El nuevo modelo colocó la oralidad como columna vertebral del proceso civil en las etapas donde, según el diagnóstico previo a la ley, se concentraban las mayores demoras. En la audiencia final, el mismo juez que practicó las pruebas es quien dicta la sentencia, con un plazo máximo de veinte días desde el cierre de la audiencia para publicarla.
El artículo 202 del código fija, como regla general, un año para dictar sentencia de primera instancia contado desde la notificación al demandado, y seis meses para resolver la segunda instancia. El incumplimiento de esos plazos acarrea la pérdida de competencia sobre el proceso y la apertura de las medidas disciplinarias correspondientes contra el juez responsable, de modo que el vencimiento tiene consecuencias legales concretas.
Más de veinte mil causas liquidadas
La transición convive con la liquidación de los expedientes abiertos bajo el sistema procesal anterior, derivados a los juzgados liquidadores. Al 31 de julio, el Primer Distrito Judicial había cerrado el 45% de esas causas heredadas, lo que equivale a más de veinte mil procesos concluidos, según los datos del Órgano Judicial.
Para agilizar ese inventario, la institución habilitó jueces de descongestión dedicados a las causas antiguas, mientras una Comisión de Implementación se reúne cada semana para revisar el avance de la reforma y analistas siguen a diario los tiempos de respuesta de cada despacho, con el acompañamiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Panamá, en el puesto 87 en justicia civil
Los indicadores internacionales sitúan a Panamá en posiciones rezagadas. El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project ubicó al país en el puesto 87 de 143 naciones evaluadas en justicia civil. El informe Doing Business 2020 del Banco Mundial lo había colocado en el puesto 141 de 190 en cumplimiento de contratos, con procesos que podían extenderse unos 790 días y costos equivalentes al 38% del monto reclamado.
El informe sobre clima de inversión 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que las empresas que operan en Panamá recurren cada vez más al arbitraje ante la falta de confianza en el sistema judicial, una vía que implica sobrecostos que no todas las partes en litigio pueden asumir. La eficiencia de los tribunales, en esa lectura, se vuelve un factor de competitividad del país.
El desempeño judicial ha sido centro de atención en otros frentes de los tribunales panameños este año, desde la revisión de fianzas en contratación pública hasta procesos como el que llevó a la fiscalía a pedir hasta 30 años para Génaro López en el caso Red Frog. En el ámbito civil, la sostenibilidad de la reforma depende del presupuesto que el Órgano Ejecutivo destine a jueces, personal de apoyo, salas de audiencia, infraestructura y sistemas tecnológicos, además de la adaptación de universidades y abogados litigantes a las destrezas que exige el modelo oral.
El seguimiento de los tiempos por despacho continuará siendo, según la Comisión de Implementación del Órgano Judicial, el instrumento central para constatar si la reforma se sostiene más allá de su primer aniversario, que se cumple este martes 13 de octubre.
