«¡Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!», escribió Trump, quien sostuvo que la operación le permite a su país «obtener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense». El mandatario aseguró que el pacto permitiría «duplicar las reservas de suministro de petróleo» y «reducir de forma sustancial» el precio de los carburantes a largo plazo, al tratarse de una asociación con capital privado.
Según reportes del portal Axios citados por AFP y Europa Press, las conversaciones entre ambos gobiernos habrían involucrado una docena de yacimientos petrolíferos con unos 90.000 millones de barriles de reservas probadas, cifra que equivaldría a aproximadamente un tercio del total venezolano, estimado en 300.000 millones de barriles. Axios, que citó a dos funcionarios estadounidenses, indicó que a cambio de una participación accionaria estadounidense, firmas privadas —entre ellas empresas de EE. UU.— desarrollarían los campos y generarían mayores ingresos para Venezuela, país que posee las mayores reservas probadas del mundo.
El propio Trump vinculó el acuerdo con su promesa de bajar los precios de la gasolina en Estados Unidos, un asunto sensible de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre de este año. Sus índices de aprobación han venido cayendo, en parte por el impacto de la guerra contra Irán en el suministro global de crudo, lo que añade una lectura de política doméstica al anuncio. Según Axios, la operación duplicaría con creces las reservas estadounidenses en un momento en que la reserva estratégica de petróleo del país se encuentra en su nivel más bajo en cuatro décadas.
El trasfondo político no puede desligarse de la intervención militar estadounidense en territorio venezolano ejecutada a comienzos de este año, que culminó con la captura de Maduro y la instalación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. Esa operación, sin precedentes en la historia reciente de las relaciones hemisféricas, alteró de forma abrupta el statu quo regional que había definido buena parte de la política exterior colombiana hacia su vecino durante más de dos décadas.
Lo que está en juego para Colombia
El anuncio se produce en un contexto que Bogotá observa con particular atención, dada la frontera de más de 2.200 kilómetros que comparte con Venezuela y el histórico flujo migratorio entre ambos países. Cualquier reconfiguración del mapa energético venezolano tiene implicaciones directas para Colombia, tanto en materia de estabilidad fronteriza como en el mercado energético suramericano. El caso venezolano ha sido durante años un asunto de política de Estado que trasciende gobiernos: desde Álvaro Uribe hasta Gustavo Petro, Bogotá ha oscilado entre el distanciamiento diplomático y los intentos de normalización con Caracas, condicionados por la crisis migratoria, el contrabando de combustibles en la frontera y la presencia de grupos armados irregulares en zonas limítrofes como el Catatumbo y Arauca.
Un eventual giro de Venezuela hacia una mayor integración con capital y empresas estadounidenses en el sector petrolero podría alterar los flujos regionales de crudo y derivados, en un mercado suramericano donde Ecopetrol y otras compañías de la región compiten por posicionamiento en plena transición energética global. La reactivación plena de la industria petrolera venezolana, hoy deteriorada tras años de sanciones y falta de inversión, tomaría varios años incluso con una inyección masiva de capital extranjero.
En el Congreso, congresistas de distintas bancadas han expresado en el pasado posiciones divididas sobre la conveniencia de una mayor presencia estadounidense en Venezuela: unos han defendido la estabilización regional y otros han advertido sobre riesgos de injerencia extranjera en asuntos suramericanos.
Cifras sin verificación independiente
Ninguna de las cifras difundidas por Trump ha sido corroborada de manera independiente por organismos multilaterales de energía ni por el Banco Central de Venezuela. Tampoco se ha hecho público el texto completo del acuerdo, sus condiciones jurídicas ni el mecanismo mediante el cual empresas privadas asumirían la operación de los yacimientos, lo que mantiene en terreno de incertidumbre buena parte de los detalles técnicos y financieros de la transacción.
El precedente más cercano en la historia diplomática colombo-venezolana a un episodio de esta magnitud se remonta a las tensiones fronterizas de 2019, cuando Washington impulsó el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela sin que ello derivara en una acción militar directa. El actual episodio, con la captura de un exmandatario y un control extranjero declarado sobre activos petroleros, no tiene equivalente en la región desde entonces.
De confirmarse en los términos anunciados, el acuerdo requeriría procesos regulatorios tanto en Estados Unidos como en Venezuela, incluida la eventual revisión de sanciones económicas todavía vigentes sobre el sector petrolero venezolano y la validación de contratos por parte de las autoridades competentes en Caracas bajo el gobierno interino. Ninguno de esos trámites ha sido confirmado públicamente hasta la fecha.
En los próximos meses será clave observar si el Departamento de Estado y la administración estadounidense formalizan los términos del acuerdo mediante documentos públicos, así como la reacción de organismos como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual Venezuela es miembro fundador, ante una eventual cesión de control mayoritario sobre sus reservas a intereses estadounidenses.
