La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reaccionó públicamente al caso a través de la red social Bluesky, donde advirtió de la gravedad de los hechos. «La orca más longeva del Estrecho de Gibraltar ha aparecido esta semana con marcas compatibles con disparos de perdigones. Es una especie vulnerable y cualquier daño contra ella es un delito grave», escribió la titular del departamento.
El objetivo de la investigación es doble: determinar con certeza técnica si las lesiones observadas en el cuerpo de Toñi son consecuencia de impactos de perdigones o si obedecen a otra causa y, en caso de confirmarse el origen de las marcas, identificar a los responsables. La existencia de lesiones compatibles con un disparo no permite por sí sola atribuir la autoría, por lo que las autoridades deberán recabar toda la información disponible sobre lo ocurrido en la zona durante los días previos a la detección de las heridas. Si las pesquisas confirman una actuación deliberada contra el animal, el departamento podría abrir un expediente sancionador.
El régimen de protección y las multas de hasta dos millones
La población de orcas del Estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz figura en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de vulnerable, un estatus que activa un régimen de protección reforzado. La norma de referencia es la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuyo artículo 57 prohíbe expresamente cualquier actuación realizada con la intención de dar muerte, capturar, perseguir o molestar a ejemplares de especies incluidas en el catálogo estatal.
El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones económicas que en los supuestos más graves alcanzan los dos millones de euros, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran derivarse. El Código Penal tipifica en su título dedicado a los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna la muerte o el maltrato grave de ejemplares de especies protegidas, con penas que pueden incluir prisión e inhabilitación.
La identificación de Toñi como ejemplar concreto es posible gracias a la fotoidentificación, técnica habitual en el estudio de esta población, reducida en número y objeto de seguimiento científico continuado desde hace más de una década por equipos de investigación que colaboran con la Administración. WeWhale, la entidad que alertó al Ministerio, desarrolla labores de seguimiento y estudio de estas orcas bajo autorización administrativa, lo que le permite realizar avistamientos y recabar información biológica sobre ejemplares catalogados individualmente.
El caso se enmarca en un contexto especialmente delicado para esta población de cetáceos. Desde el verano de 2020, el Estrecho de Gibraltar y las aguas atlánticas próximas a la Península han sido escenario de numerosas interacciones entre ejemplares de orca ibérica y embarcaciones, principalmente veleros. En estos episodios los animales han llegado a golpear repetidamente los timones, provocando daños materiales y situaciones de riesgo para las tripulaciones, lo que ha generado un intenso debate científico sobre sus causas y una creciente preocupación institucional por la seguridad tanto de navegantes como de cetáceos.
Ese fenómeno ha derivado en recomendaciones y protocolos de actuación para embarcaciones que se cruzan con la población durante los meses de mayor actividad de las orcas. La tensión entre la actividad marítima y la conservación de la especie, en uno de los corredores marítimos más transitados del mundo, hace que cualquier indicio de agresión directa como el que ahora se investiga adquiera una dimensión especialmente sensible para las autoridades ambientales y para la comunidad científica.
No es la primera vez que la Administración ambiental española investiga agresiones o muertes sospechosas de fauna marina protegida en aguas del sur peninsular. En los últimos años se han tramitado diligencias por varamientos de cetáceos con indicios de interacción humana y por episodios de uso de artes de pesca prohibidas que han afectado a especies catalogadas, un patrón que ha llevado a organizaciones conservacionistas a reclamar de forma reiterada un refuerzo de la vigilancia en la zona.
Desde el punto de vista procedimental, la investigación se encuentra en su fase inicial, la de actuaciones previas, en la que el Ministerio recopila información antes de decidir si existen indicios suficientes para incoar un procedimiento sancionador formal. Este tipo de expedientes, cuando afectan a especies vulnerables, pueden prolongarse semanas o meses en función de la complejidad de las pruebas periciales necesarias para determinar el origen exacto de las lesiones, que previsiblemente requerirán un examen especializado en fauna marina.
Ni el Ministerio ni WeWhale han identificado hasta el momento a posibles responsables ni han precisado la fecha exacta en la que se habrían producido los disparos, extremos que forman parte del objeto de la investigación. Tampoco se ha detallado públicamente el estado de salud actual de Toñi ni si las marcas comprometen su capacidad de desplazamiento o alimentación, aspectos que formarán parte del seguimiento que los equipos científicos realizarán sobre el ejemplar en las próximas semanas.
El desenlace dependerá de la capacidad de las autoridades para reunir pruebas concluyentes sobre el origen de las lesiones y, en su caso, sobre la identidad de quienes pudieran haberlas causado, una tarea compleja en un espacio marítimo tan amplio y transitado. Solo tras esa fase de actuaciones previas el Ministerio decidirá si abre o no un expediente sancionador formal contra eventuales responsables.
