsabilidad política sobre la continuidad de los responsables del Ministerio del Interior, en un patrón que ya se produjo tras la crisis de 2021.
