Netanyahu dirigió su solicitud al jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir; al director del Shin Bet, servicio de inteligencia interior, David Zini, y a la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, de acuerdo con el texto publicado por su oficina. El primer ministro acusó a los participantes de incurrir en "difamación penal y perjuicio a los intereses diplomáticos" del país.
El documental, codirigido por el periodista israelí Yuval Abraham, toma su nombre del acrónimo que utiliza la inteligencia israelí para estimar cuántos civiles podrían morir en un ataque determinado —por ejemplo, 20 NAZA—. Gran parte de su contenido proviene de investigaciones realizadas desde 2023 y publicadas en la revista israelí-palestina +972 y en el diario británico The Guardian, que además produce la película.
Según esas investigaciones, varias fuentes de inteligencia describieron cómo, tras los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel pasó a autorizar la muerte de decenas e incluso cientos de civiles como "daño colateral" en operaciones dirigidas contra altos mandos de Hamás.
"Existe la preocupación de que los implicados en esta película difamatoria hayan cometido delitos graves al divulgar información de alto secreto y provocar una brecha de seguridad relacionada con datos de una unidad de inteligencia de extrema sensibilidad", señaló Netanyahu en su solicitud.
El documental describe, entre otras prácticas, el bombardeo de viviendas palestinas con familias completas en su interior una vez que el padre, señalado como presunto miliciano de Hamás, regresaba a dormir a su casa. También expone el uso de modelos de inteligencia artificial que, con base en patrones de llamadas telefónicas y un margen de error del 15%, estimarían la probabilidad de que un residente de Gaza fuera miliciano, generando listas de posibles objetivos.
Los militares que participaron en el filme, bajo condición de anonimato por temor a represalias, afirmaron además que el Ejército bombardeó zonas con órdenes de evacuación vigentes pese a saber que aún permanecía población civil en esos sectores.
El Ejército israelí respondió que sus normas prohíben atacar deliberadamente a civiles y que exigen a los mandos adoptar medidas para reducir los daños a la población no combatiente. Sostuvo también que las decisiones finales sobre los ataques y la evaluación del riesgo de víctimas civiles corresponden a oficiales responsables de cada operación.
El 2 de octubre, The Guardian defendió su trabajo y aseguró haber consultado durante tres años a más de un centenar de fuentes conocedoras de los sistemas militares israelíes empleados en la guerra, incluidos altos mandos implicados en la autorización de ataques, y haber contrastado los testimonios con documentos clasificados filtrados y con la verificación de operaciones concretas.
