El repunte coincide con un escenario que varias fuentes empresariales describen como inquietante, no tanto por la magnitud de los precios en sí como por la concurrencia de factores que podrían derivar en una tensión comparable a la de 2022, aunque matizan que la comparación no es directa. La diferencia esencial reside en el origen del problema: hace cuatro años fue la guerra en Ucrania la que disparó el gas hasta superar los 300 €/MWh en el TTF; ahora el encarecimiento se produce sin un detonante tan visible.
El director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Pedro González, ha trasladado la preocupación del sector electrointensivo, que agrupa a industrias como la siderurgia, la química o el papel, con un consumo eléctrico muy superior a la media y una exposición directa a cualquier variación del mercado mayorista.
«El repunte del precio de la electricidad vuelve a amenazar la competitividad de la industria electrointensiva», ha advertido Pedro González, director general de AEGE.
La patronal reclama medidas que igualen los costes energéticos de las empresas españolas con los de sus competidores europeos, en un contexto en el que la brecha de precios entre países de la Unión Europea condiciona de forma directa las decisiones de inversión y localización de plantas industriales de alto consumo.
Desde el ámbito sindical, CCOO ha planteado una petición más concreta que la de la patronal industrial: no basta con las bonificaciones fiscales aplicadas hasta ahora sobre el gasoil y la gasolina, sino que es necesario intervenir directamente en la fijación de precios de la energía. El sindicato invoca como precedente el resultado de la excepción ibérica.
La excepción ibérica que negoció el Gobierno en 2022
Aquel mecanismo, autorizado por la Comisión Europea en junio de 2022 al inicio de la invasión rusa de Ucrania, limitó el precio del gas utilizado como referencia en la formación del precio eléctrico mayorista en España y Portugal, y permitió desacoplar parcialmente la electricidad del coste del gas natural durante más de un año. Su recuperación exigiría de nuevo una negociación con Bruselas, ya que cualquier intervención sobre el mercado debe evitar conflictos con la normativa europea de ayudas de Estado.
El Gobierno, por el momento, no ha fijado una posición pública sobre la evolución de los precios eléctricos de este mes de septiembre, pese a que serían las autoridades españolas las que tendrían que asumir la iniciativa de plantear una nueva excepción ante las instituciones comunitarias, según ha trasladado la Comisión Europea a ABC. Bruselas condiciona esa iniciativa a que no genere ningún conflicto con las ayudas de Estado.
Frente a la presión de industria y sindicatos, la patronal eléctrica Aelec, que agrupa a Iberdrola y Endesa entre otras compañías, ha cerrado la puerta a una intervención sobre los precios y sostiene que las circunstancias actuales no son equiparables a las de hace cuatro años.
«La situación actual es muy distinta a la que vivimos al inicio de la guerra de Ucrania», ha señalado la patronal eléctrica Aelec.
La asociación añade un argumento adicional: tres de cada cuatro consumidores tendrían actualmente contratada una tarifa a precio fijo, una modalidad que aísla al cliente de la volatilidad del mercado mayorista. Una intervención administrativa sobre los precios, sostienen desde Aelec, podría perjudicar precisamente a quienes eligieron esa fórmula para ganar estabilidad frente a las oscilaciones del mercado.
El espejismo de la producción solar
Fuentes del sector eléctrico apuntan a un factor que estaría distorsionando la percepción del problema: la elevada producción fotovoltaica de 2026 mantiene los precios cerca de cero durante numerosas horas del día, lo que suaviza la media diaria y oculta la magnitud real de la tensión en el mercado. Esa situación, advierten, se revertirá con la llegada del otoño y el invierno, cuando la generación solar caiga y el precio de la electricidad vuelva a depender mayoritariamente del gas natural.
El verdadero foco de riesgo, según estas fuentes, no está en el precio spot de cada día sino en el mercado a plazo, donde industria y comercializadoras cierran ahora mismo el suministro eléctrico de los próximos doce meses. El mecanismo funciona de forma parecida a una hipoteca a tipo fijo: las condiciones pactadas en un momento de precios altos se arrastran durante todo el periodo contratado, con independencia de que el mercado se normalice después.
Así, aunque el gas se estabilizara en primavera, una parte relevante de la energía que España consumirá en 2027 ya estaría comprada a los precios elevados de este otoño, un coste que trasladarían las facturas de los clientes finales durante la vigencia de sus contratos anuales.
El pulso entre industria, sindicatos y eléctricas se produce en un mercado energético que también atraviesa movimientos corporativos relevantes, como el proceso de venta de Cetelem por parte de BNP Paribas, que ha abierto sus cuentas a CaixaBank e ING de cara a una operación prevista para 2026, en un contexto financiero marcado por la sensibilidad de los costes energéticos para buena parte del tejido empresarial español.
