Según el comunicado de las dos entidades, durante la última semana se presentaron de manera reiterada protestas, bloqueos, ingresos no autorizados a instalaciones y actos de vandalismo contra bienes de la compañía, además de episodios de agresión o amenaza contra el personal encargado de la operación y la seguridad del sistema eléctrico en la región.
Superservicios y Air-e Intervenida señalaron que comprenden las preocupaciones de la ciudadanía relacionadas con la calidad y continuidad del suministro, una queja recurrente entre los habitantes del departamento. Sin embargo, advirtieron que las acciones contra la infraestructura y los trabajadores aumentan los riesgos para la prestación del servicio: prolongan los tiempos de atención de las fallas y elevan la probabilidad de contingencias de mayor impacto en el sistema.
La intervención de Air-e por parte del Gobierno nacional buscaba estabilizar la prestación del servicio en los tres departamentos de la Costa Caribe donde opera la compañía: Atlántico, Magdalena y La Guajira. Bajo ese esquema, la empresa intervenida reporta su gestión a la entidad de vigilancia, que la asumió ante las dificultades financieras y operativas del prestador.
Un conflicto de larga data en el departamento
El conflicto por el servicio de energía en La Guajira no es nuevo. Desde hace años, comunidades del departamento —incluidas rancherías indígenas wayuu dispersas en un territorio de difícil acceso— han reclamado por fallas estructurales en la red, que atribuyen a la falta de inversión histórica y a las particularidades geográficas de la región. La toma de subestaciones y de otros bienes de la empresa prestadora ha sido, en ese contexto, una forma recurrente de protesta.
La discusión sobre tarifas resulta especialmente sensible: los usuarios cuestionan el cobro de facturas por un servicio que consideran deficiente, mientras la empresa sostiene que sin recursos suficientes es inviable acometer las obras de modernización requeridas. En ese marco, las entidades reiteraron el llamado al diálogo social e institucional como mecanismo para buscar soluciones a las dificultades del servicio en el departamento, y pidieron a la ciudadanía cuidar la infraestructura comunitaria.
Frente a la situación, Superservicios indicó que acompaña las mesas de trabajo de articulación institucional orientadas a fortalecer la prestación del servicio y mejorar la infraestructura eléctrica. La entidad afirmó que ha presentado alternativas al Ministerio de Minas y Energía, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), al Ministerio de Hacienda y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con el fin de contribuir a la estabilización del servicio en los tres departamentos intervenidos.
Entre las alternativas planteadas, según el comunicado, figuran mecanismos de estabilización tarifaria y herramientas orientadas a mejorar las inversiones necesarias para reforzar la red. La Superintendencia reconoció que la inversión en infraestructura eléctrica es un asunto prioritario y sostuvo que se han articulado esfuerzos entre el Gobierno nacional, las autoridades locales y las comunidades para mejorar el servicio. El comunicado, no obstante, no precisó montos ni cronogramas concretos para las obras anunciadas.
Las entidades informaron que actualmente se articula una mesa técnica, financiera e institucional de alto nivel para revisar de manera integral la situación de La Guajira. En ese espacio participan Superservicios, el Ministerio de Minas y Energía, Air-e Intervenida y las autoridades locales, con el objetivo de definir una hoja de ruta con acciones de corto, mediano y largo plazo que permita atender las dificultades del servicio y las inversiones requeridas.
El marco legal y un antecedente en el Caribe
La figura de intervención de empresas de servicios públicos está contemplada en la Ley 142 de 1994, que faculta a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para asumir el control de compañías prestadoras cuando se presentan riesgos graves para la continuidad del servicio o irregularidades administrativas y financieras. Bajo ese marco normativo opera hoy Air-e Intervenida.
El caso de La Guajira no es el primero en que la tensión social por el servicio eléctrico deriva en afectaciones a la infraestructura en el Caribe colombiano. La región fue atendida durante años por Electricaribe, empresa intervenida por el Gobierno nacional en 2016 y posteriormente liquidada, en un proceso que antecedió al esquema actual de operadores como Air-e y que ilustra la persistencia de los problemas estructurales del sistema eléctrico en la zona.
La solución de fondo, según se desprende del propio pronunciamiento, dependerá de decisiones que involucran al Ministerio de Hacienda, al DNP y a la CREG sobre el esquema tarifario y los recursos disponibles para modernizar la red. Las próximas semanas serán determinantes para saber si la mesa técnica anunciada se traduce en compromisos concretos de inversión y en una reducción de los episodios de tensión social que, según Superservicios y Air-e Intervenida, ponen en riesgo tanto la seguridad de los trabajadores como la estabilidad del suministro eléctrico en el departamento.
