La reunión de este lunes no se extendió por mucho tiempo, en la medida en que el ministro Gómez ya había expuesto ante el Parlamento los pormenores de la propuesta presupuestal en sesiones previas de las comisiones económicas. El funcionario calificó el espacio como positivo y sostuvo que tuvo la oportunidad de explicar los pormenores de la carta financiera para el próximo año, según su balance del encuentro. Fuentes cercanas a la reunión confirmaron que el intercambio fue breve, precisamente porque la propuesta ya había sido presentada en el recinto.
El Presupuesto General de la Nación para 2027, aforado en $635 billones, representa un incremento de $60 billones frente al monto que había radicado el gobierno saliente ante el Congreso. Ese proyecto original fue devuelto por los congresistas, un trámite que obligó al actual gobierno a presentar una versión ampliada de la carta financiera para el próximo año.
La Ley Fiscal, la pieza que falta
De acuerdo con lo mencionado en el encuentro, el Ministerio de Hacienda llevaría al Congreso, en un plazo aproximado de 20 días, un proyecto de Ley Fiscal orientado principalmente a reducir el gasto público. La iniciativa apunta a compensar el desbalance derivado del crecimiento de $60 billones que tuvo que asumir el presupuesto respecto de la propuesta inicial devuelta por los congresistas.
Ese antecedente resulta clave para entender la presión actual sobre el Ministerio. El presupuesto anterior entró al Legislativo con un plan de ingresos y gastos; para la obtención de recursos se radicó una ley de financiamiento que no tuvo acogida en el Parlamento, por lo cual el proyecto quedó desfinanciado. El episodio condiciona hoy la negociación: en el Congreso estiman que, sin un plan fiscal claro, difícilmente se avalará un monto de gasto de la magnitud propuesta para 2027.
En el Capitolio existe la percepción de que la llamada Ley Fiscal, denominada también por el Ministerio de Hacienda como ley de rescate económico, es un elemento determinante para que avance la aprobación del monto global del presupuesto. Congresistas de las comisiones económicas han insistido en que ese instrumento resulta pieza clave para poder votar la cifra propuesta, dada la experiencia reciente con el proyecto que quedó sin financiación.
El procedimiento presupuestal colombiano, regulado por el Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Constitución Política, establece que el Congreso debe aprobar el monto global de ingresos y gastos antes del 15 de septiembre de cada año. Si las plenarias no logran acuerdo dentro de ese término, la Constitución faculta al gobierno nacional para expedir el presupuesto mediante decreto, una salida que en la práctica ambas partes prefieren evitar por el desgaste político e institucional que implica gobernar sin el aval directo del Legislativo.
La tensión entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso por temas presupuestales no es nueva en la historia reciente del país. Gobiernos anteriores han enfrentado episodios similares al tramitar reformas tributarias o leyes de financiamiento en paralelo con el presupuesto anual, en un país donde el recaudo no siempre ha seguido el ritmo del gasto, según cifras históricas del propio Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Desde el Ministerio de Hacienda, el ministro Gómez ha centrado su gestión inmediata en garantizar la aprobación del monto de $635 billones dentro del plazo constitucional, mientras el proyecto de Ley Fiscal se radicaría posteriormente como instrumento complementario para ajustar el gasto. El incremento de $60 billones frente a la propuesta original devuelta por el Congreso es el elemento que hoy tensiona la negociación entre las dos ramas del poder.
La discusión ocurre en un contexto de vigilancia por parte de organismos como la Contraloría General de la República y el Banco de la República, que en distintos pronunciamientos han llamado a mantener la disciplina fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública, en línea con la regla fiscal vigente en el país. La sostenibilidad de las cuentas nacionales es uno de los criterios que gravitan sobre el debate del monto global.
De cara a las próximas semanas, el calendario legislativo marca dos hitos: la votación del monto global del presupuesto antes del 15 de septiembre en las plenarias de Senado y Cámara, y la radicación del proyecto de Ley Fiscal en el plazo cercano a los 20 días mencionado por el Ministerio. De cómo se resuelvan ambos trámites dependerá en buena medida la relación entre el gobierno nacional y el Congreso durante el resto del año legislativo.
