El abogado de Ureña argumentó ante el tribunal que su defendida estaba dispuesta a entregar su pasaporte, que no representaba riesgo de fuga y que no tenía posibilidad de destruir elementos probatorios. Esos planteamientos pesaron en la decisión de los magistrados de variar la reclusión en prisión por el cumplimiento de la cautelar en su vivienda.
Ureña está imputada por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Se desempeñó como subdirectora de la DGI entre 2019 y 2024, bajo la dirección de Publio De Gracia, quien también permanece bajo detención provisional, aunque por una causa distinta.
El desbalance de $428 mil
De acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, Ureña habría manejado recursos por aproximadamente $1.01 millones, de los cuales solo pudo sustentar unos $585 mil provenientes de fuentes conocidas. La diferencia, calculada en alrededor de $428 mil, permanece bajo investigación del Ministerio Público.
La pesquisa fiscal detectó movimientos bancarios que llamaron la atención de los investigadores: hasta abril de este año había $183 mil en una cuenta que posteriormente fue vaciada. En otra cuenta figuraban $247,794 al 30 de abril, saldo que casi se agotó en mayo. Un patrón similar se repitió en cuentas que Ureña mantenía en tres bancos de la plaza, y una de esas entidades llegó a emitir una alerta por posibles irregularidades.
El Ministerio Público investiga además la compra de aproximadamente ocho propiedades vinculadas a la imputada, entre ellas un inmueble en Coclé adquirido por $69 mil y pagado al contado. También figuran otras operaciones inmobiliarias y cancelaciones de hipotecas que forman parte del análisis patrimonial en curso.
Por este expediente, la Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión provisional de un apartamento de Ureña en el PH Panama Viejo Residences, en el corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá, adquirido en 2023 por $144 mil según documentos del Registro Público. También se dictó aprehensión provisional sobre una propiedad en Villa Belén, en Chigoré, distrito de Penonomé, y sobre una residencia en San Miguelito comprada en $90 mil.
El artículo 351 del Código Penal establece una pena de tres a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado. Si el monto injustificadamente obtenido supera los $100 mil, la sanción se eleva a un rango de seis a doce años, escenario que podría aplicarse a Ureña en caso de acreditarse el delito y el monto investigado por la fiscalía.
Ureña es madre de Luis Acevedo Ureña, hombre de confianza del exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, quien también es investigado por presunto enriquecimiento injustificado en una causa separada. El expediente se suma a otros de la jurisdicción anticorrupción, como el que mantiene detenido al contratista del CRU de San Miguelito tras la revocación de su fianza de $800,000.
