Según el comunicado, la decisión se adopta "en ejercicio de sus funciones como director general y representante legal de la UNGRD, así como ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), de conformidad con el artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, sin perjuicio de los lineamientos de su Junta Directiva, los mecanismos internos de control y el seguimiento de los organismos de vigilancia". La centralización implica que las decisiones sobre contratación, giros y priorización de recursos del fondo se concentran en el despacho del director, en lugar de mantenerse distribuidas entre las distintas dependencias de la entidad.
La UNGRD sostuvo que la medida busca "consolidar la información presupuestal, contractual y financiera" durante el cierre de la actual administración, "garantizar una transición ordenada hacia la próxima administración" y asegurar que el uso de los recursos públicos "responda a las necesidades prioritarias de las comunidades afectadas". La entidad añadió que, mientras Pava Sánchez permanezca al frente, priorizará la atención de las emergencias en curso y de aquellas que puedan presentarse durante el cierre de gestión.
La Ley 1523 de 2012 creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tras la ola invernal que afectó a buena parte del territorio nacional entre 2010 y 2011, define las facultades del director frente al FNGRD y establece el marco jurídico bajo el cual opera la entidad. El fondo es el vehículo financiero mediante el cual se canalizan los recursos para la atención de desastres, y su ordenación del gasto recae, por ley, en el representante legal de la Unidad.
Las inundaciones registradas en Arauca y Casanare durante las últimas semanas activaron protocolos de atención humanitaria y logística en zonas de frontera, mientras que los incendios forestales en Chocó —región de bosque húmedo tropical con accesos limitados— plantearon retos adicionales de movilización de recursos y personal. A ello se suma la declaratoria por el frente frío, formalizada mediante el Decreto 150 de 2026, cuya finalidad es avanzar en la atención económica y social de los efectos de fenómenos climáticos asociados a bajas temperaturas en distintas regiones.
Las alertas del control fiscal
La Contraloría General de la República, en ejercicio de su función constitucional de vigilancia fiscal sobre los recursos públicos, ha advertido retrasos en la ejecución de las partidas asignadas bajo el Decreto 150 de 2026. El organismo tiene la atribución de emitir alertas sobre la gestión de entidades como la UNGRD cuando detecta demoras que puedan comprometer la atención oportuna de las comunidades, sin que ello constituya necesariamente un hallazgo disciplinario o fiscal en firme. El propio comunicado reconoce estas alertas como uno de los factores que motivaron la centralización, al señalar que la medida busca "responder a las distintas alertas que han emitido los organismos de control".
La entidad no detalló, en el texto difundido, el monto de los recursos comprometidos ni el porcentaje de ejecución de las partidas asignadas bajo el decreto, información que deberá precisarse en los informes periódicos que la UNGRD remite a los organismos de vigilancia. El comunicado tampoco incluye pronunciamientos de la Contraloría, de la Procuraduría General de la Nación ni de la Casa de Nariño sobre la medida, que se enmarca en facultades legales propias del director y no requeriría, en principio, sanción presidencial ni trámite ante el Congreso.
Una entidad bajo escrutinio reforzado
El precedente más citado en la historia reciente de la entidad remite al escándalo de corrupción destapado en 2024 en torno a contratos suscritos por la UNGRD para la compra de carrotanques destinados a atender la sequía asociada al fenómeno de El Niño en La Guajira, episodio que derivó en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y en la salida de varios altos funcionarios. Aquel caso dejó a la Unidad bajo un escrutinio reforzado por parte de los organismos de control, contexto que ayuda a entender la insistencia del actual director en subrayar el respeto a "los mecanismos internos de control y el seguimiento de los organismos de vigilancia".
La UNGRD fue creada en 2011, en el marco de la respuesta institucional a la ola invernal de 2010-2011, que dejó millones de personas afectadas en distintas regiones del país. Desde entonces ha pasado por varios directores y ha sido objeto recurrente de debates de control político en el Congreso de la República, donde congresistas de distintas bancadas han cuestionado en comisiones y plenarias el manejo de los recursos del FNGRD, particularmente en años de fenómenos climáticos extremos como El Niño y La Niña.
La justificación de la medida se apoya también en el empalme entre administraciones. Colombia atraviesa habitualmente, en los cierres de gobierno, procesos de transición en los que las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo son objeto de escrutinio especial, dado el volumen de recursos que administran y la sensibilidad social de su labor.
De cara a los próximos meses, la centralización quedará sujeta al seguimiento que realicen tanto la Junta Directiva de la UNGRD como los organismos de control. La Contraloría mantendrá su vigilancia sobre la ejecución del Decreto 150 de 2026, mientras que el proceso de empalme con la próxima administración —que deberá formalizarse conforme a los procedimientos habituales de transición— determinará si la medida adoptada por Pava Sánchez se mantiene, se ajusta o es revisada por quien lo suceda en la dirección de la entidad.
