La iniciativa ha sido impulsada por un grupo de al menos seis Estados miembros encabezado por Austria, Dinamarca y Países Bajos, los tres países que en los últimos meses han endurecido más sus políticas migratorias y que se enfrentan a dificultades crecientes para ejecutar las órdenes de expulsión de ciudadanos afganos. Sin un Gobierno reconocido internacionalmente con el que negociar acuerdos de readmisión, las expulsiones se han convertido en un callejón sin salida jurídico y logístico.
El Servicio Europeo de Acción Exterior ha confirmado que trabaja en los preparativos de la visita, pero ha subrayado que la invitación no implica reconocimiento diplomático del régimen talibán. La fórmula jurídica elegida es la de «contacto técnico con autoridades de facto», una categoría que la UE ha utilizado en el pasado para mantener comunicación con gobiernos no reconocidos en Libia y Somalia. La delegación talibana sería recibida en las dependencias del SEAE, no en el Consejo ni en la Comisión, para minimizar la carga simbólica de la visita.
Organizaciones de derechos humanos han reaccionado con alarma. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA) han remitido una carta conjunta al Alto Representante en la que advierten de que cualquier contacto oficial con los talibanes, por técnico que sea, envía un mensaje de legitimación a un régimen que ha prohibido la educación de las niñas a partir de sexto de primaria, ha excluido a las mujeres de la vida pública, ha disuelto la Comisión Independiente de Derechos Humanos y ha reinstaurado castigos corporales públicos.
La Comisión ha intentado desactivar las críticas vinculando la invitación a condiciones previas. Según el borrador de la carta de invitación al que ha tenido acceso este periódico, la visita se condiciona a «avances verificables» en tres ámbitos: acceso de organizaciones humanitarias internacionales a todas las provincias del país, liberación de trabajadores de ONG detenidos y reanudación de las vacunaciones de polio que fueron suspendidas en enero de 2026. Sin embargo, fuentes diplomáticas de uno de los países promotores han admitido que las condiciones son «aspiracionales» y que la visita se celebrará aunque solo se cumpla parcialmente alguna de ellas.
El contexto migratorio es el motor real de la decisión. Según datos de Frontex, las solicitudes de asilo de ciudadanos afganos en la UE aumentaron un 23% en 2025 respecto al año anterior, hasta las 142.000. Afganistán se ha consolidado como la segunda nacionalidad de origen de los solicitantes de asilo en la Unión, solo por detrás de Siria. Pero a diferencia de Siria, donde la caída del régimen de Assad ha abierto la puerta a acuerdos de repatriación con las nuevas autoridades, en Afganistán la ausencia de reconocimiento diplomático bloquea cualquier mecanismo formal de retorno.
Austria ha sido el país más explícito. El canciller ha declarado que su país «no puede seguir acogiendo a decenas de miles de personas cuya solicitud de asilo ha sido denegada y a las que no puede expulsar porque no hay interlocutor al otro lado». Los datos le avalan parcialmente: Austria tiene pendientes de ejecución 8.700 órdenes de expulsión de ciudadanos afganos, el 31% de todas las expulsiones pendientes en el país. Dinamarca tiene 3.200 y Países Bajos 5.100.
El Parlamento Europeo se ha dividido. Los grupos Popular, Conservadores y Reformistas y Patriotas por Europa apoyan la iniciativa. Los Socialdemócratas y los Verdes han pedido que cualquier contacto con los talibanes incluya un panel paralelo de organizaciones de la sociedad civil afgana en el exilio, una propuesta que los países promotores rechazan por considerar que «complejiza innecesariamente» la reunión. La delegación de Los Verdes ha anunciado que organizará una conferencia alternativa con mujeres afganas exiliadas en Bruselas el mismo día de la visita talibana.
Para la UE, la visita plantea un dilema que trasciende la gestión migratoria. Recibir a los talibanes supone aceptar implícitamente que la estrategia de aislamiento diplomático mantenida desde 2021 no ha funcionado: ni ha debilitado al régimen, ni ha mejorado la situación de los derechos humanos, ni ha facilitado los retornos. Al mismo tiempo, abrir un canal de negociación sobre migración sin abordar la situación de las mujeres afganas envía una señal inquietante sobre las prioridades de la política exterior europea.
La fecha de la visita no ha sido confirmada. Fuentes del SEAE apuntan a la segunda quincena de junio, después del Consejo Europeo, para evitar que el debate sobre los talibanes contamine las discusiones sobre defensa y competitividad que dominan la agenda de la cumbre. Si se confirma, sería el primer contacto oficial de alto nivel entre la UE y el régimen talibán desde la caída de Kabul hace casi cinco años.
