La advertencia consta en una nota enviada el 7 de octubre al diputado Benicio Robinson, presidente de la comisión, en la que Gómez explica por qué los cambios propuestos por Acosta —abogado del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal— crean obstáculos que podrían impedir que casos "con fundamento investigativo" lleguen a juicio. Ese mismo día, horas después de recibida la nota, la comisión prohijó el anteproyecto, que pasó a convertirse en el actual proyecto 741.
El primero de los artículos cuestionados es el 271, que regula las formas de iniciar la investigación preliminar. Según el texto vigente, si la causa se abre por denuncia o querella de una víctima, el plazo es de 18 meses con una sola prórroga posible de hasta seis meses; en cambio, si la investigación se inicia de oficio, se admiten prórrogas sucesivas sin ese límite. El procurador cuestionó esa asimetría.
"No se advierte una justificación suficiente para que la denuncia de una víctima determine un régimen más restrictivo de investigación", señaló el procurador Luis Carlos Gómez en la nota dirigida al diputado Robinson.
Gómez advirtió además que exigir prórrogas sucesivas de hasta seis meses impondría una carga adicional a los fiscales y a los despachos judiciales, al generar una multiplicidad de audiencias ante los jueces de garantías sin que exista, a su juicio, una necesidad real que lo justifique.
"Estas disposiciones, consideradas conjuntamente, crean obstáculos que podrían impedir que casos con fundamento investigativo lleguen a juicio", remarcó el procurador Luis Carlos Gómez.
El segundo punto señalado es el artículo 280, sobre la formulación de la imputación. La propuesta de Acosta permitiría rechazar la imputación mediante una "valoración" de la vinculación del investigado con los delitos atribuidos, lo que para Gómez convertiría la audiencia de imputación en un debate probatorio anticipado y obstaculizaría una investigación todavía inconclusa.
Sobre el artículo 349, relativo a la apertura del juicio oral, el proyecto permitiría al juez de garantías rechazar la acusación si estima que los elementos de convicción no vinculan al imputado con el delito señalado. El procurador precisó que la amplitud de esa causal puede anticipar, en la fase intermedia, una valoración de fondo que por ley corresponde practicarse y contradecirse en juicio. Añadió que la propuesta introduce un sobreseimiento provisional por deficiencias de la acusación sin definir sus condiciones de reapertura ni armonizar sus efectos con el régimen procesal existente.
Por esas razones, el procurador Gómez solicitó formalmente que la propuesta de Acosta no fuera aprobada. Pese a la advertencia, los integrantes de la comisión respaldaron el anteproyecto y votaron a favor de que sea discutido en primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional. El proyecto se suma a los casos que mantienen activa la agenda de tribunales, como el de Lau Cortés, quien dijo sentirse "ofendido" ante la juez por el caso de enriquecimiento injustificado que se le sigue.
