Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), advierte que la situación sitúa a las explotaciones españolas «en una vulnerabilidad extrema» y que ya no se trata de «una anomalía pasajera, sino una crisis estructural». «Las condiciones para producir alimentos hoy son completamente distintas a las de nuestros padres o abuelos», sostiene el dirigente agrario.
El calendario del año ilustra la sucesión de episodios. A mediados de febrero, una cadena de al menos diez borrascas consecutivas —bautizadas de la Francis a la Oriana según la nomenclatura de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)— disparó hasta un 50% el agua embalsada en España en apenas mes y medio, revirtiendo parcialmente el déficit hídrico acumulado durante los años de sequía previos. Aquel alivio para los embalses, sin embargo, llegó acompañado de daños en cultivos por encharcamiento y arrastre de suelo fértil.
Las lluvias torrenciales de inicios de año dieron paso a heladas tardías que afectaron a frutales y viñedos, con pérdidas de floración que comprometen cosechas antes de que arranque la primavera. El granizo, fenómeno habitual en episodios de tormenta convectiva durante los meses cálidos, golpeó después explotaciones hortofrutícolas, según describen las organizaciones agrarias. El verano trajo la fase final del ciclo: el calor extremo.
Julio de 2026 se cerró con una de las peores quincenas de incendios forestales registradas en más de 40 años, según los datos publicados sobre el periodo. A diferencia de otros años, el número total de siniestros no fue excepcionalmente alto, pero sí su tamaño y velocidad de propagación, favorecidos por la sequedad de la vegetación tras meses de estrés hídrico y por rachas de viento fuertes en jornadas de alerta. Es el patrón de «pocos incendios, pero grandes y veloces» que la comunidad científica viene describiendo para la cuenca mediterránea: menos siniestros, pero de mayor intensidad y dificultad de control, ligados a olas de calor prolongadas y a la acumulación de biomasa combustible en el monte.
Un sistema de seguros bajo presión
El impacto económico de esta sucesión de fenómenos recae de forma desigual entre explotaciones, según el tipo de cultivo, la ubicación y el acceso a la cobertura aseguradora. El sistema de seguros agrarios combinados, gestionado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, constituye la principal herramienta frente a riesgos climáticos en España. Las organizaciones agrarias reclaman desde hace años una revisión de los baremos de indemnización para adaptarlos a la creciente frecuencia de eventos extremos.
UPA, Asaja y COAG coinciden en señalar la necesidad de reforzar las líneas de ayuda directa y de repensar el modelo de seguros ante lo que califican como una nueva normalidad climática. Desde el Ministerio de Agricultura no ha trascendido un anuncio específico de paquete de ayudas extraordinarias vinculado a este conjunto de episodios, más allá de los mecanismos ordinarios de declaración de zonas afectadas por catástrofes naturales que contempla la legislación vigente, un procedimiento que permite exenciones fiscales, moratorias y ayudas directas una vez el Consejo de Ministros aprueba la correspondiente declaración.
El precedente más próximo es la sequía de 2022-2023, que obligó al Gobierno a aprobar sucesivos paquetes de ayudas y a flexibilizar el uso del agua en cuencas como el Guadalquivir y el Segura. La diferencia sustancial en 2026, según los testimonios del sector, es la combinación de riesgos —hídricos, térmicos e ígneos— en un mismo ciclo anual, algo menos frecuente en los registros históricos. La cuenca mediterránea figura, además, entre las regiones identificadas por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) como más vulnerables al calentamiento global, por la combinación de aumento de temperaturas medias y reducción de precipitaciones estivales.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene en vigor el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, que incluye medidas específicas para el sector agrario, como la promoción de variedades de cultivo más resistentes a la sequía y el fomento del regadío eficiente. Su desarrollo depende en buena parte de la ejecución presupuestaria autonómica, con ritmos desiguales entre comunidades.
De cara a los próximos meses, el sector afronta la campaña de siembra de otoño con la incertidumbre sobre las reservas hídricas y las previsiones estacionales de la AEMET. Las organizaciones agrarias reclaman abrir en septiembre la interlocución con el Ministerio de Agricultura sobre la revisión de seguros y ayudas, en un calendario que previsiblemente se cruzará con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde el capítulo agrario suele concentrar disputas entre comunidades autónomas y Gobierno central.
