La cruzada arrancó en junio de 2021, cuando la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la ley que volvió al criptoactivo de curso legal junto al dólar, moneda oficial del país desde hace dos décadas. El gobierno prometió entonces que la medida traería "prosperidad, libertad económica e inclusión financiera", abarataría el envío de remesas —equivalentes al 26.3% del Producto Interno Bruto salvadoreño en 2025, según el Banco Central de Reserva— e incorporaría al sistema financiero a la población sin cuenta bancaria.
Para su puesta en marcha, el Ejecutivo salvadoreño constituyó un fideicomiso de $150 millones y entregó un incentivo de $30 a cada ciudadano que descargara la billetera digital Chivo Wallet en su celular. Otros $50 millones se destinaron a instalar cajeros y a la logística para extender el uso de la criptomoneda entre la población.
Nueve meses después de la adopción, una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reflejó el escaso respaldo ciudadano: el 71% de los consultados aseguró que el bitcoin no le estaba "beneficiando en nada en la economía familiar". La Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, por su parte, documentó en un informe de abril de 2022 que la mayoría de los usuarios que descargaron la Chivo Wallet dejaron de utilizarla una vez gastado el bono inicial.
Pese a ese rechazo temprano, Bukele continuó comprando bitcoin con fondos públicos, en contra de las advertencias de economistas sobre el riesgo de exponer recursos del Estado a la volatilidad de un activo que perdió más del 60% de su valor en 2022. "A veces lo hago incluso cuando estoy en el baño", escribió el mandatario entonces en la red social hoy llamada X, en referencia a sus compras de la criptomoneda.
La apuesta por los bonos volcán
En enero de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Emisión de Activos Digitales, con la que el gobierno buscaba atraer capital extranjero mediante los llamados "bonos volcán": una emisión de deuda soberana respaldada en bitcoin, inédita para un Estado. La mitad de esos recursos se destinaría a comprar más criptomoneda y la otra mitad a financiar el inicio de Bitcoin City, la urbe futurista proyectada a los pies del volcán de Conchagua, que funcionaría con energía geotérmica para alimentar las redes de cómputo dedicadas a minar la divisa.
Bukele defendió el proyecto con una narrativa que conecta con el ideario de los sectores más radicales del criptoactivismo estadounidense, para quienes el bitcoin representa una herramienta contra el poder de los bancos centrales. "El plan es simple: mientras el mundo cae en la tiranía, crearemos un refugio para la libertad", afirmó el mandatario al presentar la iniciativa.
El balance que ofrecen los economistas es el de un proyecto que no alcanzó sus propios objetivos declarados. El propio Carlos Acevedo, quien presidió el Banco Central de Reserva, resumió a BBC Mundo la distancia entre la ambición inicial y el resultado:
"Es muy claro que la pretensión del gobierno era que a estas alturas todo el mundo estuviera usando el bitcoin. La aprobación de la ley, la constitución del fideicomiso. todo el ecosistema estaba diseñado para eso", Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.
Ni ciudad ni medio de pago generalizado
Cinco años después del anuncio en Miami, ni la ciudad futurista se construyó ni el bitcoin se consolidó como medio de pago entre los salvadoreños. El retorno del dólar como única moneda de curso legal y la conversión del criptoactivo en un instrumento de uso voluntario cierran un ciclo que comenzó con el aval de una Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo.
El fideicomiso de $150 millones constituido en 2021 y los $50 millones adicionales destinados a cajeros y logística representaron un desembolso público considerable para un instrumento cuya adopción, según documentó la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, no se tradujo en un beneficio percibido por la mayoría de los hogares salvadoreños.
El caso salvadoreño se inscribe en un debate regional sobre la regulación de activos digitales y la fiscalización de las finanzas públicas, un terreno en el que Panamá ha avanzado en dirección distinta: el país salió de la lista negra fiscal de la Unión Europea tras más de seis años de escrutinio internacional sobre sus estándares de transparencia financiera, un proceso ajeno a la adopción de criptoactivos como moneda de curso legal.
La experiencia salvadoreña también plantea preguntas sobre la exposición de las finanzas estatales a activos volátiles, un riesgo que en el istmo se discute en otros frentes vinculados al mundo digital, como la seguridad informática del sector privado: los ciberataques a empresas panameñas superaron los 4,000 millones de intentos en un año.
El veredicto de Acevedo resume el saldo del experimento: "Si se atiende a las razones que ofreció Bukele para la adopción del bitcoin, no hay duda de que el proyecto fracasó", declaró el economista a BBC Mundo, que lo cita entre quienes sostienen que la meta de una adopción masiva nunca llegó a cumplirse.
