La primera reunión entre el departamento que dirige Yolanda Díaz y los agentes sociales se centró en poner sobre la mesa el marco general de la reforma de las oficinas de empleo, un compromiso que llega con retraso sobre el calendario previsto. De ese encuentro no salió ni un euro comprometido: el Ministerio trasladó el diagnóstico y los colectivos prioritarios, pero sin memoria económica que respalde la propuesta.
El objetivo de fondo que se ha marcado el Gobierno es cerrar 2028 con una tasa de paro del 8,5%. España registra hoy un 9,9%, según los últimos datos del INE, lo que la convierte en el segundo país con mayor desempleo de la Unión Europea, solo por detrás de Finlandia. En estos momentos hay cerca de 2,5 millones de personas buscando trabajo.
Casi millón y medio de parados en el foco
El plan pone el acento en los dos extremos de la pirámide de edad. Por un lado, los jóvenes de 18 a 24 años, unas 460.000 personas con una tasa de paro del 23,7%, más del doble de la media nacional según el INE. Los sindicatos reclaman ampliar ese tratamiento prioritario hasta los 30 años, lo que sumaría otras 283.000 personas al colectivo beneficiario.
Por otro lado están los parados de 45 años o más, en torno a un millón de personas con una tasa de desempleo del 8,2%, inferior a la media pero con un problema añadido: la larga permanencia en el paro y la dificultad para reengancharse al mercado laboral que arrastra este tramo de edad. Entre ambos grupos suman casi millón y medio de personas sin empleo, el doble frente contra el que se dirige el nuevo dispositivo.
Trabajo no ha decidido todavía qué mecanismo empleará para instrumentar el incentivo. Existen, básicamente, dos vías: la bonificación de cuotas a la Seguridad Social, que reduce lo que la empresa paga por cada contrato nuevo sin que llegue dinero a su cuenta, y la subvención directa, un pago equivalente a todo o parte del salario que sí ingresa el negocio, normalmente sujeto a mantener el empleo un tiempo mínimo y a justificar documentalmente el gasto.
Ambas figuras conviven desde hace años en el catálogo de incentivos al empleo español. La bonificación opera mes a mes en la cotización mientras dura el incentivo; la subvención implica que la empresa adelante el coste salarial y después recupere el importe por tramos. El Ministerio no ha cerrado si usará una, otra o ambas combinadas.
No se parte de cero. Los parados de 45 años o más ya tienen la consideración de colectivo prioritario en las oficinas de empleo, una decisión que la propia ministra Yolanda Díaz adelantó desde los 50 hasta los 45 años en una reforma anterior. La novedad ahora sería extender ese tratamiento preferente también a las ayudas a la contratación, y no solo al acompañamiento en la búsqueda de empleo.
Las organizaciones empresariales se han mostrado sorprendidas por la falta de concreción de los documentos iniciales y por la ausencia de una memoria económica que acompañe la propuesta. Sin esa cifra, argumentan, ninguna pyme ni autónomo puede planificar con garantías una contratación condicionada a una ayuda que todavía no existe sobre el papel.
CCOO, por su parte, recela de la definición ambigua que el Ministerio le ha trasladado sobre qué constituye empleo de calidad a efectos de esta ayuda. La duda de fondo es si el incentivo exigirá un contrato indefinido o admitirá también el temporal, si deberá ser a jornada completa o parcial, y si los contratos de formación entrarán o quedarán excluidos del beneficio.
Los incentivos suelen publicarse con la cuantía cerrada
La letra pequeña no es accesoria. Un autónomo o una pequeña empresa que ajusta su plantilla contando con una ayuda que después no llega, o que llega con condiciones distintas a las esperadas, se queda con un trabajador contratado que no puede sufragar. Por esa razón, los incentivos de este tipo suelen publicarse con la cuantía cerrada y un plazo de solicitud definido antes de que ninguna empresa firme un contrato.
UGT confía en cerrar un acuerdo durante el próximo trimestre que incluya diagnóstico, medidas concretas y financiación. Una vez alcanzado ese pacto, la aplicación práctica recaería en las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de empleo y serían las encargadas de aterrizar el plan en cada territorio a través de sus oficinas y del SEPE.
El expediente se cruza con otras tensiones del debate económico español, desde la escalada de precios eléctricos que ha llevado a industria y sindicatos a reclamar recuperar el tope al gas hasta el papel de las pymes y la restauración organizada como generadoras de empleo, como reivindica el sector al cifrar el impacto de McDonald's España en 88.000 puestos vinculados a su actividad.
Con la negociación recién iniciada, los sindicatos pidiendo ampliar la cobertura joven hasta los 30 años y las patronales reclamando mayor peso de las empresas privadas de colocación, la única certeza es que no hay fecha de apertura ni importe fijado. Mientras ese pulso continúa abierto, ninguna pyme ni autónomo puede contar todavía con una ayuda que sigue sin existir sobre el papel.
