El propio Torres precisó que, desde el 10 de agosto, 3.519 personas han retornado a Marruecos y otras 214 han sido expulsadas, lo que eleva a 3.733 el total de salidas contabilizadas en apenas tres semanas. Con todo, el ministro reconoció que al menos 1.612 menores continúan en la ciudad, un dato de especial peso ante la inminente apertura del curso escolar, prevista para los próximos días según el calendario de la Ciudad Autónoma.
La entrada del 30 de julio se ha prolongado en el tiempo de forma inédita, con miles de personas todavía alojadas en dispositivos de emergencia habilitados por el Ministerio del Interior y la Ciudad Autónoma. La cifra de recién llegados guarda proporción con el conjunto de la población de Ceuta, en torno a los 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística, lo que ilustra la magnitud del reto logístico y presupuestario para una ciudad de ese tamaño.
El caso del menor marroquí detenido por la presunta agresión sexual a tres niñas, ocurrida en un centro de menores, añadió gravedad al debate. Tanto el presunto agresor como las víctimas habrían entrado en España durante la entrada del 30 de julio procedentes de Marruecos. Corresponde a la Fiscalía de Menores instruir el caso: la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del menor, prevé un régimen específico para los infractores de entre 14 y 17 años, con medidas que pueden llegar al internamiento en régimen cerrado en los supuestos más graves.
Choque entre Moncloa y la Zarzuela por una posible visita del Rey
En el terreno político, la jornada estuvo marcada por la controversia entre el Gobierno y la Casa Real. Pedro Sánchez afirmó el lunes en una entrevista en la Cadena Ser que Felipe VI «lleva reinando 20 años» y se preguntó cuántas veces el monarca ha visitado Ceuta, al ser interrogado sobre si el Rey podría desplazarse a la ciudad. La Constitución de 1978 atribuye al Rey la jefatura del Estado con funciones esencialmente representativas (artículo 56), si bien sus actos requieren el refrendo del Gobierno (artículo 64), de modo que sus desplazamientos oficiales deben ser autorizados por el Ejecutivo.
La ministra portavoz, Elma Saiz, negó que las palabras de Sánchez constituyeran un reproche a la Corona y sostuvo que «hay razones» para que el Rey no haya viajado a Ceuta. Frente a ello, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, sostuvo que Sánchez estaría «escocido» con el Rey y reclamó que Felipe VI visite la ciudad, asegurando que el monarca «nunca molesta en territorio español». La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, cargó igualmente contra la gestión gubernamental de la crisis.
Las fricciones entre Gobierno y Corona por el uso del refrendo no son inéditas en democracia. El equilibrio entre las funciones representativas del jefe del Estado y la decisión política del Ejecutivo ha sido objeto de debate recurrente desde la Transición, y volvió al primer plano en 2014, con la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, cuando se revisó el alcance institucional de la Jefatura del Estado. El precedente ceutí más citado sigue siendo la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas cruzaron la frontera en 48 horas en plena tensión diplomática con Marruecos por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
El Gobierno defendió además su decisión de señalar a Israel y Rusia como presuntos responsables de la difusión de bulos relacionados con la crisis de Ceuta. Fuentes gubernamentales alegaron que estas acusaciones se sustentan en «informes» del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, documentos que no se han hecho públicos, lo que ha alimentado peticiones de mayor transparencia desde la oposición.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros una partida de 309 millones de euros en ayudas destinadas a paliar el impacto de la crisis migratoria en Ceuta. La cantidad se suma a los fondos movilizados desde julio para reforzar los dispositivos de acogida, sanidad y seguridad en la ciudad autónoma.
El Consejo de Seguridad Nacional, presidido este martes por Sánchez, reunió a la práctica totalidad del Ejecutivo, incluidos los tres vicepresidentes y los titulares de Exteriores, Interior, Hacienda, Educación, Inclusión y Seguridad Social, entre otros. Este órgano, regulado por la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, asesora al presidente del Gobierno en situaciones que afecten a la seguridad nacional, categoría en la que el Ejecutivo ha encuadrado la situación en Ceuta desde finales de julio.
La comparación con 2021 resulta obligada. Aquella crisis se resolvió en el plazo de una semana con la devolución de la mayoría de los migrantes a Marruecos al amparo del acuerdo bilateral de readmisión de 1992, mientras que la situación abierta el 30 de julio de 2026 acumula ya más de un mes sin resolverse plenamente, pese a los 3.733 retornos y expulsiones contabilizados por el Ministerio de Política Territorial.
De cara a los próximos días, el foco se sitúa en si el ritmo de retornos se acelera antes del inicio del curso escolar y en la escolarización de los menores que permanecen en la ciudad. Queda pendiente asimismo la instrucción judicial del caso del menor detenido, la eventual publicación de los informes de Exteriores sobre las acusaciones a Israel y Rusia, y una posible visita del Rey a Ceuta que, hasta la fecha, no se ha materializado y sigue siendo motivo de fricción entre Moncloa y la Zarzuela.
